Cataluña se ratifica en que los inmigrantes deberán hablar catalán para legalizarse

La lengua vuelve a ser motivo de discordia en Cataluña. Y los últimos días han sido pródigos en temas lingüísticos. Primero, porque el propio Tribunal Superior de Justicia (TSJC) acaba de dictaminar que los colegios han de dar el 25% de sus clases en castellano. Luego, porque en varias comisiones parlamentarias el tema de la lengua se puso sobre la mesa. Por último, incluso el presidente de Unió Democràtica (UDC), Josep Antoni Duran Lleida, en su carta semanal a los militantes, se refirió al asunto y aprovechó para acusar a PP y a Ciutadans de promover sentencias judiciales sobre la inmersión lingüística en los colegios.

El caso más llamativo, no obstante, tuvo lugar en el Parlamento catalán, en la comisión de Bienestar, Familia e Inmigración. Ciutadans había presentado una propuesta de resolución para que se eliminase la exigencia de tener que saber catalán a los inmigrantes que quieran regularizar su situación.

José María Espejo-Saavedra, diputado de C’s, fue el encargado de defender el texto. “En la sociedad catalana no hay un conflicto lingüístico porque el catalán y el castellano conviven sin problema. Son las normas las que hacen que algunas personas vean limitados sus derechos y sufran discriminación”. De esta manera, se oponía a que los informes de arraigo no sean favorables “si no se demuestra que se sabe catalán aunque el inmigrante esté plenamente integrado, con trabajo estable y vínculos sociales fuertes ya forjados”.

Para Carina Mejías, portavoz de Ciutadans, este tema viene ya de los últimos coletazos del Tripartito, cuando se creó el Pacto Nacional por la Inmigración. En ese pacto, se establecía el catalán como “lengua vehicular de acogida”. Incluso detallaba que un inmigrante que llevara viviendo en la comunidad tres años, si quería acreditar su arraigo de cara a la legalización, “tiene que demostrar conocimientos de catalán”. PP, Ciutadans, CCOO y SOS Racismo se desmarcaron de dicho pacto.

Esta semana, el partido de Albert Rivera ha llevado el asunto al Parlamento catalán. La argumentación de Espejo sirvió para poco. El diputado no nacionalista señaló que la exigencia del catalán “supone, además, una discriminación del inmigrante respecto a cualquier ciudadano de la UE, al que no se le exige este conocimiento, y respecto de cualquier otro inmigrante dentro de España”. Si uno ha tenido la suerte de recaer en Fraga (Aragón), justo en la frontera con Cataluña, puede tener su certificado de residencia. Pero si cae unos kilómetros más al este, lo tiene más crudo. Para Espejo, “el arraigo no se demuestra de esta manera. No es un tema de lengua, es una cuestión de derechos de los inmigrantes que quieren regularizar su situación administrativa o renovar su permiso de residencia para estar en igualdad de derechos y, sobre todo, de obligaciones”. A pesar de todo, su propuesta sólo contó con los votos favorables de PP y Ciutadans. Los demás grupos parlamentarios votaron en contra. Fueron cuatro contra dieciséis.

El Gobierno catalán recurrió una sentencia del TSJC sobre inmersión lingüística este viernes, pero, de momento, no piensa aplicarla

En otros sectores, la batalla es similar: se han llevado sendas propuestas de resoluciones a comisiones parlamentarias para que no se exija el catalán a los jueces (de otro modo, un juez de otra comunidad no podría ejercer en Cataluña) o a los gestores sanitarios. Pero estas iniciativas siempre han sido rechazadas.

Recurso contra el TSJC

El gran conflicto, no obstante, se produjo tras la sentencia del TSJC al obligar a dar un 25% de clases en castellano. “¿Y por qué el 25% y no el 20 o el 30? ¿Es que no se dan cuenta de que tenemos un modelo bueno, elogiado por medio mundo y que funciona? Aquí los estudiantes salen conociendo perfectamente catalán y castellano”, explica a El Confidencial una fuente de Convergència. El Gobierno catalán recurrió la sentencia este viernes, pero, de momento, no piensa aplicarla. Lo explicó, como pudo, el propio portavoz y consejero de Presidencia, Francesc Homs: “Aquí tenemos la Ley de Educación de Cataluña, que está en vigor. Esta ley no ha sido modificada y nosotros lo único que podemos decir es que la cumpliremos escrupulosamente”, subrayó Homs. Con ello, quería decir que si la ley no habla para nada del 25% de inmersión lingüística en castellano, ya puede el TSJC ir sacando sentencias porque el Gobierno se acogerá a la legalidad vigente encarnada en la norma no derogada.

“Aquí lo que ven es que lo de la inmersión lingüística empieza a ser una cosa obsoleta. Podía tener una razón de ser hace 30 años, pero ahora todos los ciudadanos dominan perfectamente el catalán y el castellano. Por tanto, hemos de empezar a pensar en ser competentes en otras lenguas, como el inglés, que será un idioma básico y necesario para nuestros hijos, que han de competir en Europa. Y quizá porque se dan cuenta de que se les cae el discurso, tratan de dar un acelerón reafirmando el tema lingüístico en todos los terrenos”, explica a El Confidencial Carina Mejías, portavoz de Ciutadans.

En el tema de la lengua en la escuela terció incluso la Confederación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Cataluña, que alertó este viernes de que el límite fijado por el TSJC puede provocar “conflictos entre familias” porque estas ya habían escogido el centro conociendo su régimen lingüístico. La Confederación rechaza que los tribunales decidan la regulación de cuestiones que, asegura, sólo deben ser competencia de los colegios.

Duran Lleida, el más duro

Pero el más crítico es Duran Lleida, que alerta en su misiva semanal que “el nuestro es un nacionalismo fundamentalmente cultural y la lengua es su nervio principal. Quien no lo entienda –es más, quien no lo acepte– no entiende ni entenderá jamás a Cataluña ni a los catalanes. En consecuencia, si no se acepta que Cataluña tiene y quiere cultivar una lengua propia diferente, y sin perjuicio del valor que se le da al castellano, no hay ninguna posibilidad de que Cataluña se sienta cómoda en España. Esta reflexión es extensible al sistema educativo cuestionado por el poder judicial. Es un poder judicial –sea el TSJC o el Tribunal Supremo– con decisiones sobre el modelo educativo catalán –no nos engañemos– que son fruto de la politización promovida por el PP y, no es preciso decirlo, por Ciutadans”.

El líder democristiano asegura que sólo con el castellano se puede vivir en cualquier parte de Cataluña, aunque sólo con el catalán, no. Acusa al poder judicial de invadir competencias de Cataluña y echa mano de los argumentos de sus socios de Convergència: “Continuando en el terreno de la irracionalidad, es preciso que nos preguntemos si cinco magistrados pueden dictaminar con rigor si ha de ser el 25, el 15 o el 35% el porcentaje de clases que se han de hacer en castellano (…). ¿No estamos descaradamente ante la asunción de competencias políticas por parte de un órgano judicial? (…). Los jueces usurpan las funciones de los otros dos poderes: hacen la ley y, por tanto, suplen al legislativo e incluso hacen el reglamento sustituyendo al ejecutivo. También en este caso Montesquieu está bien muerto y enterrado”.

Duran acaba subrayando que “una demanda de cinco familias [las que llevaron sus quejas al tribunal] pasa a ser de obligado cumplimiento para todas las familias y a medio curso escolar. Es una maniobra política de primera magnitud promovida por políticos, pero ejecutada por jueces”.

El debate, como en otras ocasiones, se circunscribe a los despachos. En la calle, los ciudadanos hablan de otras cosas.