Los antitaurinos amenazan: después de Cataluña, vienen Madrid, País Vasco...

Identitario o no, el debate sobre las corridas de los toros ha recibido la puntilla: 68 votos a favor de la prohibición de la fiesta frente a 55 en contra de esta medida. El 1 de enero del 2012 ya no se podrán lidiar morlacos en las arenas catalanas. Pero detrás habrá iniciativas similares en otras comunidades. Madrid ha iniciado ya esta senda, aunque los representantes de los animalistas ven difícil que se puedan llegar a prohibir allí porque “el lobby taurino tiene mucha fuerza, mucho peso y mucha capacidad de influencia sobre los diputados, cosa que no ocurría en Cataluña”, según reconoce a El Confidencial Enric Gallego, portavoz de la Plataforma Prou!, la asociación que promovió la iniciativa legislativa popular (ILP) en tierras catalanas.

 

Otras dos comunidades tienen movimientos similares: Andalucía y País Vasco. “Hemos detectado un rechazo creciente de los ciudadanos a las corridas de toros en esas comunidades. Pero no existen organizaciones que, de momento, lleven la batuta de la situación. Todavía no existe la capacidad de iniciar un proceso legal como el de Cataluña, sino que se ha de trabajar aún mucho y concienciar a la gente, al mismo tiempo que se ha de poner en marcha una tarea de voluntariado sin la cual no será posible tirarla adelante”, subraya Gallego. En otras palabras, que las próximas dianas están instaladas y sólo hace falta ir trabajando para obtener resultados. Lo que este activista enfatiza es que “se ha demostrado que estos espectáculos crueles pueden ser prohibidos si la gente quiere”.

Gallego vivió el crucial momento de la votación en el Parlament dentro del hemiciclo. “Éramos conscientes de que estábamos en un momento histórico. Ahora, nos ha quedado una sensación de euforia y de felicidad”, añade. Como espectadores de lujo, también se encontraban en la cámara catalana el senador de ICV Jordi Guillot y el torero catalán Serafín Marín.

Pero la cosa no acabará ahí. El Partido Popular estudia acciones de futuro. “Cataluña, hoy, se escribe en negro”, señaló el diputado Rafael Luna a El Confidencial. “Lo que ha quedado claro -añade- es que esta batalla no la han ganado los animalistas, sino los nacionalistas”. Luna es también muy crítico con los convergentes: “CiU engañó a las peñas taurinas, a las que había prometido sus votos pero se ha visto que no ha cumplido sus promesas. Por otro lado, hay que resaltar que Cataluña pierde una de las señas de su cultura y sus tradiciones por el hecho de compartirlas con el resto de España, además de que se prohíba a los ciudadanos asistir a un espectáculo”.

El portavoz de la Plataforma de Defensa de la Fiesta (PDF), Luis Corrales, se expresó en términos similares, denunciando que el Parlamento catalán había votado “en clave nacionalista y no animalista”. El propio presidente de CiU, Artur Mas, justificó más tarde su voto favorable a la prohibición por la “conciencia personal” y negó que hubiese una votación “política” porque “la tradición de los toros en Cataluña es tan antigua como en el resto de España”. Lo que ocurre, razonó, es que en esta comunidad se ha avanzado “de forma distinta” a las demás.

El tema, al Congreso

El PP estudia ahora llevar el tema al Congreso de los Diputados y hacer que este órgano declare los toros “de interés cultural”, basándose en que “las comunidades autónomas tienen derecho a regular y no a prohibir”, según las palabras de la presidenta popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. Estas mismas tesis son sustentadas por la plataforma PDF para preparar un recurso ante el Tribunal Constitucional.

Pero, además, existe un problema económico que cae del cielo “en un momento de crisis como el actual”, subraya Rafael Luna. Y apunta a los números que ya había sacado durante su intervención en el pleno que debatió la ley: la prohibición producirá, por un lado, un “daño emergente” que tendrá un coste económico de 100 a 150 millones de euros, que habrá de pagar la Generalitat. Por otro, habrá que habilitar una serie de indemnizaciones por “lucro cesante”, ya que los empresarios taurinos se regían por licencias indefinidas y no por concesiones. Este lucro cesante está cuantificado en unos 300 millones de euros. “Con ello -dijo Luna-, se podrían haber hecho seis hospitales en un año o 100 escuelas públicas. En total, la prohibición de los toros costará 250 euros a los bolsillos de cada familia catalana”.

Nadie quiere ver la mano del nacionalismo identitario tras la votación. Ni un castigo por el recorte del texto del Estatut que hizo el Tribunal Constitucional. Pero algo de eso se adivina en la correlación de fuerzas. Las posturas del PP y de Ciudadanos ya estaban claras: votar a favor del mantenimiento, lo que sumaba 17 votos. El PSC dio libertad de voto a sus representantes y tres de ellos se decantaron por votar a favor de la abolición mientras que otros tres se abstuvieron: el consejero de Economía, Antoni Castells, el portavoz adjunto, Joan Ferran, y Rosa Maria Ferrer.

En CiU, de la veintena de diputados que podrían haberse decantado por conservar la fiesta, tan sólo una mínima parte lo hicieron: Siete representantes convergentes eran partidarios de la fiesta, mientras que otros seis optaron por la abstención. Y en ERC e ICV, la consigna de votar por la abolición se siguió a rajatabla. Casi todos los convergentes que apoyan la fiesta son de la vieja guardia de CiU. Destacan entre ellos tres ex consejeros de la Generalitat: Antoni Fernández Teixidó (Economía), Ramon Espadaler (Medio Ambiente, además de presidente del consejo nacional de UDC) y Josep Grau (Agricultura). También se opusieron a la prohibición el actual alcalde de Figueres, Santi Vila, candidato de CiU por Gerona, Joan Miquel Nadal, que fue alcalde de Tarragona y cabeza de lista de CiU por esta demarcación, y Xavier Crespo, alcalde de Lloret de Mar.