La hoja de ruta del independentismo fija un año para 'dar la patada' a España

Independencia sí o sí. El proceso catalán entra hoy en una nueva etapa, tras la asamblea anual de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) en Tarragona, donde ha aprobado la hoja de ruta para el próximo año. En ella, prevé acciones inmediatas y un plan B en caso de que el Gobierno español no deje celebrar el referéndum independentista el próximo 9 de noviembre. En todo caso, para abril del 2015, la “sociedad civil” catalana quiere estar ya fuera de España y elaborando la nueva Constitución del Estado Catalán.

En resumen, según los responsables de la ANC, los objetivos inmediatos son “recuperar la independencia política de Cataluña mediante la creación de un estado de derecho democrático y social”. El segundo es “acceder a la independencia ejerciendo el derecho de autodeterminación”. El tercero, “formar una mayoría del Parlamento catalán que encomiende a la Generalitat un plebiscito y, si el pueblo catalán se pronuncia favorablemente y el Estado español no lo permite, proclamar la declaración unilateral de independencia y el Estado catalán soberano”. El último objetivo es comenzar a negociar inmediatamente con la UE la permanencia en la estructura Europa como Estado de pleno derecho y reclamar el reconocimiento de la ONU.

Entre el público, invitados ilustres de los principales partidos del frente soberanista, como el secretario de Organización de Convergència, Josep Rull, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, o el fundador de Nova Esquerra Catalana, Ernest Maragall.

La mayoría de los escenarios previstos por la ANC prevén que se pueda realizar una consulta en noviembre, aunque cuenta también con la posibilidad de que ello no sea posible. “El éxito o fracaso dependerá de nuestra capacidad de diálogo y la capacidad de resistir y avanzar en los momentos difíciles que se avecinan y de retomar el camino hecho, advirtieron ayer los responsables de la plataforma, al tiempo que avisaban de que “hemos de estar preparados para cualquier escenario que se pueda producir, incluso el de que no se pueda celebrar el referéndum. No es el escenario deseado, pero si no nos lo dejan hacer, hemos de llevarlo a cabo igualmente por cualquier otro procedimiento democrático reconocido internacionalmente”. Para ello, señalan que “dos terceras partes de los diputados del Parlament se muestran partidarios de la consulta y dan apoyo a la pregunta del referéndum. Gobierno, instituciones y sociedad civil organizada deben asumir cada uno sus responsabilidades. Esperamos que llegado el momento, cada quien ha de estar en su lugar y saber lo que tiene que hacer”.

La hoja de ruta prevé varias etapas. La cuarta de ellas va del 11 de septiembre al 24 de octubre. Y dice el texto de la ponencia: “La presión del Estado español para impedir la consulta será máxima en esta etapa”, advierte la ponencia. Por tanto, “será preciso centrar los esfuerzos en una doble dirección: asegurar la logística necesaria para celebrarla y generar el clima de defensa de los derechos democráticos frente a los que los niegan”. Esta etapa ha de contar con un organismo coordinador (el mismo que el de la campaña Sí+Sí) y que ha de estar en estrecho contacto con la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) y con los equipos territoriales de campaña.

La quinta etapa es la de la campaña oficial 9 de noviembre, aunque los contendido y formatos de la misma han de comenzar a trabajarse desde principios de julio.

El control del proceso

La sexta etapa es el propio día del referéndum, para el que se prevén interventores de la ANC “en todas las mesas y equipos de apoyo logístico que puedan actuar en cualquier lugar y momento”. El texto de la ANC señala que “mientras unos miembros están pendientes exclusivamente del correcto funcionamiento de la jornada electoral en los recintos donde haya mesas, los otros habrán de velar para asegurar que la jornada se desarrolla con plena normalidad democrática y para documentar gráficamente cualquier incidencia. La comunicación permanente entre los interventores y los equipos exteriores será fundamental”. La ANC prevéla creación de una Comisión Electoral central, nueve regionales y 41 comarcales.

Y, por último, la séptima etapa es la posterior al 9-N. “El resultado favorable a la constitución de un Estado independiente implicará el inicio de un proceso de negociación previo a la declaración de independencia. Agotadas todas las posibilidades de negociación, la declaración se habrá de producir igualmente”. Antes de la declaración, sin embargo, el Gobierno de la Generalitat “ha de pedir oficialmente la apertura de negociaciones para acordar el proceso de secesión, el reparto de activos y pasivos y la gestión del periodo de transición. En el caso de una respuesta negativa, será preciso pedir la intervención internacional y llevar el tema al Tribunal Internacional de Justicia”.

LA ANC subraya que la responsabilidad de conducir este proceso recae “exclusivamente, en las instituciones nacionales catalanas”, aunque la sociedad civil y los ayuntamientos han de tener un papel fundamental.

El Gobierno paralelo

También se prevé otro escenario, para el caso de que haya que convocar “elecciones plebiscitarias”. “Una vez agotadas las posibilidades de celebrar la consulta el día 9 de noviembre, será necesario recurrir a la última etapa para demostrar que lo hemos intentado todo por la vía pacífica y democrática. La celebración de las elecciones anticipadas de carácter plebiscitario, será este último paso”. Y subraya que el papel de la ANC será el de intentar “la constitución de una candidatura unitaria de los partidos y fuerzas sociales que propongan la declaración de independencia como primer acto del nuevo Parlamento (…) La candidatura ha de incluir inequívocamente en su programa que, en caso de mayoría de escaños en el Parlamento, proclamará la independencia”. Así, propone la constitución de una Mesa de Fuerzas Políticas y Sociales para el Estado Propio “que conduzca este proceso hasta la constitución de la candidatura unitaria y, si es preciso, para cerrar acuerdos y compromisos con otras candidaturas que sólo comparten el objetivo principal”.

También existe la opción, sin embargo, de la Asamblea de Cargos Electos, que tomaría el relevo a la Mesa anteriormente citada. Y los en cargados de crearla serían la ANC y la AMI.

La ponencia destaca que, en cualquiera de los escenarios, “con consulta o sin, siempre llegará el momento en que será preciso hacer, formal y solemnemente, la Declaración de Independencia. Será el día que ha de ser recordado como el Día de la Independencia”.

También resalta que aún en el caso de intervención de la autonomía, tanto el Parlamento como la Generalitat “han de mantenerse en su lugar y han de actuar como instituciones escogidas democráticamente por el pueblo catalán. Corresponderá a las instituciones catalanas decidir la fecha y la forma de proceder a la Declaración de Independencia. En su ausencia, le corresponderá hacerlo a la Asamblea de Cargos Electos, que como representantes del pueblo catalán, habrían de nombrar un Gobierno provisional que ejecute esta decisión”. Ahí es donde plantea la ANC que “la Diada de Sant Jordi de 2015 [o sea, el 23 de abril] puede ser un horizonte plausible e incluso deseable para hacer esta Declaración”.

Así pues, una última etapa, que se concretaría ya en el “ejercicio de la soberanía”, se señala que la Declaración de Independencia “ha de ir seguida de actos de ejercicio de soberanía que, en la práctica, hagan visible un funcionamiento ordinario plenamente independiente, soberano. Estos actos y el control efectivo del país por parte de las autoridades nos facilitarán el reconocimiento internacional”.

La visualización pública de la independencia se concreta “en elementos como el control, por parte de las autoridades, de las grandes infraestructuras y fronteras –puertos, aeropuertos…-, la seguridad pública, las comunicaciones, etcétera. El elemento clave será el comportamiento fiscal de la ciudadanía, cuando haya de hacer frente al pago periódico de impuestos ingresándolos debidamente en la Administración del nuevo Estado”.

A partir de ahí, sólo queda la constitución formal del nuevo Estado catalán, abriendo un proceso constituyente, redactando una nueva Carta Magna y convocando las primeras elecciones generales de la nueva Cataluña. El objetivo es celebrar un nuevo referéndum el 11 de septiembre del 2015 para aprobar la nueva Constitución.