Mossos d’Esquadra: conflictos con la cúpula política y guerra sin cuartel entre sindicatos

En poco más de 7 años, el número de policías autonómicos de Cataluña casi se ha doblado, pasando de unos 8.000 a más de 15.000 agentes. Durante las últimas legislaturas, las administraciones llegaron a un acuerdo para el despliegue definitivo de los Mossos d’Esquadra por todo el territorio catalán, asumiendo funciones hasta ese momento reservadas a la Guardia Civil o al Cuerpo Nacional de Policía. Para algunos, este despliegue acelerado propició que se cometieran errores de bulto. “Es lógico -dice un experto en seguridad consultado por El Confidencial-. El Cuerpo de los Mossos d’Esquadra es joven y pasó a estar integrado exclusivamente por gente recién salida de la Escuela de Policía y sin experiencia. En cambio, la Guardia Civil, por ejemplo, era un Cuerpo con una larga trayectoria de servicio público”.

Esta inexperiencia, unida durante los últimos años a un enfrentamiento constante entre la cúpula política de la Consejería de Interior con los agentes y los sindicatos, puso permanentemente a los Mossos en el disparadero. El ecosocialista Joan Saura, que asumió la cartera en el año 2006, cuando José Montilla formó gobierno, no dejó buen recuerdo en el Cuerpo. Ni él, ni su brazo derecho, Joan Boada, hablaron nunca el mismo lenguaje que los policías. “Vamos a hacer una seguridad de izquierdas”, advirtió Saura al llegar a Interior. Pero se le notó precisamente la falta de mano izquierda a la hora de abordar el desarrollo del Cuerpo.

Los continuos posicionamientos de Saura en contra de la “violencia policial” dio alas a los movimientos antisistema para elegir Barcelona como la capital europea de las protestas. Desde la Consejería se funcionaba a golpe de imagen. Y de ahí que se dictasen órdenes contradictorias. Si los Mossos d’Esquadra cargaban contundentemente contra los estudiantes que protestaban contra el plan Bolonia, a la siguiente protesta recibían órdenes de no mover ni un dedo para evitar las críticas de brutalidad.

El clímax de los enfrentamientos llegó cuando Saura instaló cámaras ocultas en las comisarías para descubrir malos tratos policiales. Y no tuvo mejor idea que presentar las grabaciones en rueda de prensa, antes incluso de enseñarlas a los agentes. Fue un tanto político que se quiso apuntar el consejero. Lo malo es que todas las grabaciones habían sido “condensadas” y omitían actitudes hostiles de los detenidos, en algunos casos importantes para valorar la actitud de los policías. De ahí que luego la justicia absolviese de las acusaciones de tortura y malos tratos a los agentes. Todo ello provocó las primeras manifestaciones de policías contra sus jefes políticos.

La estrategia de Saura, sin embargo, tuvo sus frutos. Puso en el disparadero a los Mossos d’Esquadra: comenzaron a ser vistos como una policía inexperta, con actitudes intolerables y con un agravio comparativo en relación con los otros cuerpos y fuerzas de seguridad, ya que su salario era superior a los de los policías nacionales, guardias urbanos y, sobre todo, de los guardias civiles. Las cargas policiales contra los estudiantes de Bolonia provocaron, en abril del 2009, el cese del director general de la Policía, Daniel Olmos. Pero ni el secretario de Seguridad, Joan Delort (curiosamente, repescado por Xavier Trias para hacerse cargo ahora de la seguridad en el Ayuntamiento de Barcelona), ni los restantes responsables políticos de Interior dejaron sus sillones.

A la caza del agente

El Sindicat de Policies de Catalunya (SPC) llegó a acusar a la cúpula de Interior de ir a la caza de los agentes a través de la oscura División de Asuntos Internos. Dos mossos presentaron una querella criminal, el pasado mes de octubre, contra un agente, un sargento y un cabo de esta división, tras haber ido a la cárcel y ser absueltos. Les acusaban de detención ilegal, coacciones, acusación y denuncia falsa, torturas y falsedad documental. Un juzgado de Barcelona rechazó la querella, pero esta semana la Audiencia de Barcelona ordenó su admisión a trámite y que se practiquen diligencias. O sea, un misil a la línea de flotación política de la Consejería, cuyas consecuencias finales están por ver, ya que dependiendo de lo que declaren los testigos -entre ellos, el ex director de la Policía, Daniel Olmos-, se puede ampliar la querella al propio Joan Saura y a otros responsables del Departamento.

Con el cambio de Gobierno, la cúpula de Interior cambió su estrategia como de la noche al día. El nacionalista Felip Puig adoptó una actitud radicalmente opuesta a la de Saura. Tanto es así que durante el desalojo temporal de la plaza de Cataluña el pasado 27 de mayo, los mossos cargaron contundentemente contra los acampados y Puig salió inmediatamente en defensa de sus subordinados.

Esta misma semana, el Síndic de Greuges (defensor del Pueblo catalán), Rafael Ribó, emitió un duro informe sobre los incidentes de ese día, contraponiendo la actitud beligerante del Cuerpo en ese desalojo pero criticando que no garantizase el paso de los diputados al Parlamento el 15 de junio, cuando la Cámara fue sitiada por varios miles de indignados que vejaron y agredieron a los representantes políticos. Claro que Ribó era compañero de filas de Joan Saura. En su informe, pedía que Puig investigase la utilización indiscriminada de la fuerza, al tiempo que denunciaba la falta de coordinación con la Guardia Urbana, el decomiso de objetos que había en la plaza y que no eran peligrosos o la falta de identificación de los agentes antidisturbios. El consejero admitió que había habido errores de planificación pero defendió la actitud de los agentes. Entre otras cosas, porque de los 121 heridos, 37 de ellos eran policías, lo cual demuestra que hubo un intercambio de hostilidades y que no sólo los agentes se dedicaron a repartir leña.

Pero los problemas de los Mossos d’Esquadra no son sólo de imagen. El colectivo tiene cuestiones internas a las que ha de hacer frente. El Gobierno catalán, por ejemplo, quería hacer que ellos mismos se comprasen los chalecos antibalas. O sea, unos 800 euros por cabeza. Tras arduas negociaciones, Saura hizo una oferta: el Gobierno les pagaría sólo el 40%. En plenas negociaciones, hubo cambio de Gobierno y vuelta a empezar. Los agentes se escudan en que todos los gobiernos subvencionan los chalecos. ¿Por qué los Mossos d’Esquadra van a ser diferentes? De momento, ya ha habido heridos por culpa de no tener esta prenda, en ocasiones necesaria para garantizar la seguridad de los policías.

Elecciones sindicales: querellas cruzadas

Por si fuera poco, el próximo día 25 de junio se celebran elecciones sindicales en el Cuerpo. Y las espaldas están en alto. Acusaciones de corrupción entre sindicatos han provocado un cruce de querellas que ya están en manos de los jueces. El Sindicat Autònom de Policies (SAP-UGT) es la organización mayoritaria. El 50% de los representantes sindicales en el Consejo de la Policía son suyos. Además, en esta ocasión se presenta en coalición con el Sindicat dels Mossos d’Esquadra (SME-CCOO).

Desde el Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), se acusó a esta candidatura de comprar votos. En concreto, una carta dirigida a la Mesa electoral denunciaba que SAP realizaba encuentros con agentes y, a cambio de que solicitasen el voto por correo y le diesen el resguardo, les regalaba un kit valorado en 60 euros con una linterna, una funda de pistola, una llave de esposas, una navaja y una herramienta para cortar cinturones de seguridad. Desde el SAP se niega rotundamente cualquier compra de votos, argumentando que lo único que hace el sindicato es recoger solicitudes de voto por correo, ya que este sistema es necesario “para asegurar la participación de un colectivo que trabaja a turnos y que mayoritariamente no reside en la localidad donde trabaja”. A la denuncia de SPC contra el SAP se unen ahora dos querellas contra de éste contra el SPC y contra su portavoz, a los que acusa de injurias.

La propia consejería medió en el conflicto esta semana: Felip Puig envió una carta al director de Correos pidiendo se compruebe, DNI en mano, quién emite los votos por correo. Con ello, intenta evitar que los miembros del sindicato sean los que envíen los votos a la mesa electoral en vez de los propios interesados.

La Fundación fantasma

Pero eso no es todo. Algunas informaciones apuntan también ahora a una supuesta fundación impulsada por el SAP en el año 2008 bajo el nombre de Fundación Santos Santamaría, en honor del agente muerto por una bomba de ETA en Roses en el año 2001. Esta fundación realizó incluso una primera recogida de fondos el año de su creación: 9.600 euros. Pero desde entonces ni se ha inscrito en ningún registro ni se supo nunca nada más. Su objetivo era “implicar a todos los sindicatos y a la Administración para ser un instrumento de apoyo a la tarea policial y mejorar la imagen de los Mossos d’Esquadra, así como dar apoyo psicológico, económico o de otro tipo a los agentes y familiares de los mossos en caso de muerte, lesiones u otro tipo de incidentes laborales”. Además, en aquel momento, el padre de Santos Santamaría estaba en la cúpula de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT).

Desde algunos sectores policiales se acusa ahora al SAP de oscurantismo, aunque desde este sindicato se responde diciendo que ha ofrecido a los demás sindicatos integrarse en el Patronato. Sólo el SME reconoce que ha habido alguna conversación con el SAP hace varios meses. “El tema cogió fuerza y luego se quedó en stand-by, aunque sigue sobre la mesa. Estamos dispuestos a colaborar, pero juntar a los sindicatos es complicado”. Desde el SPC se asegura, sin embargo, que no saben nada de seguir adelante con el proyecto y que cuando se lo presentaron se negaron incluso a negociar los estatutos de la fundación, que quedaba exclusivamente bajo el control del SAP. Tampoco el presidente de la Acvot en el momento de presentar la Fundación, Roberto Manrique, sabe nada del tema. “Se habló en su momento y luego no se movió más el asunto, por lo menos hasta que yo dejé el cargo en el 2009”, asegura.

Desde el SAP, sin embargo, afirman que la Fundación irá adelante, aunque en estos momentos existen intereses por las cercanas elecciones sindicales que dificultan un acuerdo con el resto de fuerzas sindicales. Lo cierto, sin embargo es que, una vez normalizadas las relaciones de los agentes con la cúpula política, los problemas han emergido por donde menos se lo esperaban: los desencuentros han germinado entre los propios compañeros.