lo evitó la agencia de PROTECCIÓN DE DATOS

Mas intentó 'robar' los datos sanitarios de los catalanes para el censo de su referéndum

Un informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos evitó que el Gobierno catalán elaborara un censo electoral a partir de datos sanitarios

Foto: El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas (EFE)
El presidente de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas (EFE)

El Gobierno catalán intentó el año pasado elaborar un censo electoral para el referéndum soberanista a partir de los datos sanitarios de los catalanes. Un informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ACPD) lo evitó. Hasta ahora, el Gobierno catalán siempre había negado esta iniciativa, pero los documentos en poder de El Confidencial evidencian lo contrario. En su petición oficial, la Generalitat incluía un clarificador párrafo: “El Servicio Catalán de la Salud ha de comunicar al Departamento de la Presidencia los datos de carácter identificativos y los datos de características personales incluidas en el Registro Central de Personas Aseguradas que sean necesarias para el fichero que ha de crear este Departamento con la finalidad de fomentar la participación ciudadana en sus relaciones con la Administración pública”.

Para dar rango superior a la iniciativa, el Gobierno quería incluir la cesión de este censo en el anteproyecto de ley de medidas fiscales y financieras para el 2013. De este modo, tenía a punto el instrumento esencial para poder llevar a cabo el referéndum, puesto que por ley está prohibido que pueda utilizar el censo electoral para ese cometido.

La memoria general que acompaña la propuesta menciona la necesidad de la misma “para la indispensable obtención de los datos de carácter personal que se contienen en la Tarjeta Sanitaria Individual gestionadas por el CatSalut para incorporar usos ciudadanos que permitan la relación de la ciudadanía con las administraciones públicas de Cataluña y dar así cumplimiento a los requerimientos legales con la puesta en funcionamiento de la Administración electrónica en el ámbito de la Generalitat de Cataluña”.

En el informe de la ACPD se afirma que lo que quiere el Gobierno catalán es crear “un nuevo fichero”. Fuentes oficiales del Ejecutivo catalán consultadas por este diario no especificaron si lo que se pretendía era elaborar un censo electoral para poder realizar el referéndum con unas mínimas garantías de éxito.

Un informe de la Autoridad Catalana de Protección de Datos ha evitado que el Gobierno de Artur Mas elabore un censo electoral para el referéndum a partir de datos sanitarios

Pero lo que sí es evidente –y así se puede interpretar de los fundamentos de derecho expuestos en el informe de Protección de Datos– es que las razones aducidas por la Generalitat no eran exactamente las que exponía en su escrito. En el mismo, la Administración autonómica afirmaba que para la cesión de estos datos no hacía falta el consentimiento “de la persona afectada”.

No obstante, en la memoria se admite que la extracción de datos de la tarjeta sanitaria individual “requiere el consentimiento de los interesados o bien una autorización por ley que dispense de su obtención, en atención a lo que dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica de Protección de Datos”.

“Ni pertinente ni necesario”

La contestación de Protección de Datos desmonta punto por punto la petición del Gobierno autonómico y lo deja en evidencia, acusándolo de no querer realizar un fichero para fomentar la relación electrónica del ciudadano con la Administración, como decía en su propuesta. Y es que los datos que pedía la Generalitat son para conocer la dirección postal, con la que se puede elaborar el censo, y no la dirección electrónica, que sería la pertinente para lo que oficialmente demandaba permiso la Generalitat.

Así, la ACPD da un severo varapalo a las aspiraciones del Gobierno, “Si la finalidad prevista en la propuesta que se examina es la de ‘fomentar la participación ciudadana’ (…) y la creación de canales de comunicación con los ciudadanos, es decir, si consiste en permitir al ciudadano ejercer su derecho a comunicarse con las Administraciones públicas, no parece ni pertinente ni necesario el tratamiento de los datos citados en el Registro Central de Personas Aseguradas más allá de los datos estrictos de contacto, como podrían ser el nombre, apellidos y una dirección de contacto”.

La Generalitat ya tiene el prototipo de urna para la consulta del 9-N. (Efe)
La Generalitat ya tiene el prototipo de urna para la consulta del 9-N. (Efe)

Por si fuera poco, el organismo subraya que la dirección contenida en la tarjeta sanitaria individual “es una dirección postal y no –necesariamente– electrónica. Teniendo en cuenta esto, y que la Ley 11/2007 se refiere al acceso electrónico del ciudadano a los servicios públicos, y que la propia propuesta se refiere a la creación de canales de comunicación con el ciudadano en el contexto de la Ley 29/2010 (uso de medios electrónicos), no parece que la dirección postal que consta en la tarjeta sanitaria haya de ser demasiado operativa para las finalidades pretendidas en la propuesta”.

El informe concluye que “desde la perspectiva del principio de calidad, el tratamiento de los datos de carácter identificativo y de las características personales citadas en el Registro Central de Personas Aseguradas, el tratamiento de algunos de estos datos no queda suficientemente justificado, ya que no resultan, en los casos apuntados, ‘adecuadas, pertinentes y no excesivas’ a la finalidad prevista”.

Desde la perspectiva “del principio de finalidad”, también se subraya que el tratamiento inicial de los datos contenidos en el registro de personas aseguradas es “claramente diferente” de la finalidad de fomentar la participación ciudadana. Asimismo, subraya que las menciones del Gobierno a “usos ciudadanos” y “participación ciudadana” son demasiado genéricos.

Los datos de menores de edad

Y hay otro dato que no pasa desapercibido a la ACPD: en el fichero de personas aseguradas existe información de mayores y menores de edad. Y la intención del censo del referéndum es que puedan votar los mayores de 16 años, es decir, una parte de los menores de edad que, con la ley electoral en la mano, no pueden. De ahí que fuese especialmente importante la obtención de este censo. Sin embargo, por esa misma razón de ser menores de edad, difícilmente pueden ser “sujetos activos del derecho de relacionarse por vía electrónica con las Administraciones públicas”. Y zanja: “Respecto a los datos personales de estas personas, no parece que sea pertinente tratarlos en el contexto del nuevo fichero que se quiere crear en el Departamento de Presidencia a partir de los datos del Registro Central de Personas Aseguradas”.

La ACPD acusa en su informe a la Generalitat de haber solicitado direcciones postales para 'fomentar la participación ciudadana'

La ACPD termina señalando que los datos sanitarios no son los más adecuados para elaborar el fichero que pretende el Gobierno. “Por tanto –añade–, se podía tomar en consideración alguna solución alternativa al tratamiento de datos que se propone (…) sin forzar el contenido esencial del derecho, específicamente los principios de protección de datos citados. Esta solución alternativa podría consistir en articular la comunicación a partir de los datos provenientes del Registro de Población de Cataluña”.

Este registro es responsabilidad del Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat). Se trata de “un registro administrativo donde figuran los datos actualizados de carácter obligatorio de los vecinos inscritos en los padrones municipales de habitantes de todos los Ayuntamientos de Cataluña”. Estos padrones sólo se pueden utilizar “especialmente para los casos en que la residencia o el domicilio sean datos relevantes”. Por ejemplo, para enviarles la papeleta electoral.

Y recomienda que se eche mano de ellos: “Se puede considerar que el Registro de Población de Cataluña podría ser la fuente de procedencia de los datos adecuados en el caso que nos ocupa, atendiendo la finalidad genérica o poco precisa que se quiere conseguir con la Propuesta que se informa”. Además, indica la ACPD, la cesión de esos datos “no requeriría el consentimiento de los afectados”.

Poco después, el Gobierno catalán reclamaba a los ayuntamientos el padrón de la población para elaborar su censo del referéndum. Una gran mayoría de consistorios accedieron inmediatamente a facilitarle los datos, pero recursos de ciudadanos particulares obligaron a eliminar los nombres de algunos recurrentes de esos padrones por orden judicial.
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