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El fiscal acusa al abogado Cuatrecasas de un fraude de 3,8 millones
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POR SIMULAR CONTRATOS CON SUS PROPIAS EMPRESAS

El fiscal acusa al abogado Cuatrecasas de un fraude de 3,8 millones

La Fiscalía de Barcelona ha interpuesto una querella criminal por un supuesto fraude fiscal contra Emilio Cuatrecasas, abogado y experto en asesoría fiscal, cabeza visible de

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El fiscal acusa al abogado Cuatrecasas de un fraude de 3,8 millones

La Fiscalía de Barcelona ha interpuesto una querella criminal por un supuesto fraude fiscal contra Emilio Cuatrecasas, abogado y experto en asesoría fiscal, cabeza visible de uno de los bufetes más influyentes de España, con sede en Barcelona. Según el fiscal, el insigne letrado orquestó “un sofisticado artificio negocial dirigido a camuflar frente a la Hacienda pública el provento obtenido en diferentes ejercicios e impuestos realizándolo con patente finalidad de subrepción”.

La querella subraya que la situación irregular se prolonga desde el año 1991 y que la finalidad del abogado “no fue otra que, a través de una sucesión de negocios simulados, mostrar ante el fisco una realidad económica falsa, aparentando que su patrimonio personal y familiar se hallaba afecto a una actividad económica de tal manera que, por medio de sedicentes contratos de arrendamiento, tanto las diferentes viviendas propiedad de la familia, el barco de recreo, el mobiliario, el personal de servicio, los viajes y en definitiva todos los gatos propios del consumo personal y familiar se conceptuaron como gastos vinculados a una actividad empresarial, consiguiendo con ello su deducción en la contabilidad de la sociedad, con el correspondiente fraude fiscal en el seno de la misma y evitando la tributación en su propio IRPF. Junto a este proceder, también dispuso mediante una trama de sociedades evitar la tributación por el Impuesto sobre el patrimonio”.

La querella se dirige, además de contra el abogado, contra las empresas Emesa SL y BC Property y Unión CB SL, así como contra su esposa, Mercedes Barceló, “beneficiaria a título lucrativo”. El monto presuntamente defraudado se eleva a más de 3,8 millones de euros.

Según el escrito de acusación, Cuatrecasas controlaba la sociedad Emesa. Ésta, a su vez era propiedad de la empresa suiza BC Property, que a su vez pertenecía a Unión CB SL. Esta última era propiedad del abogado, de su esposa y de sus tres hijas hasta el 27 de julio del 2007. En esa fecha, las acciones de Unión CB fueron asumidas por Emilio Cuatrecasas como consecuencia de su divorcio. Esta compañía, cuya única finalidad era tener las acciones de la otra empresa, retribuyó durante años a Mercedes Barceló por servicios que ésta dijo que nunca había realizado. Supuestamente, la esposa, que es doctora, recibió diferentes cantidades por la “supervisión y coordinación de actividades de inversión, inmobiliarias y financieras de Emesa”. “La única finalidad al reflejar estas retribuciones es la de aparentar que Unión CB era una empresa activa y no una mera tenedora de acciones y ello, pura y simplemente, para eludir la tributación por el Impuesto sobre el Patrimonio”.

Cuatrecasas, experto en fiscalidad, dividió Emesa en tres ramas. Por un lado, esta sociedad era propietaria de diferentes inmuebles que explotaba en régimen de arrendamiento y, además, poseía acciones de otras mercantiles que le reportaban dividendos. Un segundo uso era la facturación al bufete Cuatrecasas Gonçalvez Pereira de los honorarios profesionales de Emilio Cuatrecasas como abogado durante el año 2008, emolumentos que hasta entonces había percibido a través de otra compañía, Almerers. La última utilidad que le daba a Emesa era la de “incluir en su activo todos los bienes de uso y disfrute exclusivamente personal y familiar. Es en este aspecto donde se detectan las operaciones a las que se atribuye carácter delictivo”, narra la querella.

Contratos fingidos

Lo que hacía el abogado era fingir que los inmuebles era alquilados por él mismo a Emesa. Entre otros contratos, estaba el de su vivienda habitual hasta su divorcio y su segunda vivienda, en el Valle de Arán. La compañía era también la propietaria de un ático en pleno Paseo de Gracia, en el centro de Barcelona, con cinco plazas de garaje y trasteros, que compró por 9,3 millones y alquiló al abogado tras su divorcio. También puso a nombre de Emesa una finca en plena Costa Brava que le había costado más de 7,7 millones de euros, así como un yate y dos amarres en Mataró por valor de seis millones de euros, y nueve automóviles. Todos estos bienes eran alquilados por la sociedad a su propietario. Además, la empresa se encargaba de “toda clase de gastos anejos al uso corriente de los bienes destinados a la utilización personal del querellado, ya fueran por adquisición de mobiliario, electrodomésticos, decoración, consumos y mantenimiento en general, incluyendo el personal de servicio y la tripulación de la embarcación, esta última compuesta por 8 personas”. También cargaba a nombre de Emesa viajes, restaurantes o gastos con la Visa “los cuales no tenían relación alguna con la actividad”.

La querella destaca que los contratos de arrendamiento de estos bienes eran solamente una simulación, ya que “las cláusulas de los contratos de las viviendas son absolutamente inusuales. Emesa, como arrendador, se compromete a satisfacer sin límite previo toda clase de gastos de mobiliario, servicio doméstico, mantenimiento, jardinería, lavado, consumos sin límite de agua, gas y electricidad”. Con la embarcación ocurre lo mismo; y con los vehículos, se desconoce qué ocurría, ya que no existen contratos de arrendamiento.

En resumen, como dice el fiscal, “las entregas [de dinero] del querellado a Emesa eran, valga la expresión, un pago ‘del bolsillo izquierdo al bolsillo derecho’ (...) Con tal configuración patrimonial, resulta irrelevante que ingrese esporádicamente cantidades de dinero en Emesa, cualquiera que sea el motivo que invoque, si luego puede disponer sin limitación alguna de la suma así ingresada”.

También reseña que en los ingresos que hacía no especificaba el concepto de qué alquiler pagaba, aunque sí destaca el hecho de que el grueso de esos ingresos se realizaba no en dinero en efectivo, sino “mediante cesión de créditos que el querellado ostenta contra el despacho de abogados”.

La Fiscalía cuantifica en 828.000 euros el fraude en concepto de IVA, más de 312.000 euros en el Impuesto de Sociedades y 775.000 en el IRPF. En el Impuesto de Patrimonio, la deuda que le reclama supera los 1,9 millones de euros, aunque casi 143.000 euros corresponden a su ex esposa.

La Fiscalía de Barcelona ha interpuesto una querella criminal por un supuesto fraude fiscal contra Emilio Cuatrecasas, abogado y experto en asesoría fiscal, cabeza visible de uno de los bufetes más influyentes de España, con sede en Barcelona. Según el fiscal, el insigne letrado orquestó “un sofisticado artificio negocial dirigido a camuflar frente a la Hacienda pública el provento obtenido en diferentes ejercicios e impuestos realizándolo con patente finalidad de subrepción”.