Vox afronta con un tercer candidato el reto de subir en la segunda comunidad donde más votos tuvo

Las elecciones de Castilla y León de este domingo son una cita incierta para Vox. Pese a la ola ascendente que ha empujado al partido en los comicios previos de Extremadura y Aragón, en esta comunidad se enfrenta al reto de superar unos resultados que ya fueron muy buenos hace cuatro años; los segundos mejores, de hecho, con un 17,6% de los votos, y 13 procuradores, a muy poca distancia de los que se lograrían en Murcia un año después: 17,72%. Aun así, las encuestas conocidas hasta ahora dan por hecho que la formación verde mejorará sus cifras, rondando el 20% de los apoyos, pero no de forma tan espectacular como hasta ahora.

El desafío le ha caído en suerte al leonés Carlos Pollán, el tercer candidato de la formación que aspira a lograr representación institucional y que durante la última legislatura ha ostentado la condición de presidente de las Cortes. Pollán se enfrenta a dos problemas ligados a antiguos compañeros de partido. Por un lado, la alargada sombra de su predecesor, Juan García-Gallardo, exvicepresidente de la Junta entre 2022 y 2024, quien renunció a su puesto de portavoz hace un año, meses después de la decisión de Vox de romper sus pactos de gobierno en toda España.

Por otra parte, la competencia de Se acabó la fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, que ha fichado a dos procuradores expulsados de Vox: Javier Teira, que será su candidato en Salamanca, y Ana Rosa Hernando, que va en la lista de Burgos. SALF ha perdido mucho peso desde que irrumpiera con éxito en las últimas elecciones europeas, y, de hecho, ninguna encuesta de las conocidas hasta ahora le da representante. Pero Castilla y León es un territorio donde podría dar la sorpresa.

Tras su salida institucional, Juan García-Gallardo evitó el enfrentamiento abierto con el que todavía hoy es su partido, pero en los últimos meses sus pronunciamientos públicos en redes sociales han sido crecientemente críticos con la dirección de Santiago Abascal. Lo que ha culminado en su alineamiento con el dirigente murciano, José Ángel Antelo, al que representa ahora como abogado en su enfrentamiento con la sede nacional.

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García-Gallardo fue el candidato con el que Vox dio el salto en Castilla y León. Cuatro años antes había logrado entrar en las Cortes, en solitario, Jesús García Conde, un economista vallisoletano asentado en Madrid que renunció al escaño antes de que concluyera la legislatura, y que fue sustituido brevemente por Fátima Pinacho. Ni uno ni otro lograron otorgar demasiada presencia social ni proyección a Vox, a lo que contribuía el que su voto no fuera relevante ni decisivo para nada. Esto cambió con el fichaje de García-Gallardo, un abogado con buenas dotes de oratoria, que era afiliado de base. Antes de convertirse en candidato, tuvo que pasar tres filtros: primero se entrevistó con Javier Ortega Smith, entonces secretario general del partido, luego acudió a la sede nacional del partido, en Bambú, para nuevas entrevistas, y finalmente pasó un día de convivencia con Abascal, en Amurrio, el pueblo natal del líder de Vox, antes de que este diera su plácet a convertirlo en cartel electoral.

El candidato novato dio la sorpresa en las elecciones de 2022 logrando resultados bastante mejores que el promedio de las citas autonómicas del ciclo, y pasó de uno a 13 representantes en las Cortes, convirtiéndose en decisivo. En consecuencia, Castilla y León se convirtió en la experiencia piloto de los acuerdos entre PP y Vox. Fue aquí donde tuvo que negociarse el primer pacto de Gobierno, en un momento en el que había grandes reticencias de los populares, y de su entorno mediático, ante tal posibilidad.

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Durante sus dos años como vicepresidente, García-Gallardo desarrolló un perfil propio, que le llevó a participar muy activamente en el movimiento de protesta frente a las sedes socialistas, pese a que algunas voces dentro y fuera del partido veían ese comportamiento poco adecuado en un cargo institucional. Fue también muy activo en la denuncia de los peligros de la inmigración ilegal, así como de los perjuicios de las políticas verdes europeas, especialmente para el campo y la automoción, y no se dejó arredrar por las constantes críticas de la oposición, hasta el punto de que en un debate parlamentario llegó a calificar al PSOE como "banda criminal". La única ley de las pactadas en el acuerdo de investidura que llegó a iniciar su tramitación fue la Ley de Concordia, una revisión de la Ley de Memoria Histórica autonómica similar a otras aprobadas en otros parlamentos con gobiernos de coalición de España, si bien decayó una vez que Vox abandonó el gobierno de coalición.

Pero la constatación de que había problemas con la dirección se produjo en abril de 2024, cuando un amplio reportaje sobre el futuro de Vox publicado en ABC recogía la voluntad de la dirección nacional de apostar por perfiles más calmados: "menos gallardos y más pollanes" era el premonitorio eslogan. Que expresaba también el temor de Bambú, la sede nacional de Vox, por las baronías, el posible surgimiento de liderazgos regionales que pudieran entrar en conflicto con la dirección nacional. Una preocupación que se traduce en una decisión poco habitual: la inexistencia de direcciones regionales de Vox en las autonomías, en las que el partido sólo tiene presencia provincial. Tanto Pollán ahora, como García-Gallardo antes, carecen de ningún título orgánico que los acredite como líderes del partido, más allá de la autoridad implícita derivada de su condición de candidatos.

Paradójicamente, fue García-Gallardo quien propuso a Carlos Pollán como la persona adecuada para ocupar la presidencia de las Cortes, una de las conquistas de aquel pacto de Gobierno, en detrimento de Fátima Pinacho, que era la candidata que el partido estaba considerando. Pero la relación entre ambos se deterioró a raíz de algunos encontronazos públicos. Sobre todo, cuando un error, que el entonces vicepresidente atribuyó a la actuación de Pollán en el parlamento, llevó a que PP y Vox votaran en contra del Presupuesto de 2023 que habían pactado.

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Tras la ruptura del pacto con el PP y su aterrizaje en el grupo parlamentario, se hizo más evidente la soledad del nuevo portavoz titular, hasta que el conflicto en relación con los procuradores críticos Terán y Hernando, que serían finalmente expulsados, provoca su renuncia. García-Gallardo se negó a firmar la expulsión de ambos sin mediar previamente un expediente interno. Pero la razón de fondo era otra.

En los últimos meses, García-Gallardo se ha mostrado muy activo alimentando debates ajenos a la línea política de la dirección nacional. Se ha desmarcado de la distinción entre inmigrantes legales y legales, que todavía fundamenta la posición de Vox en esta materia, así como de la idea de otorgar prioridad a los inmigrantes hispanoamericanos, por razón de su afinidad cultural y de lengua. Asimismo, ha atizado el debate sobre la guerra intergeneracional entre jóvenes y boomers, y sobre la necesidad de replantear el modelo en favor de los primeros. Eso sí, no se ha vinculado con ningún partido ajeno a Vox, aunque SALF quiso incorporarlo a sus listas, oferta que García-Gallardo rechazó. Y aunque mantiene la amistad con Iván Espinosa de los Monteros, tampoco ha querido sumarse por ahora al proyecto Atenea, el laboratorio de ideas impulsado por el ex portavoz nacional.

La experiencia de citas previas apunta a que las críticas y las disidencias no han pasado factura hasta ahora al partido que dirige Santiago Abascal, que ha realizado un importante esfuerzo para estar presente en la campaña en apoyo de Carlos Pollán. Pero, como siempre, la última palabra la tendrán las urnas.