Mas repesca para su Gobierno a un condenado por malversación que indultó Aznar

El Gobierno catalán que preside Artur Mas ha conseguido en los últimos días levantar ruido mediático por toda una serie de nombramientos que han sido criticados con dureza por la oposición e incluso por ciertos círculos de Convergència i Unió (CiU). El último de ellos ha sido la elección de Juan Prat y Coll como nuevo delegado de la Generalitat ante la Unión Europea. Prat fue embajador de España ante la ONU entre los años 2000 y 2004, cuando José María Aznar ocupaba la Moncloa. Diplomático de carrera, a finales de los 80 ejerció como jefe de gabinete de Abel Matutes (posterior ministro de Asuntos Exteriores con Aznar) cuando éste era ministro de la CE.

Su nombramiento no ha sido criticado por los populares, pero sí por la izquierda catalana. La portavoz de Esquerra Republicana en el Parlamento catalán, Anna Simó, fue la primera en atacar la decisión de Mas, al señalar que Prat “fue un hombre de confianza de Aznar (…) que defendió hasta quedarse sin voz la invasión de Irak”.

La suya no es la única elección polémica. También ha suscitado críticas la designación de Ramon Bonastre como director general de Relaciones Laborales y Calidad en el Trabajo. En los años 90, Bonastre fue condenado por la Audiencia Provincial de Tarragona “como autor de un delito de malversación de caudales públicos, a la pena de un año de prisión menor e inhabilitación absoluta durante seis años y un día con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena”. 

El 20 de junio de 1997, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, presentó en el Consejo de Ministros un informe favorable a su petición de indulto. El Gobierno de Aznar hizo caso a su ministra e indultó a Bonastre “a condición de que no vuelva a cometer delito doloso durante el tiempo de normal cumplimiento de la condena”. Bonastre había sido jefe de gabinete del consejero de Gobernación entre 2001 y 2002 y jefe de gabinete del consejero de Justicia e Interior en 2003. En ese año, fue nombrado director general de Emergencias y Seguridad Civil y posteriormente pasó a jefe de área de Políticas Sindicales del departamento de Innovación, Universidades y Empresa hasta el 2009.

Por otra parte, Susanna Bouis, ex delegada del Gobierno en Cataluña y que también procede de las filas del PP, será la nueva directora general de Función Pública. Bouis, que había sustituido a Julia García Valdecasas cuando ésta fue nombrada ministra de Administraciones Públicas por Aznar, es la esposa de Josep Martí, desde este martes nuevo secretario de Comunicación de la Generalitat tras haber ejercido como director de comunicación de la subdelegación del Gobierno en Tarragona.

Las sagas familiares

Las sagas familiares parecen ser el pan de cada día en esta primeriza etapa del nuevo Ejecutivo catalán. Vuelven a estar en primer plano los nombramientos de allegados para cargos de responsabilidad. Uno de ellos es Oriol Puig, hermano del consejero de Interior, Felip Puig, que acaba de ser designado director del Servicio Meteorológico de Cataluña, lo que levantó airadas críticas desde otras formaciones, especialmente las que habían formado parte del Tripartito. Aún se recuerda el revuelo formado por haber incluido en la estructura del Gobierno a los hermanos de Pasqual Maragall, de Joaquim Nadal y de Josep LLuís Carod-Rovira. El consejero salió ayer en defensa de este nombramiento recordando que los otros hermanísimos habían sido nombrados directamente por sus familiares en los departamentos que dependían de ellos, mientras que a Oriol Puig lo ha nombrado “otro consejero y no dependerá de mí”. Además, recordó la trayectoria de su hermano, que ya había ocupado el mismo cargo en el último Gobierno de CiU, por lo que su capacidad profesional está fuera de toda duda.

No se quedan aquí los nombramientos controvertidos: la esposa del diputado Pere Macias, Assumpta Farran, es la nueva directora general de Calidad Ambiental, mientras que Meritxell Lluís, esposa del diputado Josep Rull, será asesora en materia de relaciones con las entidades locales y Núria Burguera, esposa del presidente de Ferrocarriles de la Generalitat, Enric Ticó, será directora de Comunicación del Puerto de Barcelona. Desde el Gobierno, Puig defiende todos estos nombramientos porque “la mujer de Macias no dependerá de Macias y la mujer de Ticó precisamente cambia de adscripción para no depender de él”.

La portavoz de ICV, Dolors Camats, sin embargo, critica que el principal mérito de las personas nombradas sea “su relación familiar con alguno de los miembros del Gobierno o su adscripción a CiU”. Por ello, calificó al nuevo Ejecutivo como el “Gobierno de los cínicos”. El presidente del grupo socialista, Joaquim Nadal, aprovechó también para desgastar al Ejecutivo: “Si cogemos a familiares, conocidos, beneficiados, cuñados, amigos, esposas... colocados desde que ha entrado el Gobierno de Mas, la lista sería inacabable”, aseguró.

Críticas internas

En CiU, no obstante, también hay críticas hacia algunos de los nombramientos, especialmente hacia el del director general de Patrimonio Cultural, Joan Pluma, efectuado por el ex socialista Ferran Mascarell. Pluma era teniente de alcalde de Urbanismo en el ayuntamiento de Gerona y activo militante del PSC, lo que sentó francamente mal en las filas de CiU. Un sector del partido del Gobierno también ve con recelo otros nombramientos efectuados en las últimas semanas, como el de Jacint Boixassa como director general de Patrimonio de la Generalitat, que había sido uno de los síndicos de la Agrupación Mutua cuando ésta fue intervenida.