El empresario fundador de CDC volvió a llevarse adjudicaciones con Mas en la Generalitat

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), que dirige el jurista Daniel de Alfonso, ha abierto al menos cinco informes sobre Ramon Bagó, uno de los fundadores de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), exdirector general de Turismo de la Generalitat y presidente del grupo Serhs, el mayor holding de servicios catalán, un imperio en el terreno turístico y de catering.

Bagó tuvo que comparecer hace poco en la sede del Parlamento autonómico, donde rechazó las acusaciones que se le hacían sobre presunto desvío de fondos. Se da la circunstancia de que, mientras presidía organismos públicos, un buen puñado de adjudicaciones de los mismos recaían en empresas filiales de su grupo. Los informes sobre sus actividades son contundentes. La Fiscalía tiene sobre la mesa comprometedores documentos sobre este empresario que, además, es íntimo amigo del expresidente Jordi Pujol.

Y de los mismos se desprende que, en los dos últimos años, es decir, desde que Artur Mas se sentó en la Presidencia de la Generalitat, el viejo empresario desempolvó sus armas y volvió a tener una influencia en la Administración que había perdido mientras el tripartito estuvo en el poder. Para algo han de servir los amigos.

Uno de los informes más voluminosos realizados por la OAC y enviado a la Fiscalía de Barcelona le acusa de simultanear funciones directivas en el ámbito público y privado, incompatibilidad de cargos y uso de información privilegiada. Las investigaciones se iniciaron el 14 de febrero de 2012 debido a que, hasta hacía poco, Bagó había dirigido las sociedades públicas dependientes del Consorcio de Salud y Atención Social de Cataluña (CSC) y el grupo privado Serhs.

El informe detalla que el empresario presidió todas las sociedades de CSC hasta 2008 y que, a finales de 2011 (cuando CiU se había hecho de nuevo con el control de la Administración autonómica), “se reincorporó de nuevo a las empresas públicas de CSC formando parte desde entonces del consejo de administración de todas y, además, integrándose en la comisión ejecutiva de la empresa pública principal, CSC SA, con lo cual habría ejercido funciones inherentes a la administración o, cuando menos, habría formado parte del "centro directivo" donde se “tramitan, informan o resuelven” cuestiones relacionadas con las prestaciones de servicios contratadas o llevadas a cabo de facto por el conglomerado de empresas Grupo Serhs, del cual, como ha se ha dicho, el propio señor Bagó es el fundador, accionista de referencia y presidente del consejo de administración”. En este caso, el informe de la OAC habla de “evidente conflicto de intereses” del empresario al simultanear todos estos cargos.

Unos precios hinchados

Entre las maniobras realizadas por el conocido empresario, señala que cuando presidía la sociedad CHC esta se hizo cargo de la gestión del Hospital Municipal de Badalona, que tenía contratada a la compañía Cuina Serhs para la elaboración, preparación y reparto de la alimentación de los pacientes de este centro. Cuina Serhs tenía contrato hasta el año 1998. Pero, en esa fecha, precisamente era Bagó quien también presidía CHC, por lo que siguió contratando con su compañía hasta la actualidad.

“El contrato actualizado y sus prórrogas no estuvieron sujetas a la normativa pública de contratación ni siquiera en los principios de actuación”, dice el informe de Antifraude. Pero, además de múltiples irregularidades, los investigadores descubren que “el precio unitario máximo previsto en la cláusula cuarta del pliego de cláusulas administrativas particulares es de 15,04 euros”. Es decir, que lo máximo que podía cobrar por pensión completa era esa cantidad. No obstante, de improviso, el 13 de marzo de 2012 se adjudica nuevamente a Serhs Food àrea el servicio, pagándole 18,61 euros. En total, el presupuesto base de licitación era de más de 460.000 euros anuales, lo que representa un suculento pellizco económico. 

En vista de las irregularidades detectadas, Bagó presentó su renuncia como vicepresidente y como consejero de las sociedades de CSC el 9 de agosto del año pasado, en plenas vacaciones estivales. Aun así, la secretaria de CSC, Yolanda Puiggrós, envió un escrito a la OAC en el que justificaba la actuación de Ramon Bagó. En dicho escrito, señalaba que los servicios del empresario entre 2011 y 2012 “nunca fueron retribuidos y, consecuentemente, en ningún momento se vulneró la normativa de incompatibilidades”.

Señalaba, asimismo, que “el señor Bagó no tenía funciones directivas en las empresas del Grupo CSC y, consecuentemente, tampoco una capacidad jerárquica de decisión sobre los gerentes de los centros gestionados. En consecuencia, en ningún momento ejerció influencia alguna sobre los sucesivos empleados como gerentes del Hospital de Badalona que pudiesen determinar un trato de favor hacia las otras empresas que preside (Grupo Serhs)”.

Pero las altas contrataciones las carga el diablo. Y la secretaria de CSC pasó por alto que existen documentos que confieren a Bagó “amplios poderes que, entre otros, le conferían la facultad de contratar, sancionar, separar o rescindir las relaciones de trabajo con el personal fijo, eventual, interino o de suplencias, de carácter laboral, aprobar los ascensos de categoría del personal fijo y fijar las remuneraciones, las funciones y los traslados de personal”. Estos amplios poderes se mantuvieron, al menos, una década.

Influencia desde 2010

Pero hay más: tras el escándalo del último concurso del Hospital Municipal de Badalona, el concurso se declaró desierto pero, mientras tanto, Serhs se encarga de seguir sirviendo los menús de los pacientes a precio superior al que se había fijado en las cláusulas del mismo. “Tanto la adjudicación como la irregular ejecución de los servicios prestados y las prórrogas por la sociedad del Grupo Serhs, así como el reciente contrato desierto que ha permitido continuar prestando el servicio a la citada sociedad se han producido mientras el señor Bagó se encontraba en una posición directiva preeminente respecto del gerente de la sociedad municipal”.

Y zanja diciendo que “las citadas irregularidades habrían favorecido la prestación continuada de los servicios de la sociedad del Grupo Serhs en los últimos 19 años. Nos encontramos ante la concreción más evidente del conflicto de intereses públicos y privados del señor Bagó”. Es decir, que los más de 460.000 euros anuales que han estado percibiendo las empresas de Bagó estas dos últimas décadas pueden ser, sencillamente, ilegales.

El informe es muy duro contra el empresario convergente. “Se estima que, efectivamente, el señor Bagó habría intervenido -al menos a partir de diciembre de 2010 (es decir, desde el mismo momento en que CiU recuperó la Generalitat)- de forma indirecta o por persona interpuesta, forzando o facilitando negocios entre su conglomerado Serhs y el ámbito de actuación de BSA (la sociedad municipal de Badalona que era gestionada por CHC)”, ya que “hay todo un reguero de situaciones de hecho, de prórrogas, de aumento irregular de precios y sin motivación que se han perpetuado en el tiempo rehuyendo la licitación pública y consolidando año tras año la posición del Grupo Serhs”.