La guerra del agua entre Agbar y Generalitat salpica a Ferrovial

La guerra del agua que libran Agbar, por un lado, y la Generalitat, por otro, ha terminado por salpicar a un tercero: Ferrovial. El grupo de los Del Pino había conseguido el contrato para gestionar la desaladora de El Prat (que hasta ahora estaba en manos de una UTE en la que participaba Agbar, ACS y el grupo Degrémont), contrato que finalmente le ha sido retirado por la Generalitat.

Siguiendo la trayectoria errática de la administración catalana, el pasado jueves se informaba de que Cadagua, controlado por Ferrovial, conseguía la concesión de la gestión de la desaladora de El Prat. Ahora, una semana después, la Generalitat ha optado por dejar fuera a la filial de Ferrovial y que la gestión de desaladora la asuma Aigües del Ter Llobregat (ATLL), una empresa pública propiedad de la administración catalana.

Aunque el gobierno catalán ha justificado que estaba previsto en el pliego del concurso, lo cierto es que Abgar ya ha interpuesto un recurso contra esta decisión. Agbar era la compañía que había presentado la oferta más barata (233.433 euros) y la favorita para hacerse con el contrato.

Sin embargo, la Generalitat vetó su propuesta alegando que era “desproporcionadamente baja”. Es decir, que se trataba de “una baja temeraria”, algo que está prohibido por ley. Otras fuentes aseguran, que Agbar no garantizaba la continuidad de las 19 personas que ocupaba la UTE y que eso fue lo que hizo que la administración catalana se decantase finalmente por Ferrovial.

Lo cierto es que los expertos del sector abogan pura y simplemente por que la conselleria de Territorio y Sostenibilidad, que lidera Lluís Recoder, ha querido tomar represalias contra Agbar por haberse opuesto a la tasa que la Generalitat ha aplicado a las empresas de servicios de aguas en sus últimos presupuestos.

Concesión más corta de la historia

Se trataba de un concurso de seis meses, una duración inusualmente corta para gestionar una infraestructura tan grande como la desaladora de El Prat, lo que alimenta la teoría de que, en realidad, la concesión a Ferrovial fue un castigo contra Agbar por sus críticas a la nueva tasa del agua que han de abonar las empresas del sector.

Sin embargo, la Generalitat no ha podido mantener su apuesta y ha tenido que retirar la concesión a Ferrovial ante las protestas de los trabajadores de la desaladora, con lo que, después de seis días, podría haberse convertido en la concesión más corta de la historia.

Ferrovial, indiferente

En la cúpula del grupo constructor no ha importado demasiado la decisión. Después de todo, sólo son 300.000 euros, un contrato muy pequeño. Pero no se ha entendido las razones para rescindir el concurso de manera unilateral después de haberlo otorgado.

Sin embargo, en el sector se cree que la administración catalana pierde credibilidad cara a la prevista privatización de la ATLL, que espera traspasar al sector privado a cambio de que asuman los 600 millones que acumula de deuda. Si hace unas semanas ya se daba por hecho que Agbar fuese la compradora, dada la tensión entre la empresa que preside Ángel Simón con la Generalitat, ahora también habrá que descartar a Ferrovial.