La Fiscalía de Cataluña no ve ahora encaje constitucional al referéndum de Artur Mas

El presidente catalán, Artur Mas, se llevó ayer un sonado revés, pero este con una connotación muy peculiar: la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió una nota en la que asegura que “no encuentra ningún respaldo legal” para la celebración del referéndum independentista que se pretende celebrar el 9 de noviembre próximo. Y quien esto dice es la misma Fiscalía que hace pocos días pidió el archivo de la querella del sindicato Manos Limpias contra Artur Mas, a quien acusan de prevaricación, desobediencia, rebelión y sedición.

En realidad, el informe de la Fiscalía a la Sala de lo Civil del TSJC admitía que se puede discutir “razonablemente” el encaje constitucional de la consulta. Y subrayaba que esta discusión “ha de situarse en sede constitucional, sin que pueda convertirse una decisión política en una resolución administrativa prevaricadora”.

Ahora, el Ministerio Público puntualiza que la consulta “carece de encaje en la Constitución” y alerta de las “interpretaciones erróneas” que se hayan cometido al sacar de contexto las expresiones de su informe enviado al máximo tribunal catalán. ¿Una de cal y otra de arena?

Parece que no, ya que fuentes consultadas por El Confidencial señalan que “una cosa es la querella presentada contra Artur Mas y otra, muy distinta, el tema de la consulta o referéndum. No tiene nada que ver la calificación jurídica del proceso independentista con las acusaciones concretas vertidas contra el presidente de la Generalitat. Son cuestiones que se han de examinar por separado”.

En este sentido, las fuentes aseguran que no está clara la diferencia entre consulta y referéndum. Es cierto que las disposiciones vigentes permiten tanto a Ayuntamientos como a Gobiernos autonómicos realizar consultas entre la población sobre temas de interés general. El referéndum, sin embargo, es potestad del Gobierno central y sólo él puede convocarlo, salvo que delegue esa competencia (cuestión que, por otra parte, es la que le ha solicitado la Generalitat de Cataluña).

Para el Gobierno catalán, “no pretendemos hacer ningún referéndum, sino una consulta al pueblo de Cataluña sobre un tema que le interesa, como se desprende del debate que hay en la calle”. De ahí que insista en que está dispuesto a ir hasta el final para celebrar la consulta. “Además, un referéndum es vinculante y nosotros jamás hemos realizado este planteamiento. Sólo queremos saber qué piensa el pueblo catalán”.

La filtración de algunos datos contenidos en el informe de la Fiscalía del TSJC, por su parte, había dado esperanzas a los nacionalistas de que la legalidad vigente les asistía. Pero la nota aclaratoria de ayer es un latigazo que presagia tormentas en el horizonte judicial que le espera a la hoja de ruta de Artur Mas.