El TSJC emite 6 sentencias en un día para obligar a la Generalitat a enseñar también en castellano

Nuevo tirón de orejas para la Generalitat de Cataluña: el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad (TSJC) emitió este jueves seis sentencias en las que estima la petición de otras tantas familias para que sus hijos sean escolarizados también en castellano. El tribunal exige a la consejería de Enseñanza que adapte el sistema para que los centros establezcan también el castellano como lengua vehicular, ya que hasta ahora sólo se considera el catalán como tal. Y le recuerda a la Administración las sentencias en este sentido que emitió no sólo el TSJC, sino también el Tribunal Supremo y el Constitucional.

Lo que plantean los juristas es que el Gobierno autonómico adopte las medidas cautelares necesarias para que nueve niños, pertenecientes a seis familias y que cursan educación primaria, secundaria y bachillerato puedan recibir educación tanto en castellano como en catalán hasta que se resuelva la impugnación que interpusieron sus padres contra una resolución de la consejería de Enseñanza que rechazó sus peticiones. Además, especifica que no se debe desagregar a los alumnos del aula, sino impartir la enseñanza en los dos idiomas oficiales, como han indicado varias sentencias.

El texto señala que el Gobierno catalán ha de adoptar “las medidas necesarias para que sus hijos reciban una enseñanza conjunta en las dos lenguas oficiales, de forma proporcionada y sin desequilibrios entre ellas”. Y añade que las escuelas han de adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación. En este sentido, recuerda que el Constitucional dictaminó en el año 2010 que el castellano ha de ser lengua vehicular, junto al catalán.

Las medidas cautelares contaron con el voto particular en contra del magistrado Alberto Andrés Pereira, para quien éstas sólo se deben utilizar cuando se producen “perjuicios irreparables” que, a su juicio, no existen en este caso, puesto que el sistema de enseñanza catalán lleva funcionando perfectamente cerca de veinte años.

La consejera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, anunció ayer que en los próximos cinco días el Gobierno autonómico recurrirá las interlocutorias del tribunal y subrayó que no existe “riesgo de daño” con la inmersión lingüística tal y como se lleva planteando en Cataluña desde hace décadas.

No lo dijo claramente, pero dejó entrever que las peticiones de las seis familias afectadas “son extraescolares” y que se deben más a cuestiones políticas que pedagógicas. Y subrayó que la Ley de Educación de Cataluña ya prevé una atención personalizada para los alumnos de parvulario que lo pidan (de los 9 niños afectados, hay cinco párvulos).

Críticas de la oposición

Para el PP, “no hay ningún país en el mundo donde la lengua oficial no sea vehicular”. “Lo que queremos –añaden en el partido- es que la Generalitat cumpla la ley y las sentencias. Negar el bilingüismo en las aulas es negar la realidad. Nosotros queremos que se imparta la enseñanza en catalán y castellano en el mismo aula, sin segregación de los alumnos. Es un derecho que tienen las personas y las familias”.

Según un miembro de la dirección del PP, “el Gobierno de CiU quiere imponer una enseñanza monolingüe a una sociedad bilingüe”. Esta misma fuente resalta que el castellano “es una lengua hablada por 500 millones de personas en el mundo, por lo que quienes lo dominen tendrán más oportunidades personales y profesionales”.

El portavoz popular, Enric Millo, subrayó en Girona, donde se encontraba cuando conoció las interlocutorias, que “un Gobierno que no cumple las leyes ni las sentencias no tiene legitimidad para exigir nada a la ciudadanía”. Y fue más allá al denunciar que “es absurdo e indefendible que sólo los hijos de las familias con más recursos puedan acceder a un sistema educativo bilingüe o trilingüe de mayor calidad [en referencia a los hijos de algunos políticos que van a selectas escuelas privadas] y que todos los que optan por la escuela pública en Cataluña estén condenados a la inmersión monolingüe”.

El portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, señaló también a El Confidencial que “lo que tiene que hacer la Generalitat es cambiar la ley y acatar las sentencias dictadas hasta el momento. El TSJC lo que hace es pedir medidas cautelares, ya que hay sentencia firme del Supremo. Y lo que está planteando la Generalitat es un pulso, pero mientras tanto hacen caso omiso de lo que dicen los tribunales”. El portavoz de C’s pidió la dimisión de Irene Rigau y el cumplimiento inmediato de la sentencia”. Cañas recuerda que “el Supremo obligó a introducir el castellano como lengua vehicular de forma no discriminatoria con el catalán. Lo que debe hacer entonces el Gobierno es cambiar la ley”.

El propio TSJC ya había dado un plazo de dos meses a la consejería de Enseñanza a comienzos de curso en el año 2011, para que adaptase su sistema a la legalidad, introduciendo el castellano como lengua vehicular. Previamente, la consejera había enviado un escrito al tribunal en el que incorporaba datos estadísticos sobre el uso de las dos lenguas en la educación y que afirmaba que  el pleno dominio de las dos lenguas al finalizar la enseñanza secundaria sólo se garantiza con el actual sistema. La situación, por supuesto, se mantuvo exactamente igual.

Tras la sentencia del Supremo en julio pasado, todos los partidos nacionalistas se posicionaron a favor de la inmersión lingüística en catalán en la escuela porque el modelo “ha resultado un éxito y favorece la cohesión social”, dicen.

Con las nuevas interlocutorias, la situación se encrespa de nuevo. Ciutadans ha puesto el caso en manos de expertos jurídicos por si la actitud de la consejera catalana es contraria a la ley. ”Estamos dispuestos a presentar una denuncia en Fiscalía o a acudir a los tribunales para acusarla de desacato si persiste en su negativa a cumplirlas sentencias”, advierte el portavoz de Ciutadans.