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Denuncian irregularidades y mala praxis en el emblemático hospital catalán de Bellvitge
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PERSONAL NO CUALIFICADO HACE PRUEBAS MÉDICAS DELICADAS

Denuncian irregularidades y mala praxis en el emblemático hospital catalán de Bellvitge

Entre otras cosas, según la denuncia, en el hospital se están realizando protocolos de actuación en pruebas de TAC sin control de los facultativos

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El pasado 26 de noviembre, el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, recibía en un despacho del Parlamento autonómico a un trabajador del hospital público de Bellvitge que le informaba detalladamente de determinadas irregularidades en la gestión del centro. Entre otras cosas, que en el hospital se estaban llevando a cabo protocolos de actuación en pruebas de TAC sin control de los facultativos y por parte de personal que carecía de formación. La falta de personal como consecuencia de los recortes también había provocado que no se llegasen a realizar pruebas urgentes (en casos concretos, no se pudieron realizar pruebas porque no había médico y el personal técnico no sabía cómo utilizar las máquinas). Y, lo que era más grave: había evidencias y pruebas tangibles de que se había ordenado alterar historiales médicos.

El consejero pasó el tema a la cúpula del Instituto Catalán de la Salud (ICS), organismo del que depende Bellvitge… hasta hoy. La situación sigue siendo la misma de hace unos meses, aunque con una ligera variante: el trabajador que denunció las irregularidades fue reiteradamente boicoteado y sólo se le contrató durante una semana por fin de año.

Este tipo de personal suele provenir de la bolsa de trabajo del ICS, ya que de esta manera no se inflan las plantillas de los hospitales. Esa bolsa de trabajo se rige por un baremo de puntuaciones y la norma exige que el listado con esas puntuaciones sea respetado. Es decir, que el que tiene más puntuación o este más arriba en la escala tiene preferencia a la hora de ser contratado por el hospital. Los responsables de Bellvitge, sin embargo, decidieron que el incómodo chivato no servía para el puesto de técnico en radiología (de hecho, ya llevaba siete años en el mismo cargo) y contrataron desde entonces a dos personas cuyos nombres estaban 500 puestos más abajo en la bolsa de trabajo del ICS.

Pero la alerta ya estaba dada: entre la documentación aportada por el trabajador figuran correos electrónicos internos de la subdirectora médica del hospital ordenando modificar un informe clínico para evitar posibles complicaciones. Asimismo, existen correos con la relación de pacientes “a los que se ha realizado angio TAC’s con contraste sin conocimiento ni supervisión de ningún facultativo”.

Especialmente reveladora es una comunicación del director del programa de Neurorradiología, Amadeo Muntané, a un técnico que realizaba análisis sin control. Una copia de esta comunicación fue enviada a varios trabajadores más del centro. El doctor le decía al técnico que había dado órdenes para reconducir la situación tras enterarse de la mala praxis que se estaba haciendo. “He sido yo personalmente quien la he tomado [la decisión] al comprobar que tus acciones, como hacer diagnósticos médicos, discusión clínica con médicos peticionarios de TAC, hacer TAC sin previo aviso con ningún médico, etcétera, hubiera podido desembocar en una situación comprometida no sólo en relación al funcionamiento del departamento, sino incluso en relación a una infracción legal”.

¿Contrastes poco fiables?

En otra de las comunicaciones, fechada el 29 de octubre del año pasado, se detallan los tratamientos que se están aplicando con los pacientes del centro. Y en los estudios realizados con algunos, se aplicaba un protocolo sorprendente: los contrastes (pruebas para detectar agentes cancerígenos) se estaban realizando con 25 mililitros de CTE. Fuentes del propio hospital consultadas por El Confidencial reconocen que lo normal es utilizar 100 mililitros, puesto que cuanto menos se emplee, más difícil es la detección de la enfermedad. En los correos electrónicos quedó constancia del nombre y apellidos de cada uno de los 30 pacientes a los que se habían aplicado estos protocolos. A otros 26 pacientes, la dosis aplicada fue de 55 mililitros.

El 6 de noviembre, el jefe del servicio de Radiodiagnóstico, Fernando Fernández, comunicaba a sus colaboradores: “Hoy he vuelto a recibir quejas por existencia de protocolos anómalos en las bombas de inyección de contraste como en los propios aparatos de TC. Me preocupa particularmente que estas decisiones se tomen sin tener en cuenta el criterio de los facultativos. Debemos tener una reunión para valorar si existe un problema y cuál es su origen”.

Paralelamente, el trabajador de radiodiagnóstico que denunció el tema, escribía una comunicación a la cúpula del ICS, en la que denunciaba “graves irregularidades y comportamientos que carecen de los más elementales códigos éticos de actuación, que afectan directamente a la salud de los pacientes y que han puesto en grave riesgo a alguno de ellos directamente”.

El escrito aseguraba también que “estos temas han sido puestos en conocimiento, en reiteradas ocasiones, ante mis superiores, dada la gravedad de los mismos y siendo peligrosamente tapados. Ante la insistencia por mi parte y ante la pregunta formulada por mí sobre ‘quién vela por la salud de los pacientes’, la respuesta por parte de algún directivo fue: ‘Ése no es tu problema y asunto zanjado’ por orden suya”.

A continuación, añadía algunos de los temas que el ICS debía investigar: código ictus; pruebas diagnósticas sin indicación ni conocimiento de la dirección a pacientes con patologías graves; realización de pruebas por personal no facultativo, con cambio de protocolos y sin consentimiento de los pacientes ni con el conocimiento y aprobación del comité de ética del hospital…; no dar el tratamiento pertinente a un paciente grave por carencias del hospital, “aún estando reconocido como referencia en la aplicación de tratamientos de Código Ictus’; revisión de los protocolos y “formas de actuación en casos como autopsias y en tratamientos con isótopos radioactivos”.

placeholder Quirófano del hospital. (Efe)

Interpelación parlamentaria

El tema se ha ido haciendo más grande en las últimas semanas. Tanto que la diputada Carmen Pérez, de Ciutadans, presentó en el Parlamento catalán una batería de preguntas a responder por escrito, reclamando luz sobre las graves acusaciones. Pérez, que también es doctora en activo, señaló a El Confidencial que “aquí hay dos cuestiones importantes. La primera es que de la documentación existente se deduce que se pueden modificar protocolos sin que se entere nadie. La segunda es la petición de modificación de historias clínicas para ocultar que no hay personal cualificado. Lo grave es que esto se pone en conocimiento del consejero y éste no hace nada. Lo que exijo es que se abra un expediente informativo y, en su caso, sancionador, que se tomen medidas correctoras. Pero que no se dediquen a matar al mensajero”.

La diputada reconoce que “en cualquier lugar puede haber disfunciones y el conseller no tiene porqué conocer todos los detalles, pero si se le ponen unos hechos en su conocimiento, debe tomar medidas”. Asimismo, subraya que “no es de recibo que un hospital de referencia como el de Bellvitge no tenga personal formado”. Lo que ha pasado en el centro, añade, “no es sólo que no se soluciona el problema; es que además se intenta ocultar. Modificar una historia clínica es muy grave. Se puede añadir una comunicación, una aclaración o lo que sea, pero no se puede modificar lo que está escrito. Y en este caso, hay un correo electrónico pidiendo una modificación. Lo único correcto es que el jefe de Radiología, al enterarse del asunto, lo comunicó a la dirección del hospital”.

Sus preguntas a Boi Ruiz son claras y directas. “¿Se han modificado datos relevantes y anotaciones clínicas de la historia clínica informatizada de algún paciente, de forma que no ha quedado constancia de los datos previos a la modificación?”, reza una. Y otra: “¿Se ha producido en alguna ocasión el hecho de que no se pudiese realizar una exploración radiológica de angio TC cerebral urgente por falta de capacitación o conocimientos del personal técnico o facultativo de guardia?”. Y más: “¿Los estudios radiológicos de angio TC cerebral son informados, habitual o esporádicamente, oralmente o por escrito, por personal técnico sin titulación de médico especialista en radiodiagnóstico?”.

Desde el Gobierno catalán, el mutismo sobre este asunto es total. Tras varios intentos a lo largo de las últimas semanas para obtener una versión de los responsables del ICS, la Administración se atrincheró en el silencio. No obstante, fuentes del propio hospital reconocieron a El Confidencial que tras la batería de preguntas parlamentarias de Ciutadans, “el tema se está estudiando”.

placeholder Protestas por los recortes en el hospital de Bellvitge en una foto de archivo. (Efe)

Contrataciones basura

Fuentes de la junta de personal, por su parte, admitieron a este diario tener conocimiento de este conflicto y apuntan a que la falta de personal cualificado es un problema de presupuesto. “Aquí, la cúpula del hospital hace y deshace como si esto fuera su huerto particular –señalan las fuentes consultadas-. La política por parte de la directora de recursos humanos es no seguir ningún procedimiento administrativo. Se dan instrucciones verbales de forma arbitraria y no se hace caso a la negociación colectiva. En estos momentos, no hay buenas relaciones entre el personal y la dirección. Desde la junta, hemos denunciado que se hacen contrataciones fuera de control. El 87% de las contrataciones son contrataciones basura, con contratos inferiores a un mes incluso, cuando la Generalitat prohíbe este tipo de contratos. Todo se hace así por tema presupuestario, puesto que de este modo no comprometen presupuesto del hospital en salario y solamente van contratando a personal cuando tienen necesidades puntuales. Lo malo es que de esta manera generan interinaje”.

Las mismas fuentes critican la poca formación del personal y se muestran cautelosas sobre el hecho de que no se pudieran realizar algunas exploraciones y pruebas por falta de personal adecuado. “¿Si esto repercute en el usuario? Claro que sí, pero es muy difícil determinar si, como consecuencia de un menor contraste, por ejemplo, se ha dejado de descubrir una enfermedad. O si por la falta de un TAC no se evitó un ictus a otra paciente. De haberse hecho esa prueba, posiblemente podría haberse previsto una recaída, pero tampoco se puede asegurar al 100%”. Lo que está claro es que el cierre de camas y el colapso de urgencias no son los únicos problemas que afectan al emblemático Hospital de Bellvitge. La propia atención al usuario puede verse comprometida con los documentos que comienzan a salir a la luz.

El pasado 26 de noviembre, el consejero de Salud de Cataluña, Boi Ruiz, recibía en un despacho del Parlamento autonómico a un trabajador del hospital público de Bellvitge que le informaba detalladamente de determinadas irregularidades en la gestión del centro. Entre otras cosas, que en el hospital se estaban llevando a cabo protocolos de actuación en pruebas de TAC sin control de los facultativos y por parte de personal que carecía de formación. La falta de personal como consecuencia de los recortes también había provocado que no se llegasen a realizar pruebas urgentes (en casos concretos, no se pudieron realizar pruebas porque no había médico y el personal técnico no sabía cómo utilizar las máquinas). Y, lo que era más grave: había evidencias y pruebas tangibles de que se había ordenado alterar historiales médicos.

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