Cataluña blinda el Audi de Mas, pero se niega a pagar los antibalas a los Mossos

¿Debe un policía pagar de su bolsillo el chaleco antibalas que ha de usar en el transcurso de su cometido? Según la Generalitat de Cataluña, sí. O al menos, en parte. La Administración catalana lleva años manteniendo un contencioso con los agentes de los Mossos d’Esquadra porque pretendía que pagasen de su bolsillo esa prenda. Su última oferta fue abonar el 70% del precio y el 30% restante lo debía costear el policía, a lo que los representantes de los agentes se negaron.

Ahora, el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) acaba de interponer una querella criminal contra el director de los Mossos, Manel Prat, y el subdirector general de Recursos Humanos, Josep Maria Sanz, por “poner en peligro la vida de los agentes”, según explica a El Confidencial David Miquel, portavoz del SPC, en lo que supone un peldaño más en un historial plagado de convulsiones.

En otras palabras, la Administración ni ha hecho nada todavía ni tiene la intención de zanjar el asunto de una vez por todas. “De la misma manera que el Gobierno no duda al pagar un 30% más del valor del Audi oficial del president para blindarlo, debería también preocuparse por la seguridad de los policías”, señala Miquel. La situación, según este sindicato, ha llegado ya al límite. “Hemos interpuesto la querella para defender, primero, a nuestros afiliados y luego, a todo el colectivo de los Mossos”, explica el portavoz del SPC.

El detonante de que los policías se fuesen directamente al juzgado fueron dos sucesos acaecido en julio. El primero de ellos tuvo lugar el 9 de ese mes en la comarca del Berguedà, en la Cataluña profunda: un agente de la Policía Autonómica resultó herido por arma de fuego tras un tiroteo. Tres días después, el día 12 de julio, otro agente fue apuñalado por la espalda en Lérida y estuvo a punto de morir. “Es una evidente ocultación de la gravedad de dichas acciones, ante la inspección de trabajo y la opinión pública. La Administración consideró los dos recientes accidentes como ‘leves’. Sin duda, pretendía encubrir su responsabilidad por la falta de medios, tantas veces reclamados, que hubieran evitado tanto la situación de riesgo como la lesión”, dice el texto de la querella.

Pero no son los únicos casos: a lo largo de los últimos años ha habido multitud de incidentes derivados de la falta de chaleco antibalas cuando los Mossos d’Esquadra realizan algún servicio. Los más importantes se enumeran en el texto de la querella.

Lo curioso del caso es que el Parlamento catalán ha aprobado ya varias resoluciones instando al Gobierno a que dote a los agentes de la prenda defensiva, pero el Ejecutivo ha hecho siempre oídos sordos. La última de ellas es del pasado 21 de marzo. La resolución decía textualmente que el Gobierno catalán debe “facilitar chalecos antibalas ligeros a los agentes que lo necesitan por razón del servicio”. El 6 de julio, pocos días después del último incidente, el secretario general del SPC, David José, enviaba una misiva al consejero de Interior, Ramon Espadaler, recordándoselo. “Le solicitamos que dé las órdenes oportunas a quien corresponda para garantizar el cumplimiento del contenido de esta resolución dentro del plazo establecido del año 2013”, recogía la carta.

La respuesta de Interior

El sindicato también envió una misiva a Recursos Humanos en el mismo sentido. Y la respuesta fue antológica: “Las resoluciones del Parlamento, en tanto que resoluciones de voluntad y propuesta de actuaciones para el impulso de la acción de Gobierno, no disfrutando de la consideración de texto normativo y, por tanto, no teniendo la fuerza vinculante de una norma legal, sí que adquieren la condición de compromiso”. Que tome nota, pues, el president de cómo deben tomarse las resoluciones parlamentarias.

El subdirector de Recursos Humanos, uno de los querellados, también indicaba en su respuesta que se pediría presupuestos para la adquisición de chalecos en éste o en futuros ejercicios presupuestarios, a pesar de que el Parlamento había dicho que el tema ha de quedar solucionado este año. Pero eso es moneda corriente, porque a principios del año pasado, la Cámara había aprobado otra resolución similar y ponía la fecha del 2 de agosto del 2012 para quedar subsanado el problema. De la orden nunca más se supo.

La decisión de querellarse fue tomada, además, porque “las denuncias genéricas acababan siempre en la papelera. A partir de ahora, sin embargo, las denuncias llevarán nombres y apellidos. Y esperamos que esas personas comiencen a pasar por el banquillo de los acusados”. La querella que se acaba de presentar está basada en la comisión de un presunto delito contra la seguridad de los trabajadores y acusa directamente a los dos mandos “porque el sujeto activo de este delito ha de ser la persona legalmente obligada a facilitar los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las adecuadas medidas de seguridad e higiene”. Asimismo, los acusan de dos delitos de lesiones debido a las heridas sufridas por los agentes como consecuencia de no llevar el reglamentario chaleco antibalas. Ahora es la Administración la que ha de mover ficha.