El amigo de Pujol ofreció a Dorribo el negocio de las ITV catalanas

Los empresarios catalanes Sergio Pastor y Sergi Alsina, detenidos el pasado lunes en el marco de la Operación Campeón, tenían dos negocios entre manos con el empresario gallego Jorge Dorribo. El primero de ellos era la propuesta  de utilizar una de sus empresas andorranas para comprar medicamentos caducados en Cataluña, llevarlos a Andorra, actualizarlos y venderlos luego en países africanos. Ambos carecían de infraestructura empresarial para llevar a cabo este negocio, pero sabían positivamente que Dorribo podía echarles una mano.

Y aprovechando la coyuntura, le propusieron otro negocio que incluso podía ser más rentable: su introducción en el negocio de la inspección técnica de vehículos (ITV) en Cataluña. Se daba la circunstancia de que ambos conocían la intención del Gobierno de Artur Mas de anular las últimas adjudicaciones de estaciones de inspección que el Tripartito había hecho en el 2010.

En realidad, la Generalitat pretendía resolver los litigios que existen sobre una parte de las ITV de esta comunidad y convocar posteriormente dos concursos para adjudicar sendos lotes de tres estaciones de inspección de vehículos cada uno. Según pudo conocer El Confidencial de fuentes solventes, la directora del gabinete jurídico del Gobierno, Margarida Gil, y la responsable de asuntos contenciosos, Assumpta Palau, mantuvieron al menos una reunión con el empresario Ricard Puignou para hablar del tema. Contrariamente a lo que se dijo en un principio, Gil no está imputada en el caso, aunque tanto ella como Palau serán citadas a declarar como testigos.

“En esa reunión, se habló de la necesidad de que varios empresarios retirasen las impugnaciones que habían interpuesto ante al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) contra el reglamento de las ITV primero y contra el mapa catalán de las estaciones de ITV después. Una vez retiradas esas impugnaciones, la Generalitat anularía las adjudicaciones que había hecho en el año 2010 el último Gobierno Tripartito y convocaría dos concursos”, señalan a este diario fuentes conocedoras del asunto. Esas impugnaciones se habían presentado porque no se tuvieron en cuenta las cláusulas técnicas y administrativas del concurso, por lo que se modificaron los criterios adjudicadores .Por ese motivo, el TSJC paralizó la apertura de las seis estaciones.

Toda la maquinaria en marcha

Fuentes conocedores de la operación señalan que Gil y Palau optaron por Puignou como interlocutor porque había tenido responsabilidades en Applus, la compañía mayoritaria del sector, y está considerado uno de los mayores expertos mundiales en ITV. Paralelamente, la Administración puso en marcha toda su maquinaria para realizar la operación planeada de convocatoria de dos concursos.

Por ello, encargó oficiosamente a Josep Tous, uno de los detenidos el pasado lunes, que contactase con todos los operadores que habían participado en los concursos, tanto los adjudicatarios como los impugnadores, para tratar de llegar a un acuerdo que solucionase el litigio y se retirasen las demandas ante el TSJC. Tous, actual coordinador general de la Diputación de Barcelona, había sido director general de Seguridad Industrial de la Generalitat en el último Gobierno de Jordi Pujol y también es un experto en la materia. Fuentes cercanas al alto cargo ratifican a este diario el encargo que le hicieron desde la Administración. La Generalitat movilizó, asimismo, a Isidre Masalles, el actual subdirector general de Seguridad Industrial, para que hablase con todos, ya que es el actual responsable de este tema en el Gobierno.

“El único modo de solucionar el problema es acabar con el litigio, ya que en estos momentos hay una serie de estaciones de servicio que no pueden ponerse en marcha porque el TSJC ha dictado unas medidas cautelares de suspensión. Pero si esto se alarga y luego un tribunal superior falla a favor de los empresarios a los que fueron concedidas estas estaciones, el Gobierno tendrá un gran problema, pues deberá indemnizarlos por el lucro cesante, es decir, por el dinero que han dejado de ganar en estos años en que ha estado paralizado el tema”, señalan las mismas fuentes. Otras fuentes cercanas al Gobierno corroboran esta versión: ”Hay gente que ha hecho una inversión importante y que necesitan que se tomen medidas, porque tienen su dinero paralizado”.

Pero ahí es donde los otros dos empresarios detenidos, Sergio Pastor y Sergi Alsina, entran en escena, ya que ofrecieron al empresario gallego Jorge Dorribo la posibilidad de entrar en el mercado de la inspección de vehículos, como socio de la alemana Tüv Rheinland, si los concursos se llegaban a hacer. Pastor se apoyó en la amistad de Alsina con el actual secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol (eran compañeros de clase en el IESE), para tratar de convencer a Dorribo de que tenían buenos contactos en el Gobierno catalán y que había posibilidades de entrar en el negocio. Y de ahí, según las fuentes citadas, que el nombre de éste aparezca en el sumario.