Ciudadanos denunciará a la consejera de Educación por no enseñar castellano

La guerra de la lengua vuelve con fuerza a Cataluña. El portavoz de Ciudadanos, Jordi Cañas, anunció ayer que su partido llevará a la consejera de Educación, Irene Rigau, a los tribunales por no cumplir la sentencia del Tribunal Supremo que dictamina que el catalán no puede ser la única lengua vehicular en la enseñanza en esta comunidad.

 

El portavoz de Ciudadanos aprovechó que comienza la época de preinscripción en los colegios para remover el tema. “Los padres deben tener el derecho a elegir la lengua en la que estudian sus hijos y la casilla para hacer esa elección en la preinscripción no existe”, enfatizó. No obstante, el hecho de poner en entredicho la hoja de preinscripción es diferente del hecho en sí de la propia inmersión lingüística, que es el tema que había sentenciado el Supremo. En realidad, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ya había fallado en contra de las reclamaciones sobre las preinscripciones que se habían realizado en términos semejantes.

Cañas fue extremadamente duro con la Generalitat. Dijo que, a la vista del incumplimiento de la sentencia (en realidad, son tres sentencias correspondientes a tres denuncias que se habían presentado) del pasado mes de octubre, “una persona así [refiriéndose a la consejera] debería estar inhabilitada para un cargo público”. Cañas aseguró que los servicios jurídicos de Ciudadanos estudian la vía para llevar a Irene Rigau ante los tribunales “por negarse a cumplir las sentencias y no respetar que el castellano sea lengua vehicular en las escuelas de Cataluña”.

El Supremo había sentenciado que “el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria”.  En sus fundamentos de derecho, las sentencias aludidas señalan que “es legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la comunidad autónoma”.

Para Cañas, Rigau comete desacato ante la justicia porque, como obligan los tribunales, debe preguntar “con claridad a los padres en qué idioma quieren que se eduquen sus hijos”, aunque este extremo no se recoge en los términos de la sentencia.

Según CiU, la sentencia del Supremo venía a confirmar la “inmersión lingüística” que existe en Cataluña, ya que “no pone en cuestión la normativa vigente”, además de que este órgano judicial “no tiene jurisdicción para anular las normas estatales y autonómicas”. Los nacionalistas señalan que el propio Tribunal Constitucional ha avalado la inmersión lingüística de Cataluña y las instituciones europeas la han puesto como ejemplo de convivencia y ciudadanía en los territorios.

La carta a Artur Mas

Hace poco más de una semana, la asociación Impulso Ciudadano ya envió sendas cartas al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la consejera de Educación advirtiéndoles que el Gobierno catalán debía introducir tanto el catalán como el castellano como lenguas vehiculares. “En caso de que se incumpla la sentencia, se puede llegar a una posible prevaricación por parte de la Administración- señaló a El Confidencial el presidente de esta asociación y ex diputado de Ciudadanos, José Domingo-. En el curso próximo, se tendría que dar cumplimiento a los términos de las sentencias, efectuando las programaciones educativas necesarias que regulan las instrucciones para los centros docentes”.

Domingo subraya que “sería conveniente también que la consejería de Educación facilitara los datos de los centros educativos que utilizan ambas lenguas como vehiculares para conocer el grado de cumplimiento que se está dando a la sentencia. A la vista de esos datos, se podría obrar en consecuencia”.

Jordi Cañas aseguró que su partido “luchará hasta el final para que las sentencias se cumplan” y que “es inadmisible que al propietario de un bar se le pongan multas por incumplir la ley del tabaco y una consejera se salga de rositas sin cumplir sentencias. Es inadmisible”.

El tema podría circunscribirse a una batalla legalista y política sobre la inmersión lingüística si fuese por un ejemplo que el portavoz de Ciudadanos puso sobre la mesa: en un colegio de Sitges, a un niño le marcaron una señal en rojo “por no hablar catalán a la hora de patio”. O sea, una situación como para poner los pelos de punta. Un apartheid lingüístico en toda regla. Cañas afirmó que “no queremos que ningún niño esté marcado con una pegatina en rojo por hablar castellano; no queremos en la que la gente te señale por la lengua que hablas”.