PP Y CIUTADANS, CONTRA LAS ‘SUBVENCIONES IDEOLÓGICAS’

Crónicas del despilfarro: el dispendio identitario hipotecó Cataluña

Cataluña ha abierto camino en las duras decisiones de recortes de gasto público para cuadrar el déficit. Al Gobierno que encabeza Artur Mas no le ha

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Crónicas del despilfarro: el dispendio identitario hipotecó Cataluña

Cataluña ha abierto camino en las duras decisiones de recortes de gasto público para cuadrar el déficit. Al Gobierno que encabeza Artur Mas no le ha temblado el pulso al reducir salarios de empleados públicos, paralizar inversiones o recortar servicios públicos como la sanidad. Pero siguen incólumes, en su mayor parte, las ‘subvenciones ideológicas’.

Y ahí es donde los partidos de la oposición difieren de su valoración a la hora de calificar los recortes. Mientras los antiguos integrantes del Tripartito obvian la cuestión, PP y Ciutadans presionan para que las ayudas identitarias se reduzcan. “Una de nuestras condiciones para apoyar al Gobierno de CiU es dar prioridad a la salida de la crisis y, para ello, se ha de cerrar el grifo a las subvenciones ideológicas, que suponen una sangría para las arcas públicas y son tirar el dinero”, dice a El Confidencial un miembro de la cúpula del PP.

Cataluña, nadie lo duda, tiene una realidad muy diferente a la de otras comunidades autónomas, con una lengua propia, una cultura tradicional muy arraigada y un autogobierno con más competencias que otras. Y también tiene 7,4 millones de habitantes, un millón de ellos llegados durante la última década. Además, estas peculiaridades han hecho consolidarse un espectro nacionalista y soberanista que no tiene parangón con otras zonas, si exceptuamos el País Vasco.

Por ello, las señas identitarias de la comunidad han sido una constante los últimos años. Y a reforzar estas señas de identidad se han dedicado muchos esfuerzos económicos y políticos en los últimos tiempos. Los números que se manejan son importantes: con un PIB de casi 210.000 millones de euros, los presupuestos del 2012 superarán los 37.000 millones de euros, de los que casi 2.000 millones se han de destinar a pagar intereses de la deuda acumulada durante los últimos años. Porque la deuda pública, la principal rémora de la economía catalana, llegará a los 41.700 millones de euros en el 2012. Aun así, el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, espera reducir el déficit de 8.300 millones en el 2010 a sólo 2.700 millones de euros (o sea, el 1,3% del PIB) a finales del 2012.

Otra cosa es cómo se llevan a cabo los recortes necesarios para el cumplimiento del déficit. Para comprender los parámetros que se aplican, no se pueden obviar las particularidades de Cataluña.

En el plano estructural, Cataluña dispone de organismos que otras comunidades no tienen, como los consejos comarcales. También tiene un potente sector público de medios de comunicación encabezados por TV3 y Catalunya Ràdio. Y, por si fuera poco, mantiene tres oficinas de ex presidentes que por ley tienen asignado un sueldo vitalicio y un equipo de personas cuyos salarios son sufragados con fondos públicos. Además, mantiene una importante estructura en el exterior, con polémicas embajadas que muy recientemente han sido despojadas de su contenido político para adaptarlas a un cometido más comercial y que funcionen como oficinas comerciales en el extranjero.

Burocracia administrativa

Todo ello, comporta un gasto importante. Los 41 consejos comarcales, por ejemplo, suponen un gasto de 556 millones anuales. Estos entes supramunicipales sólo existen en esta comunidad, en Aragón y en Castilla-León. Y, sólo en Cataluña, emplean a 1.050 consejeros en representación  de todos los partidos. Lo cierto, sin embargo, es que desde algunos sectores se critica su función, ya que duplican competencias de diputaciones y ayuntamientos. Pero esa figura persistirá porque interesa políticamente. Por algo fueron creados los consejos por Jordi Pujol en los años 80 como contrapeso a la hegemonía municipal de los socialistas.

Recortes en TV3

Respecto a la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), el presupuesto insuflado desde las arcas públicas para este año fue de 300 millones de euros (en 2010 había sido de 350 millones), sobre un presupuesto total de 700 millones de euros. La caída de la publicidad, sin embargo, ha sumido a los medios públicos en una difícil situación financiera. Para afrontar la crisis, Mas sigue podando las ramas del árbol de la comunicación: en el 2012 el presupuesto público destinado a la CCMA será de ‘sólo’ 260 millones. Hasta ahora, se ha recortado el sueldo a los 2.700 empleados. La Corporación también puso a la venta diversos inmuebles el pasado noviembre para enjugar déficit, pero las subastas quedaron desiertas. Ahora, se prevén cerrar dos de los seis canales televisivos e incluso peligra la emisión de fútbol en abierto, aunque nadie puede afirmar que estas medidas sirvan para sanear su economía.

Oficinas de los ex presidentes

Las oficinas de los ex presidentes son otro foco de polémica. Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla disponen de despacho en el que tienen a tres ayudantes. Todo ello, sufragado por el erario público. Y vitaliciamente. Sólo seis comunidades tratan así a sus ex mandatarios: Cataluña, País Vasco, Andalucía, Extremadura, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. De momento, Montilla ha renunciado al sueldo que le corresponde (unos 120.000 euros), ya que cobrará por ser senador. En los presupuestos del 2012, se consignan para las asignaciones de ex presidentes de la Generalitat y del Parlamento 660.000 euros, a los que hay que añadir otra partida de 184.000 euros de gastos.

Las ‘embajadas’ catalanas

Las embajadas que la Generalitat tiene abiertas en el exterior (oficinas en Berlín, París, Londres, Bruselas y Nueva York, y hasta hace unos días, Buenos Aires) disparan también el gasto. Impulsadas por el ex vicepresidente del Gobierno, Josep Lluís Carod-Rovira, el anterior Gobierno ocultó el coste que suponía para las cuentas públicas, aunque el gasto total que supusieron desde su implantación hasta el fin del Tripartito fue de 25 millones de euros. Pero si contamos que sólo los respectivos delegados tienen rango de director general, el sueldo de cada uno supera los 80.000 euros. A ello hay que sumar los millonarios alquileres de las sedes (en París, está cerca del Arco de Triunfo y en Nueva York, en el Rockefeller Center) y los salarios de las secretarias y de las personas que componen sus plantillas. La partida destinada a “delegaciones, oficinas y misiones exteriores” de la Secretaría de Asuntos Exteriores reservada para el 2012 es de 1,1 millones de euros.

De toda la estructura que tiene la Generalitat, las embajadas, la CCMA y los consejos comarcales son quienes más han suscitado críticas de la oposición, especialmente del PP y de Ciutadans. Los populares impusieron a Mas que, a cambio de su apoyo parlamentario, debía reducir gastos en estas estructuras. De momento, la Generalitat ha aplicado medidas de contención con los recortes en el presupuesto de los medios, la supresión de la embajada de Buenos Aires y la reconversión de las demás embajadas en oficinas eminentemente comerciales.

Millonarias subvenciones a los soberanistas

Otra cosa son lo que desde PP y Ciutadans se denominan “subvenciones ideológicas”: las que hacen referencia a las ayudas millonarias a las selecciones catalanas o a determinados grupos catalanistas, como Acció Cultural del País Valencià, que durante la última década ha recibido de las arcas públicas catalanas alrededor de 20 millones de euros para hacer campaña del catalán en Valencia. La Audiencia Nacional investiga la concesión de estas ayudas y el imperio económico que su impulsor, Eliseu Climent, forjó a lo largo de los últimos años.

Sus mayores cosechas fueron durante la época del Tripartito, cuando gran parte de estas subvenciones estaban controladas por Carod-Rovira. òmnium Cultural es otra de las entidades que se ha beneficiado de un chorro de millones. Durante la época del Tripartito, ingresó unos 8 millones de euros. El Gobierno le ayudó a pagar su sede (le dio de una tacada 600.000 euros) e incluso le ayudó a pagar los intereses del préstamo que solicitó. Pequeños grupos soberanistas también se han puesto las botas durante los últimos años con subvenciones que han supuesto millones de euros en gasto para campañas a favor de la lengua catalana o del etiquetaje en catalán, por ejemplo. Y lo mismo cabe decir de la Plataforma Pro Selecciones Deportivas Catalanas, que ha recibido varios millones de euros durante los últimos años para luego pagar viajes de sus directivos por todo el mundo, informes a políticos amigos (su peso en oro), estancias en Barcelona de directivos deportivos americanos o africanos, desplazamientos de selecciones de otros países, etcétera.

La mayoría de estas asociaciones, además, han sido duramente criticadas por haber puesto en marcha campañas contra temas españoles y haberse posicionado a favor de la independencia de Cataluña. òmnium, por ejemplo, pidió hace unos meses la insumisión fiscal si el Gobierno de Madrid no paga lo que debe a la Generalitat (759 millones de euros por la disposición adicional tercera del Estatuto y 1.450 millones del Fondo de Competitividad). Y la Plataforma Pro Selecciones impulsó campañas de boicot al himno de España. En menor medida afectan otras iniciativas, como la obligatoriedad de rotular, como mínimo, en catalán los comercios, o las traducciones al catalán de las películas de cine. Las dos leyes que regulan estas actividades suponen un desembolso al sector privado, pero apenas afectan a las arcas del sector público, ya que a doblaje se destinan unos 12 millones de euros al año de las arcas públicas.

Asesores, informes extraños, sueldos…

Los extraños informes encargados por el Gobierno (media docena de consejerías eran sospechosas de encargar informes inútiles) también han sido materia de debate: llegaron a disparar el gasto en informes y asesorías hasta llegar a los 300 millones de euros. Con Artur Mas, la cosa se moderó, aunque los recortes prometidos de altos cargos no fueron tal y como se intentó hacer ver: la mayoría de los asesores que contrató CiU fueron “recalificados” a las pocas semanas con sueldos muy superiores a los inicialmente previstos. Además, comenzaron a contratarse altos cargos familiares de dirigentes convergentes. En total, el gasto del Gobierno en altos cargos y personal eventual el próximo año será de 35 millones de euros. De ellos, caben destacar los 6,7 millones que percibirán los altos cargos del Parlamento autonómico. Presidencia de la Generalitat pagará también 2,8 millones a altos cargos y 2,9 millones a personal de confianza. Esta partida es sensiblemente más alta que las de las demás consejerías porque bajo el manto de presidencia se han ubicado áreas como Exteriores, Comunicación o Deportes que antes estaban distribuidas entre todos los departamentos.

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