Proyecto Prometeus: la Generalitat trabajaba en un DNI catalán además del CNI propio

Las estructuras de Estado de Artur Mas van más allá de la creación de un CNI catalán, de una Hacienda propia o del control de las principales infraestructuras. Entre otras cosas, los nacionalistas catalanes trabajan en la confección de un DNI catalán. Es un documento que intentaría suplantar al DNI español en esta comunidad haciéndolo servir para todos los trámites con la Administración. Es un proyecto que el Gobierno catalán denominó Proyecto Prometeus y que se realizaría a partir del censo de tarjetas sanitarias para poder controlar un censo paralelo al del Gobierno de Madrid. Con él, se podría realizar un referéndum sin subvertir la ley, que impide que se utilice el censo electoral para consultas territoriales, excepto si el Gobierno central da su permiso.

Ante algunas evidencias sobre el Proyecto Prometeus, Ciutadans presentó ayer una batería de preguntas en el Parlamento catalán para que la Generalitat conteste. Entre otras cosas, esta formación pregunta al Gobierno autonómico si ha encargado “un estudio titulado ‘Diseño e implantación de la Tarjeta Ciudadana y de la Base de Datos Central de Ciudadanos’ al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) y/o al Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (Cesicat) para elaborar un DNI catalán con datos biométricos”. Este estudio, de 27 páginas, fue supuestamente elaborado por el Cesicat y sería la base poblacional del nuevo Estado catalán.

C’s quiere saber quién encargó este informe, a qué empresa y su coste económico.Pero también si su intención “era o es diseñar una Tarjeta Ciudadana Catalana ‘multipropósito’ con la que los ciudadanos puedan realizar múltiples trámites, como identificarse legalmente, operar con la Administración pública, realizar cualquier trámite ante la Seguridad Social o la sanidad pública propias, usarlo como medio de pago y utilizarlo para ejercer el derecho al voto”.

Paralelamente, exige saber si la Generalitat ha encargado la elaboración de una base de datos que incluiría no sólo los datos públicos de todos los ciudadanos de la comunidad, sino también información privada, como “datos bancarios o fiscales”. De hecho, del control de las bases de datos ciudadanas se habla sin tapujos en varios documentos en poder de este diario.

Chip inteligente

La cosa no es baladí. Esta nueva tarjeta identitaria catalana podría contener determinadas aplicaciones tecnológicas como “un chip inteligente” para autentificar y cifrar transacciones bancarias, un “sistema de radiofrecuencia por proximidad, una tecnología reconocida como RFID que permite recibir señales de un objeto de forma remota” o programas para su integración con el móvil “para realizar micropagos a través de las compañías telefónicas”.

“Esta es otra de las ramificaciones de las estructuras de Estado que quiere crear el Gobierno catalán. Todo forma parte de un plan preconcebido: desde la creación de un CNI catalán hasta el DNI propio u otros organismos, como la Hacienda propia. En el caso del DNI, se trataría de una tarjeta que pudiese tener varias aplicaciones para que los ciudadanos no la viesen como un DNI paralelo”, explica a El Confidencial Jordi Cañas, portavoz de Ciutadans.

Esta formación presentó también una petición en el Parlamento catalán ante las informaciones que desveló ayer El Confidencial con el objeto de que comparezca urgentemente Artur Mas para “informar y dar explicaciones sobre si la Generalitat de Cataluña encargó y/o elaboró un estudio, informe o documento de cualquier índole para diseñar y/o planificar una futura Agencia Nacional de Seguridad en Cataluña”.

También ha solicitado al Gobierno, oficialmente, el informe desvelado por este diario y titulado Plan Estratégico de Seguridad que había sido encargado a la empresa Solium E-Service Center. Asimismo, adjuntó una batería de cuestiones sobre quién encargó este informe, cuándo y qué cargo político lo hizo. Asimismo, pregunta si se hicieron copias, si el Cesicat redactó posteriormente los estudios sobre la Agencia Nacional de Seguridad que dio a conocer este diario y, finalmente, si en marzo del 2012 se pagaron 21.240 euros por el primer informe a la empresa Solium.

Comisión de investigación

El portavoz del PP en el Parlamento catalán, Enric Millo, por su parte, avanzó que su partido pedirá una comisión de investigación en el Parlamento catalán sobre el Cesicat a raíz de las informaciones desveladas por este diario. “Los catalanes tienen derecho a conocer la verdad sobre este caso”, subrayó Millo, que recordó que no sólo existe la sospecha fundada de que se intentan crear unos servicios de inteligencia que son competencia del Estado (y para los que incluso se habían estudiado dotaciones presupuestarias concretas), sino que también planea la sombra de la duda de que el Ejecutivo de Artur Mas haya repartido teléfonos espíaque pueden ser activados por control remototanto para convertirlos en un micrófono ambiente, como en una improvisada cámara de vídeo o para copiar su actividad por las noches.

La formación popular, no obstante, está calibrando todavía las posibilidades de pedir la comisión, puesto que según al reglamento sólo se puede abrir una comisión de investigación por año de legislatura. Y este año ya se ha abierto la de sanidad, por lo que debería esperarse hasta enero del año que viene, lo cual hipotecaría la posibilidad de abrir otra comisión en el 2014 en caso de que fuese necesario.

Los socialistas, por su parte, estudian también la posibilidad de dar apoyo a la solicitud de la comisión de investigación, según explicitó ayer su secretario de Organización, Esteve Terradas. El PSC también sopesa la ampliación de la denuncia presentada el lunes de la pasada semana ante la Fiscalía de Barcelona, a la luz de los nuevos datos que se van haciendo públicos día a día.