Mas esgrime “represalias de Madrid contra Cataluña” para no torcer su hoja de ruta

No hay marcha atrás. Hasta el final caiga quien caiga. El proceso independentista catalán no se parará ni retrocederá por muchos fallos del Constitucional. Ésa es la hoja de ruta que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha desgranado a su círculo de confianza. “La voz del pueblo es la voz del pueblo y hay que escucharla”, comenta a El Confidencial una fuente cercana a Mas.

Pero, a pesar de la determinación de seguir adelante, el final es incierto. Nadie apuesta en serio dando por cierto que se realizará un referéndum. Es más, cada vez hay más convencidos de que lo que se realizará al final de esta hoja de ruta del president serán unas “elecciones plebiscitarias”. Pero como no existen “elecciones plebiscitarias”, lo que se convocará serán unas elecciones autonómicas y algunos partidos demandarán el voto para pedir la independencia de Cataluña como eje primordial del programa y primer punto de la legislatura. Es lo máximo a lo que se puede llegar.

“El 9 de noviembre habrá consulta. Si no es con la ley española es con la catalana. Y si no puede ser con ésta, iremos a unas elecciones plebiscitarias”, confirman fuentes de la cúpula de CiU a El Confidencial.

“El presidente Artur Mas asegura que no habrá parón. Tenemos los informes del Consejo Asesor para la Transición Nacional que detallan las salidas legales que puede tener el proceso. Y eso es imparable”, afirma a este diario un amigo del máximo mandatario catalán, con el que habla periódicamente. Pero hay más: el president ha dejado caer que no puede dar marcha atrás “porque Madrid podría tomar represalias contra Cataluña”.

Lo que Mas viene a decir en petit comité, aseguran las citadas fuentes, es que tras el intenso debate sobre el proceso catalán, “el Gobierno central no nos perdonará nunca que hayamos abierto este melón y puesto las cartas sobre la mesa. Y no es una pose. Artur Mas piensa esto sinceramente. Está convencido de que si ahora se flaquea, las consecuencias serán terribles”.

Esas represalias a que aluden los nacionalistas se podrían producir por dos vías fundamentales: a través de la economía, recortando fondos y transacciones para impedir que la Generalitat pueda hacer frente a sus obligaciones monetarias, y a través de la política, recortando traspasos o invadiendo competencias. Incluso aplicando “recentralizaciones”, que, por otra parte, subrayan que “se vienen produciendo durante toda la legislatura de Mariano Rajoy”.

Las mismas fuentes aseguran que “Mas prefiere quemarse en este empeño antes que dejar colgados a millones de catalanes”. Para fuentes de la oposición, no obstante, esta estrategia es una trampa. El empeño de Mas se debe, para estas fuentes, a su intención de convertirse en un nuevo presidente mártir. “En estos momentos, no necesitamos salvapatrias. Lo que debe hacer Artur Mas es rectificar, que aún está a tiempo, y abandonar la senda suicida del referéndum, porque legalmente no puede convocarlo”, explica a este diario un diputado de la oposición.

Críticas al TC

La decisión del Constitucional de anular la declaración del Parlamento catalán ha levantado airadas protestas en los partidarios del referéndum. “El Constitucional demuestra ser un órgano político que únicamente redecora jurídicamente sus decisiones. Nos podemos pronunciar sobre la guerra más lejana del planeta pero no sobre una ambición e ilusión del pueblo de Cataluña”, clamó Jordi Turull, presidente y portavoz parlamentario del grupo de CiU.

Se refirió también a “algunos magistrados del alto tribunal como “agitadores de la catalanofobia” por los artículos anticatalanes que han plasmado en distintos medios. Uno de ellos definió el Estatuto catalán como “elixir nazionalista”. Otro afirmó que “los nacionalistas son unas tribus territorializadas en busca de una Arcadia feliz”.

Turull recordó que el magistrado Pablo Pérez Tremps “fue recusado [por el PP] en la sentencia del Estatuto por mucho menos”. Este juez fue apartado del TC porque había participado años antes en un estudio realizado por 10 juristas sobre la constitucionalidad del Estatuto, cuando aún no era miembro del TC.

Y el diputado de ERC Pere Aragonès, argumentó que “impugnando una declaración de voluntad política, sin efectos jurídicos, lo que ha hecho el TC es entrar directamente a hacer política; ha entrado en el juego de las ideologías, de los parlamentos y de los partidos políticos”. Aragonès advirtió a continuación que “seguiremos como teníamos previsto. No variaremos ni un milímetro la hoja de ruta marcada por el Parlamento. El 9 de noviembre decidiremos como se hace en democracia: con las urnas y las papeletas. Quien decidirá el futuro político es la gente y no 12 jueces encerrados en un despacho de Madrid”.