Castilla y León no se resigna al cierre de la estación de Navacerrada y la pérdida de 5.200 empleos

La batalla por la continuidad de la estación de esquí de Navacerrada en su flanco segoviano se ha complicado de forma extraordinaria, pero no ha terminado aún, pese a la impresión contraria que transmitió a mediados de marzo una sentencia del Tribunal Supremo. Ni los gobiernos de Castilla y León y Madrid, ni la empresa, ni los municipios afectados se resignan a un cierre que supondría "un desastre económico" en todo el entorno, con la pérdida de hasta 5.200 empleos directos e indirectos.

Todas las instituciones implicadas resaltan, además, el carácter extrañamente excepcional de esta clausura, solicitada por el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Los argumentos esgrimidos, en relación con los efectos del cambio climático, serían igualmente válidos para todas las estaciones de esquí, pero parece que solo tendrán efecto en Navacerrada. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo (PP), exigió al Gobierno que explique si considera a todas las estaciones de esquí perjudiciales para el medio ambiente "o solo a una que beneficia a Castilla y León y Madrid", sugiriendo una intencionalidad política de castigar a dos autonomías gobernadas históricamente por el Partido Popular.

La polémica de Navacerrada es endiabladamente compleja y la situación se agrava por el hecho de que las instalaciones ocupan suelo de dos provincias y dos comunidades autónomas distintas, y con dos concesiones diferentes. La concesión de la parte madrileña se ha renovado recientemente y no está en peligro, pero se vería afectada por la clausura de la parte segoviana, que incluye las pistas de esquí Escaparate, Telégrafo y El Bosque.

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El alcalde de la localidad madrileña de Navacerrada, Pablo Jorge Herrero, del PP, fue más explícito que la Junta y no dudó en acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de adoptar una "decisión política" por su "empeño en dañar a la Comunidad de Madrid". Y añadió que al presidente del Ejecutivo central "no le importa el impacto económico y real sobre municipios, empresas y trabajadores". De hecho, explicó que desmantelar la vertiente segoviana afecta a toda la empresa y "pone en riesgo la viabilidad de Navacerrada como estación de esquí". De ahí que las estimaciones sobre el impacto destructor de la medida incluyan ambas zonas.

El colectivo ciudadano Hijos de Guadarrama (sucesor de la Plataforma Salvemos Navacerrada) estima que la decisión afectaría no solo a los 200 puestos de trabajo directos en Puerto de Navacerrada Estación de Esquí, sino a otros 5.000 más en los valles colindantes y en las localidades de Cercedilla, Navacerrada, Rascafría, Valsaín y San Ildefonso. La desaparición de la estación, que es el principal atractivo turístico de la zona, supondría un impacto grande para todo el sector de la hostelería, entre otros. "Si allí no hubiese una estación de esquí, no subiría nadie".

El origen del conflicto tiene que ver con la caducidad de la concesión de los remontes segovianos, que concluyó oficialmente en 2021, tras 25 años de vigencia. Fue el Organismo Autónomo de Parques Nacionales el que decidió que no se realizara una nueva concesión de las pistas Escaparate, Telégrafo y El Bosque, en la vertiente de Segovia. La empresa alegó entonces que habría que tener en cuenta el periodo de inactividad provocado por las medidas de lucha contra la pandemia de covid-19 y que eso debería suponer un alargamiento de la concesión. El Gobierno exigió al gobierno autonómico que tomara una decisión al respecto y el Ejecutivo castellanoleonés se negó en 2021 alegando que no era competencia suya.

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Una de las cuestiones que estaban en juego, la posibilidad de compensar los años de la pandemia, ya ha perdido vigencia. Pero la otra, la relativa a la no renovación de la concesión, y de la obligación de la Junta de gestionar el cierre, es la que establecía una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de febrero de 2024 y ha sido recientemente confirmada por el Supremo.

El alto tribunal no entra en el fondo de la polémica y se limita a rechazar los recursos de casación presentados por la Junta y por la empresa, alegando que los argumentos esgrimidos no se ajustaban a las exigencias de un recurso de estas características. En concreto, el Tribunal Supremo alegó "falta de fundamentación suficiente" de los recursos y la ausencia de "interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia".

¿Y ahora qué? Pues, por de pronto, el consejero de Medio Ambiente en funciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha anunciado que la Junta acatará la sentencia y procederá a gestionar el expediente sobre la caducidad en cuanto la sentencia firme del TSJ le sea comunicada. No obstante, el portavoz Carriedo avanzó en una valoración posterior que "dentro de las competencias autonómicas, se buscarán los mecanismos para encontrar una solución". Y, al tiempo, reclamó al Gobierno un cambio de posición respecto del futuro de la estación de esquí porque "es plenamente compatible la sostenibilidad ambiental con la existencia de actividades productivas en el territorio".

Por su parte, el colectivo Hijos de Guadarrama anunció que pedirá amparo al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ante la situación de "agravio" que se ha generado, pero es poco probable que este organismo la admita a trámite. "Todavía hay recorrido jurídico" antes de que se ejecute el cierre, recalcó también el alcalde de Navacerrada, para insuflar esperanza.

Uno de los argumentos esgrimidos por el Ministerio para rechazar la renovación de la concesión aludía a que el incremento de temperaturas por el cambio climático volvería inviable la actividad en Navacerrada por falta de nieve. Pero Hijos de Guadarrama ha resaltado que "ninguna temporada se ha cerrado la estación por falta de nieve a lo largo de su historia". A su juicio, "no existe un hecho determinado y demostrable" que impida la práctica de este deporte en Navacerrada, ni está acreditado el daño a la naturaleza o a la vida de las aves de la zona. En cualquier caso, los motivos de esperanza se agotan y el posible cierre de estación es una amenaza cada vez más firme.