CiU buscará aliarse con ERC y Solidaritat para negociar el pacto fiscal para Cataluña

Después de las elecciones generales del 2012, los nacionalistas catalanes plantearán al gobierno que salga elegido de las urnas la negociación de un pacto fiscal para Cataluña. “Es irrenunciable”, señalan fuentes de Convergència i Unió (CiU) a El Confidencial. La formación que lidera Artur Mas intentará que el proyecto que se presente en Madrid “tenga el máximo de apoyos” entre los partidos políticos catalanes. Pero va a ser un proceso difícil en el que un segmento del arco parlamentario no entrará. Sin embargo, la baza que guarda en la manga es que se sumen, al menos a esa propuesta, los partidos independentistas, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Solidaritat Catalana per la Independència (SI). Los convergentes ya han abierto la puerta a que ello ocurra al aprobar la propuesta de Esquerra de crear una comisón parlamentaria sobre el concierto económico y pactar con los republicanos el funcionamiento de la misma.

A CiU no le preocupa plasmar un frente nacionalista en este tema y cree que puede compaginarlo con acuerdos puntuales con el PSC y el PP en diversos asuntos económicos y sociales que se deriven de la acción de gobierno. “Es perfectamente viable el exigir el pacto fiscal apoyado por ERC y SI mientras gobernamos pactando con otras fuerzas. Además, los postulados de estos dos partidos son perfectamente asumibles, por lo que no tendremos muchos problemas para llegar a un acuerdo. Otra cosa es el timing, pero eso no supondrá ningún obstáculo”, añaden las mismas fuentes. Es más, en realidad, a los convergentes les conviene visualizar el tema identitario y abanderar la “defensa de Cataluña” ante el Gobierno central para contentar a un importante segmento de su electorado.

Sobre este tema, el portavoz de SI, Uriel Bertran, aseguró esta semana que su formación pedirá al Gobierno catalán que, antes de negociar “el concierto económico” con el Estado, convoque una consulta popular para que los ciudadanos lo avalen. Con ello, el diputado independentista quiere evitar otro caso como el del Estatut. “Primero, la consulta y la fuerza ciudadana para que Madrid no pueda retocar nada”, enfatizó.

Se da la circunstancia, sin embargo, de que legalmente el Gobierno no puede hacerlo. “Queremos regular para que la Generalitat pueda convocar consultas, porque no tiene sentido que sí lo pueda hacer el Gobierno central e incluso los ayuntamientos pero no lo pueda hacer el Gobierno autonómico -afirman fuentes de CiU-. Por tanto, hemos de tener un marco legal que lo permita”. Aun así, eso no quiere decir que, en el caso de a lo largo de 2011 se pueda legislar sobre la materia, el referéndum se llegue a convocar, ya que ésa será una cuestión que dependerá de la coyuntura del momento.

La solidaridad “bien entendida”

De lo que no tiene duda CiU es de que urge poner en orden las cuentas de la Generalitat. Porque, para los convergentes, si hubiese un pacto fiscal con Cataluña, el Gobierno autonómico no tendría los problemas de tesorería que tiene ahora. El pasado miércoles, según publicó el diario El País, el Ejecutivo de Mas intentó colocar 500 millones de euros entre grandes inversores a un interés del 5,5% a dos años, casi el doble de lo que se remunera la deuda del Estado, que es del 2,85%. Pero no pudo, y eso que el Estado sí colocó 5.500 millones de euros en el mercado el pasado martes. La cerrazón de los mercados, unido al desplome de las bolsas mundiales por la situación en Japón, ha significado un duro revés a las intenciones de la Generalitat.

Por ello, la situación es cada vez más apremiante. “Este pacto es más urgente que nunca en estos momentos”, afirma a El Confidencial Jordi Turull, portavoz de CiU en el Parlamento catalán. Y ya no se trata sólo de números. La dificultad para llegar a un acuerdo radica en que, “en el fondo, el pacto fiscal trata de quién recauda y quién gestiona. En otras palabras, es una cuestión de poder político y de capacidad”. El acuerdo que pretende Convergència, por ejemplo, permitiría a la Generalitat recaudar todos los impuestos y pagar luego al Gobierno central lo que le correspondiese, algo similar a lo que ocurre en el País Vasco y Navarra, aunque con menos atribuciones.

Pero paralelo al tema del pacto fiscal discurre el de las aportaciones que Cataluña hace a la caja de solidaridad interterritorial -a la que País Vasco y Navarra no cotizan-. Los nacionalistas catalanes exigen limitar la cuota a un techo máximo del 4% del PIB de Cataluña. “A nosotros nos faltan recursos porque tenemos que dar determinados servicios a los ciudadanos. No podemos tener una cuota que lo único que hace es empobrecer a Cataluña”, afirma Turull.