Los Carulla evadieron millones con empresas radicadas en Costa Rica, Uruguay y Holanda

Una intrincada red de empresas radicadas en distintos países forma el imperio de la familia Carulla, el clan de la burguesía catalana que está siendo investigado por un juzgado por presunta evasión de impuestos. En ese entramado aparecen sociedades en Belice, Uruguay, Costa Rica, Antillas Holandesas y Holanda, así como fondos de inversión creados con las sociedades radicadas en el extranjero. El resumen de todo ello es que “se ha detectado que hay la evasión de cientos de miles o de millones de euros en el pago de impuestos de sociedades, de patrimonio y del IRPF”, según confirmaron a El Confidencial fuentes cercanas a la investigación.

 

Así consta también en dos informes que Hacienda elaboró y que envió al juzgado central de instrucción número 5 cuando Baltasar Garzón estaba al frente del mismo. Las mismas fuentes señalaron a este diario que el origen de la investigación está en el sumario 161/2000, iniciado tras detectarse la existencia de supuestas operaciones de blanqueo. En el 2004, se inicia una investigación a fondo de algunas operaciones y en el otoño del 2006, Garzón ordenó registrar algunas entidades bancarias para recabar pruebas sobre determinados contribuyentes. Una de estas entidades era el Banco Espirito Santo: uno de sus clientes, Jordi Carulla, estaba en el punto de mira del juez. Además, desde Hacienda sospechan que, aunque su residencia está en Londres, vive habitualmente en Barcelona, extremo que fuentes cercanas a la familia desmintieron a este diario.

Aunque la operativa bancaria era correcta y la entidad estaba fuera de sospecha, los indicios apuntaban a que el contribuyente había realizado operaciones y luego había escamoteado los impuestos al fisco. Tras examinar la documentación, los inspectores realizaron los correspondientes informes y los remitieron a la judicatura para que tomase cartas en el asunto, puesto que en cada ejercicio “había más de 120.000 euros de defraudación fiscal”, lo que implicaba que el tema ya podía ser considerado delito, manifestaron fuentes de la investigación a El Confidencial. Las operaciones bajo sospecha suman casi 200 millones de euros, aunque el fraude se reduciría a una cantidad mucho menor.

El laberinto empresarial de la familia

El entramado de la familia tiene dos empresas fundamentales: Grupcost SA, radicada en Costa Rica, y Grupsur SA, radicada en Uruguay. Además, operaban con Belcost Sa y Bel sur SA, ambas ubicadas en el pequeño paraíso de Belice, en Centroamérica. Las dos primeras fueron las que, al parecer, participaron en la compraventa de acciones del holding Agrolimen a través de dos sociedades radicadas en las Antillas Holandesas. Oficialmente, la venta de los paquetes accionariales se realizó a las empresas de Holanda Venelpark y Merimare Investments Amsterdam. La primera, se hizo con el 13,66% del capital; la segunda, tomó el 18,01%.

En el año 2004, la familia crea otras dos sociedades para gestionar acciones de sociedades y realizar operaciones holding: Pronver Inversiones, cuyo socio único era Grupcost, y Converal Inversiones, cuyo socio único era Grupsur SA. Y todo ello a pesar de que Agrolimen ya tenía un instrumento similar desde el año 2002 con Inveramen SCR de Régimen Simplificado SA. En el año 2007, la familia se sirve de otro instrumento para sus oepraciones: Quercus Capital Riesgo SCR de Régimen Simplificado, con algo más de 51 millones de euros de capital. Las dos últimas son gestionadas por Quercus Equity Partners.

Según ha podido conocer este diario, en el grupo Gallina Blanca, los Carulla realizaron operaciones similares a las de Agrolimen. “Los Carulla contactaron con los propietarios italianos del grupo Star y llegaron, al parecer, a un acuerdo para pagar en el extranjero. Y ahí hicieron servir las compañías radicadas en los paraísos fiscales”, señalan estas fuentes. Esta operación es ya del año 2007. Las mismas fuentes aseguran que “normalmente, operaciones de este tipo se realizan con fiduciarios, pero aquí están todos los nombres de los empresarios al descubierto”. En este sentido, destacan que también puede incurrir en responsabilidad el asesor fiscal que diseñó la operativa, ya que según el nuevo Código Penal es tan responsable como su cliente. El Código prevé la figura del “inductor o coautor” del hecho, por ser quien facilita los instrumentos para cometer el presunto delito.

En los últimos años, los Carulla han reordenado su imperio y comenzaron a repatriar algunas de sus empresas. El 30 de junio del 2009, crean Antigacopral SA con casi 7,5 millones de euros de capital. En realidad, se trataba del “traslado a territorio nacional” de la sociedad costarricense Copralinvercost SA. El mismo día, ejecutan en cadena varias operaciones: primero, Antigacopral crea, como socio único, la empresa Antigagrupsur SA, con 6.840.000 euros, que era la sociedad Cogrupsur, con sede en Uruguay. A su vez, Antigagrupsur crea dos sociedades más: la primera, Antigabelcost, con 7.096.000 euros de capital, que no es más que la sociedad de Belice Belcost SA; la segunda, Antigabelsur, con 6.840.000 euros de capital, que era el traslado de la sociedad Belsur SA, también de Belice. Al frente de todas ellas, se situaron los hermanos Lluís, Artur y Jordi Carulla. Lluís cedió la batuta del imperio en los últimos tiempos a Artur, primero dejando la presidencia de Agrolimen y más tarde, en verano del 2010, abandonando la presidencia de las empresas “repatriadas”. Al mismo tiempo, su hermana Montserrat pasó a formar parte de los consejos de administración de todas ellas.