ECONOMÍA Y SALUD PLANTEARÁN EL TEMA AL SECTOR

Cataluña estudia aplicar un copago sanitario a las rentas más altas a partir de 2011

La Consejería de Economía de Cataluña quiere acelerar la aplicación del copago para contribuir a financiar la sanidad pública y comenzar a aplicarlo en 2011. El

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Cataluña estudia aplicar un copago sanitario a las rentas más altas a partir de 2011

La Consejería de Economía de Cataluña quiere acelerar la aplicación del copago para contribuir a financiar la sanidad pública y comenzar a aplicarlo en 2011. El departamento que dirige el consejero socialista Antoni Castells ha decidido recoger el guante lanzado hace unos meses por la también consejera socialista de Salud, Marina Geli, para abrir el debate sobre la “conveniencia” de aplicar medidas de copago en función de la renta de los usuarios, para ayudar a sostener el gasto sanitario y mantener la actual cartera de servicios y tratamientos que ofrecen los hospitales públicos. “Soy partidario de introducir medidas de copago como, por ejemplo, para determinados tratamientos muy costosos o las prótesis con el objetivo de que las rentas más altas contribuyan al pago de este servicio dispuesto por la sanidad pública”, dijo Castells.

 

“Es cierto que hay que buscar fórmulas nuevas que permitan financiar el coste actual de la sanidad pública, y desde el departamento se está analizando la posibilidad de introducir el copago sanitario para determinados tratamientos. Pero todo dependerá del resultado electoral en las autonómicas del próximo otoño”, aseguran a El Confidencial fuentes de la Consejería de Economía. Castells y Geli esperan hacer público, antes de que se celebren las elecciones, el segundo informe del doctor Miquel Vilardell (que preside una comisión de expertos en la materia), que analiza las distintas posibilidades para buscar nueva financiación para la sanidad, entre ellas la del copago. Tras la presentación de este informe, previsiblemente en septiembre, abrirán una ronda de conversaciones con el sector sanitario para fijar las bases de cómo se aplicará el copago. Aún así, habrá que esperar a conocer si la nueva mayoría parlamentaria sigue adelante con esta iniciativa.

 

“Hace unos meses, Marina Geli defendió el establecimiento de una tasa de un euro a pagar por el paciente cada vez que visita al especialista, pero ahora es la Consejería de Economía la que se plantea esta fórmula y es posible que se introduzca en el debate de los Presupuestos para 2011 que se iniciará en octubre”, afirman a este diario fuentes del sector sanitario. Geli también ha defendido un copago voluntario, que desgrave en la declaración de la renta a los ciudadanos que cuenten con una mutua privada, como compensación por contribuir a descongestionar el sistema sanitario público.

 

Estas fuentes señalan que todavía falta por decidir cuál es EL sector de la población que quedaría exento del copago. Según las fuentes consultadas, Economía estaría estudiando fijar esta renta mínima a partir de 60.000 euros de ingresos anuales, aunque sería diferente en función de otros ingresos y de la situación personal. Castells reconoce que “es necesario debatir la aplicación del copago sanitario porque, entre otras cosas, estamos en proceso de reducción del déficit y debemos traducir el acuerdo en medidas concretas para que sea del 2,4% del PIB este año y del 1,3% el próximo; algunas medidas irán en esta dirección [la del copago]", señala. En un primer momento, la Generalitat estaría de acuerdo en aplicar el copago a determinadas intervenciones costosas o a la colocación de prótesis, una medida adoptada ya en Francia, Reino Unido y los países nórdicos. En estos casos, el paciente con niveles de renta superiores a los 50.000 euros de ingresos anuales financia una parte del coste.

 

“Quien más tiene, que pague más”

 

La posición en defensa del copago que comparten la consejera de Salud y el consejero de Economía no es casual y responde a la voluntad del PSC de introducir estos “nuevos criterios” de financiación en el programa electoral que prepara para las próximas autonómicas. Según explican fuentes del partido, en el programa se propone introducir el denominado criterio de "progresividad" a la hora de diseñar un nuevo sistema fiscal en términos generales y, especialmente, para hacer frente al mantenimiento de determinados servicios públicos, como la educación y la sanidad.

 

Los socialistas entran en materia, al abordar las políticas de salud con una clara apuesta "solidaria", según sus palabras, basada en un "sistema impositivo" que responda a este principio de progresividad y, por tanto, con una contribución "mayor" de las clases más altas. El PSC estima que el Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) es uno de los instrumentos más poderosos de redistribución de riqueza y que para mejorar debe contar con esta "aportación" de los que más tienen. De hecho el CatSalut es la principal “empresa” catalana porque gestiona el mayor presupuesto de las cuentas autonómicas: 14.087 millones de euros para este año, un 8% más que en 2009.

 

Ya han empezado a surgir las primeras voces en contra del copago sanitario. El colectivo médico de Tarragona se ha posicionado a favor de arbitrar otras medidas que favorezcan un modelo sostenible antes que tocar el bolsillo de los contribuyentes, y apuesta por racionalizar el uso que se hace de la sanidad. Desde el Colegio de Médicos de Tarragona, su presidente, Fernando Vizcarro, apunta que “antes del copago, hay otras fórmulas para obtener un modelo más sostenible de la sanidad. Racionalizar los recursos y potenciar el buen uso de la sanidad pública entiendo que deben de ser la prioridad”, señala a este diario. Y propone la posibilidad de gravar el abuso por parte de algunos pacientes de determinados servicios. “Habría que penalizar al que va a urgencias con molestias después de una semana, para evitar ir al médico de familia. O al que se presenta a urgencias con un simple dolor de cabeza”, explica Vizcarro.

 

El tema puede abrir la caja de Pandora. “Si este debate se inicia en Cataluña no tardará en tomarse en consideración en el resto de España”, aseguran. Entre los que se han mostrado a favor de implantar algún tipo de medida disuasoria, destacan los consejeros de Madrid y de Castilla-León, ambos del PP.

 

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