El 'conseller' Puig se negó a ponerse a las órdenes de Interior

El imponente dispositivo policial aplicado a Barcelona para preservar la seguridad durante el Primero de Mayo, la cumbre del Banco Central Europeo (BCE) que tiene lugar del 2 al 4 de mayo y el aniversario del 15-M ha provocado una pelea política entre la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central a causa de las competencias que tiene cada uno. El conflicto ha tenido una consecuencia grave: no habrá mando conjunto para la mayor operación de seguridad llevada a cabo desde los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Los Mossos d’Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil irán por separado: los primeros tendrán su propio mando operativo y los otros dos, que dependen del Ministerio de Interior, el suyo.

“Ha habido muchas tensiones políticas para montar el operativo. Por un lado, CNP y Guardia Civil quieren escenificar que vienen a suplir las carencias de los Mossos d’Esquadra. Pero desde la Consejería de Interior se ha querido demostrar que un cuerpo con 17.000 miembros puede cubrir un evento de estas características sin ningún problema”, dicen fuentes bien informadas a El Confidencial.

La tensión política fue tal que el consejero de Interior, Felip Puig, se negó a establecer un mando conjunto, al entender que le supeditaría políticamente al Gobierno Central, aunque el grueso del operativo sería responsabilidad de la Generalitat de Cataluña. Determinó, entonces, trasladar a un buen número de agentes de otras comarcas a Barcelona y a reconvertir las patrullas de los Mossos en células de información mediante minicursillos improvisados y acelerados impartidos durante la última semana. Estos cursillos tratan de paliar “cierto déficit de personal especializado” y su objetivo era formar de manera ultrarrápida a agentes en las tareas de información, para pasarlos agentes de uniforme que patrullaban calles a agentes de paisano en busca de información sobre movimientos antisistema.

Paralelamente, Puig dejó la vigilancia de los edificios públicos y de las fronteras para los refuerzos del CNP y de la Guardia Civil. Las fuentes consultadas apuntan que “el evento es competencia del Gobierno central, pero la Generalitat se negó a ponerse bajo sus órdenes”. Según estas fuentes, “el consejero quería asumir todas las funciones, cosa que el Ministerio del Interior no estaba dispuesto a facilitar, ya que también se negó a poner a sus antidisturbios bajo las órdenes de la Generalitat de Cataluña”. De ahí que las dos Administraciones tirasen por la calle de en medio y estableciesen sus propios dispositivos al margen de los rivales políticos.

Fuentes conocedoras de la organización dudan de que el reparto salomónico de tareas sea fácil de aplicar, máxime teniendo en cuenta que el CNP desplazará a Barcelona a la Unidad Central de Intervención y que tanto agentes de este cuerpo como de la Guardia Civil llevan semanas realizando labores de información y control sobre los movimientos okupas.

“En caso de alborotos ante un edifico que custodien, cargarán con su propia brigada, sin esperar a los Mossos”, señalan a este diario las fuentes consultadas. Además, enfatizan que, en caso de provocar algún conflicto con los manifestantes, “la culpa será de la Policía Autonómica, puesto que aunque la brigada sea de otro Cuerpo, esa tarea le correspondería a los Mossos y, si la hicieron ellos, fue para suplir la falta de medios de los otros. Además, pueden aducir falta de coordinación como consecuencia de la negativa del consejero Puig a establecer el mando conjunto”.

Fuentes oficiales del Ministerio del Interior y de la Consejería de Interior consultadas por este diario declinaron comentar las tensiones políticas generadas por el evento.