El 'president' entrega Salud a un médico partidario del copago y antiguo ugetista

La estrategia del nuevo presidente de Cataluña, Artur Mas, está dando que hablar, especialmente porque, una vez finalizado el proceso de constitución de su gabinete, incorporó a tres independientes al mismo: la jefa de los abogados del Estado en Cataluña, Pilar Fernández Bozal, ara Justicia, el catedrático de Esade Francesc Xavier Mena para Empresa y Ocupación y el médico Boi Ruiz para Salud. Fernández Bozal, precisamente, había sido nombrada vocal de la Autoridad Portuaria de Barcelona a finales del pasado mes de septiembre y forma también parte de la Comisión de Control de los Dispositivos de Videovigilancia de Cataluña. Así, Mas fija el número de consejeros en 11, tres menos que el anterior Gobierno: desaparecen del organigrama la Vicepresidencia, Medio Ambiente y Trabajo, que se incorpora a un área bajo el nombre de Empresa y Empleo.

Tras el sí del socialista Ferran Mascarell para Cultura, el Gobierno quedó cerrado. En él tienen cabida cuatro ex consejeros de Jordi Pujol: Andreu Mas-Colell irá a Economía; Felip Puig, a Interior; Irene Rigau, a Educación; y Josep Maria Pelegrí, a Agricultura. Además, entran el diputado convergente Josep Lluís Clèries en Bienestar Social, la diputada democristiana Joana Ortega en Gobernación y el hasta ahora alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, en Política Territorial y Obras Públicas.

Las críticas de la oposición fueron inmediatas. El diputado del PP Jorge Fernández Díaz, vicepresidente tercero del Congreso, tildó la nueva etapa de “sociovergencia”, atendiendo al fichaje de Mascarell, al pacto para facilitar la investidura de Mas y al “cordial” traspaso de poderes. Para Fernández, “es evidente que socialistas y nacionalistas han firmado un pacto de gobernabilidad”. En el mismo sentido se pronunció el líder de ICV, Joan Herrera, que asegura que CiU y PSC impulsan la sociovergencia tras las autonómicas. En cambio, la portavoz de su formación, Dolors Camats, acusó a los nuevos miembros del gabinete de representar sólo a la derecha catalana y al mundo del negocio”.

En ERC también se oyeron impresiones negativas: la portavoz parlamentaria, Anna Simó, criticó que el nuevo presidente no cumple lo prometido en campaña ya ha hecho un “Gobierno de partido”. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, por su parte, se refirió ayer a la toma de posesión del nuevo presidente, del que dijo que “se dibuja a sí mismo como otro profeta de la religicón nacionalista” y al que acusó de poder en cuestión “la legitimidad del Estado” porque “sigue hablando de pueblos y no de ciudadanía y estado de derecho”. Y ello porque Mas prometió, en el acto de toma de posesión del cargo, “plena fidelidad al pueblo de Cataluña”, al tiempo que expresó su deseo de llegar a la “plenitud nacional de Cataluña” porque los Estados no dejan de ser una construcción artificial que sólo duran unos cuantos siglos.

La mayor sorpresa fue el fichaje de Mascarell, que ha levantado las iras de los socialistas. “Mascarell tiene unas ganas locas de tocar poder, pero fue una sorpresa relativa, porque hace tiempo que tonteaba con CiU”, señaló a este diario un alto cargo del PSC. Pero no menos sorpresa ha sido el nombramiento de Boi Ruiz como consejero de Salud. Ruiz comenzó militando en la UGT de Cataluña hace años, aunque, según manifestaron fuentes del sindicato a El Confidencial, “nunca formó parte de la estructura orgánica de la organización”. Luego, acabó presidiendo la Unión Catalana de Hospitales y actualmente forma parte de la cúpula dirigente de Fomento del Trabajo, la tradicional patronal adversaria de los sindicatos.

Partidario del copago

Pero aunque Artur Mas se esforzó por desterrar de sus mensajes la posibilidad de implantar el copago sanitario (pago simbólico por asistencia sanitaria), que incluso la hasta ahora consejera socialista, Marina Geli, había alabado, el nuevo titular del área sanitaria no lo tiene tan claro. En una comparecencia ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Senado, Boi Ruiz desgranó las propuestas de la patronal catalana para hacer frente al gasto en el sector. Ruiz citaba como medidas para paliar el déficit de la sanidad el aumentar la disposición sobre tributos cedidos, revisar la población protegida, liquidar la deuda histórica o aplicar tasas especiales en hidrocarburos (el céntimo sanitario se comenzó a cobrar en Cataluña con Pasqual Maragall), tabaco, alcohol y matriculaciones de vehículos. “Nosotros somos partidarios de añadir a este menú lo que nosotros llamamos, en vez de copago, cánones de utilización”. En la Cámara Alta, el representante de la patronal catalana señalaba que “si no hay mayor presión fiscal, tendremos que sacar dinero de otra parte y establecer elementos disuasorios. Estoy de acuerdo en que el copago tiene un elemento más disuasorio que económico, pero también tiene un efecto económico indirecto”. Y añadía: “No se puede pensar en no aumentar los impuestos, en que todos los servicios sean gratuitos en el momento de su consumo, de acceso universal, equitativos, y no hacer pagar nada o no establecer límites en la cartera. Algo habrá que hacer, porque de otra forma no salen las cuentas”.

Ruiz ponía también encima de la mesa otras medidas, como la posibilidad de que el paciente pague los medicamentos, ya que por el mero hecho de estar hospitalizado le son suministrados gratis y, en cambio, en cuanto deja el hospital y va a una farmacia paga el 40% de los mismos. Y pedía, asimismo, estudiar con detenimiento los derechos que podía tener un paciente en un hospital y si el dinero sanitario debía financiar, por ejemplo, “la hostelería del paciente ingresado, el transporte en vehículos convencionales, el transporte público, etcétera”. También proponía que los médicos de la Seguridad Social pudiesen extender determinadas certificaciones, cobrándolas, exactamente como hace la sanidad privada. Otra de las ideas que aportaba Ruiz era el debatir “algún sistema que permitiera objetivar el pago o la gratuidad de los medicamentos en función de los niveles de renta”, ya que las clases pasivas -pensionistas- fueron incluidos como beneficiarios de dicha gratuidad porque antes las pensiones eran más bajas.Y eso porque ahora “la mayoría de los pensionistas tienen pensiones limitadas que justificarían plenamente seguir teniendo la gratuidad de la medicación, pero otros no”.

En el año 2008, cinco patronales con representación en el sector elaboraron un documento que hicieron llegar a la Generalitat. En este documento se preveían ocho medidas para garantizar el futuro del sistema sanitario. Y, entre ellas, destacaba el establecimiento de nuevas tasas por servicios, como la comida de los hospitales, el transporte sanitario, la lavandería y los medicamentos. Ahora, Boi Ruiz tendrá ocasión de tomar en consideración ese documento que él abanderó hace apenas un par de años.