Los ecologistas denuncian en el Parlament la contaminación del agua del río Llobregat

La contaminación de la cuenca del río Llobregat, de la que se nutre de agua gran parte de la conurbanización de Barcelona, preocupa a los ecologistas. De hecho, así quedó patente ayer en la Comisión Parlamentaria de Territorio y Sostenibilidad, en la que mostraron su preocupación por el deterioro medioambiental varios representantes de entidades sociales: Jaume Grau, representante de Ecologistas en Acción; Susana Pascual, presidenta del Colegio de Ambientólogos de Cataluña; y Josep Maria Mallarach, representante de la Institución Catalana de Historia Natural y Sociedades Científicas.

Todos ellos dejaron patente su inquietud por la degradación de la naturaleza en Cataluña. Jaume Grau, que compareció ante la cámara catalana en representación de más de 100 entidades, subrayó que “el litoral catalán es uno de los más degradados, pero también hay cuencas fluviales que lo están y corren el peligro de no recuperarse nunca, como la del Llobregat, debido al estado lamentable en que se encuentra por la contaminación salina”.

Grau señaló a El Confidencial que “el nivel de la contaminación en las cuencas fluviales ha mejorado en los últimos años en Cataluña, pero la cuenca del Llobregat es, en realidad, un caso grave debido a las potasas del Bages [comarca interior en la que se encuentran las minas de sal y de potasa de Súria y Sallent]”. Esta contaminación ya ha dado lugar a una denuncia ante las instituciones de la Comunidad Europea, que ha abierto un expediente de investigación.

Para Grau, la contaminación de la cuenca del río Llobregat, que abastece a dos millones de personas de agua potable, es un problema político. “Su contaminación tiene consecuencias públicas para el medio ambiente y, hasta ahora, no ha habido voluntad política de ponerle remedio”. Las aguas pluviales catalanas tienen dos problemas fundamentales: el vertido de aguas fecales, que está casi solucionado, y la salinización de la cuenca del Llobregat, que no tiene todavía solución.

En este caso, la Agencia Catalana del Agua (ACA) ha invertido ya cientos de millones de euros en intentar paliar los daños ecológicos provocados por la acumulación de desechos de sal en Sallent y Súria. “La ACA tiene la obligación de realizar un seguimiento continuo del agua, pero por falta de recursos no lo hace o lo hace con mucha menor frecuencia”, asegura Grau. Y se refiere específicamente a las montañas de sal acumuladas en parajes cercanos a las minas del Bages: “Yo no soy un experto, pero a nadie se le escapa que si hay depósitos de sal a la intemperie, esa sal se filtrará a las aguas, ya sean fluviales o subterráneas. Y no es lo mismo que esos depósitos estén al aire libre, como ocurre ahora, que bajo tierra, puesto que en superficie se irán filtrando”.

“El territorio está salinizado”

Desde Iberpotash, la empresa titular de las minas de Súria y Sallent, se afirma que los desechos salinos “no son contaminación”. Admiten, eso sí, que pueden salinizar un porcentaje determinado de la cuenca del Llobregat, pero mínimo. “Esta cuenca era, hace miles de años, un mar interior y las aguas subterráneas siguen teniendo un grado de salinización. Es el territorio el que está salinizado”, explican fuentes de la compañía a El Confidencial.

Estas fuentes reconocen que los escombros de las minas se dejan a la intemperie, pero que se ha canalizado todo el perímetro para evitar que la sal se filtre hacia los ríos y canales adyacentes. “Nos gastamos 5 millones de euros al año para gestionar la montaña de sal que hemos fabricado, y hemos instalado detectores de sal a su alrededor”. Esa montaña de sal tiene ya una altura de casi 500 metros y es el símbolo que algunos de los vecinos de las localidades de la comarca quieren erradicar de su territorio.

Para Iberpotash, “los ecologistas dicen que esta montaña debería tener una base de plástico, pero eso sería imposible, porque la montaña de sal se mueve y rompería esa base. De ahí que, en vez de plásticos, hayamos construido toda una serie de canales que recogen el agua que fluye de la montaña de sal y por eso tenemos unos vertidos completamente controlados”.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Manresa, sin embargo, ha dictado apertura de juicio para el mes de diciembre contra Iberpotash y tres de sus directivos, acusación que es apoyada por el colectivo ecologista L’Alzina. El fiscal pide para los acusados tres años de cárcel, además de inhabilitación especial, mientras que la acusación particular reclama cuatro años. Este procedimiento se inició en 1997, pero las reiteradas apelaciones de la compañía han ido retrasando el juicio. En estos momentos, la situación no dista mucho de la de entonces, ya que la contaminación de cuenca fluvial y de aguas subterráneas sigue siendo aproximadamente la misma.

Paralelamente, la Fiscalía de Medio Ambiente ha vuelto a abrir diligencias a raíz de la denuncia interpuesta en febrero pasado por un vecino de Sallent, Sebastián Estradé, ante la Fiscalía General del Estado.