Artur Mas pretende lanzar una Hacienda propia con sólo 18 inspectores… y a la baja

El presidente catalán Artur Mas apuntó a la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) como el primer pilar de esos “instrumentos de Estado” que precisa la “transición nacional” que ha iniciado la Generalitat. Así el gobierno que salga de las urnas el próximo 25 de noviembre tendrá una importante asignatura pendiente con este organismo, ya que en este momento cuenta con poco personal y a la baja.

La plantilla actual de la ATC suman 18 inspectores y 35 técnicos tributarios. Pero las dos jubilaciones en el cuerpo inspector y las tres bajas por diversos motivos entre el personal técnico no han sido cubiertas en esta legislatura, por culpa de la política de recortes aplicada en toda la administración catalana. Para hacerse una idea de la pobreza de medios, la Agencia Tributaria española cuenta con 260 inspectores de Hacienda en Cataluña.

También se ha ido personal directivo. Josep Costa, el primer director de la ATC ha regresado a Hacienda, ya que en realidad estaba actuando en comisión de servicios. Ha sido sustituido en el cargo por Lluís Franco. Lo mismo ha hecho el hasta hace poco delegado en Girona.

Fuentes de la conselleria de Economía, que encabeza Andreu Mas-Colell, han relativizado estas cifras asegurando que es personal suficiente para los tributos cedidos a la Generalitat ya que los impuestos que más trabajo inspector suponen –IVA e IRPF– son competencia del Gobierno.

Por ahora no hay previsto sacar a concurso nuevas plazas para la ATC. En el embrión de lo que ha de ser la Hacienda Catalana rige el mismo criterio que para el resto de organismos públicos: congelación de personal y no cobertura de las bajas.

La ATC fue creada por Antoni Castells, conseller de Economía del tripartito. Entre sus funciones se encuentran gestionar, liquidar, inspeccionar y recaudar los tributos propios de la Generalitat y los tributos estatales cedidos totalmente a la Generalitat. En la práctica muchas de las tareas están externalizadas ante la falta de personal, como es el caso de la multas que imponen los Mossos d’Esquadra que son liquidadas por la Agencia Tributaria española.

Colaboración con las diputaciones

Para dibujar su apuesta por la ATC, Artur Mas firmó un acuerdo con las cuatro diputaciones catalanas pero hasta enero del 2013 básicamente lo que habrá es una integración de las redes informáticas, que se apunta difícil porque las de la ATC están muy por debajo de las de las diputaciones.

En teoría el acuerdo, que fue rubricado por Artur Mas en persona como parte de su puesta en escena a favor del futuro Estado catalán, ha de servir para mejorar el servicio que se da a los ciudadanos de Cataluña en el ámbito tributario y para avanzar hacia una integración de todos los niveles de la administración tributaria. Pero fuentes del mundo de la asesoría fiscal lo califican poco menos que de brindis al sol, ya que las diputaciones son parte de la administración española y porque Artur Mas sólo pudo hacerse la foto gracias a que tras el derrumbe del PSC en las últimas municipales los cuatro presidente de las diputaciones catalanas son de CiU.

La gestión que sí pesa

Las diputaciones provinciales en Cataluña gestionan cerca de 3.000 millones de euros en impuestos, básicamente correspondientes a tributos municipales en los que prestan servicios de gestión administrativa a los ayuntamientos. La Generalitat aspira a, como mínimo, cogestionar estos fondos a través de la ATC. Pero ello parece difícil en este clima de enfrentamiento entre Madrid y Barcelona.

Además, los propios ayuntamientos, incluyendo los que gobierna CiU, son poco partidarios de que la Generalitat sea la que gestione estos impuestos. De hecho las diputaciones están dotando de líneas de liquidez a los municipios, algo que una Generalitat ahogada financieramente no puede hacer. Por lo tanto, si CiU vuelve a gobernar tras el 25-N, la ATC será una de los organismos administrativos a reforzar cara al pulso independentista.