Los incendios que asediaron a Fernández Mañueco y todo lo que queda por hacer
El PP refuerza medios materiales y humanos y promete nuevos marcos legales, mientras los socialistas reclaman una brigada fuertemente profesionalizada y Vox recuperar más diálogo con los afectados y conocimiento del terreno
Incendio en Anllarinos del Sil, León, el pasado 21 de agosto. (Europa Press/Xuan Cueto)
El fuego ha irrumpido enCastilla y León como un actor político de primer orden. La actual legislatura comenzó con un incendio devastador, el de la Sierra de la Culebra (70.000 hectáreas), que lanzó la primera señal de alarma, y se encontró en su tramo final con una histórica oleada de fuegos en agosto que arrasaron 150.000 hectáreas, la mayor parte de ellas en León. El fuego destruyó bosques, golpeó espacios naturales, obligó al desplazamiento de poblaciones y causó dos muertes, pero, sobre todo, asedió la credibilidad del Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco en materia de gestión. La política contra los incendios saltó al centro del debate, e incluso llegó a los tribunales.
Nunca como hasta 2025 la política forestal había sido materia de conversación y de controversia tan intensa e indignada. Hasta el año pasado se había impuesto en la opinión pública la idea de que había medios adecuados para luchar contra el fuego y que era la fatalidad de cada campaña la que definía la importancia de los daños. Pero esto cambió en agosto y no sólo los periodistas, sino la gente común, empezaron a hablar de las deficiencias de la política de prevención y de las limitaciones del operativo forestal. La despoblación, el retroceso de la ganadería extensiva y la precariedad de los profesionales saltaron al centro del debate. El desbordamiento de los medios de extinción fue tan grave que se impuso la convicción de que hacían falta cambios importantes.
El propio Mañueco se escudó en la excepcionalidad de las circunstancias que rodearon las catástrofes en un primer momento, pero también anunció medidas para corregir la política antiincendios, y puso en marcha un urgente plan de reconstrucción para afrontar los daños causados por el fuego.
"Desde el minuto uno, respondimos al fuego con todos los medios previstos, sin regatear ningún esfuerzo. Es lo que funcionó en los años 2023 y 2024 tras el refuerzo del operativo", señaló en las Cortes de Castilla y León el presidente de la Junta a finales de agosto. "No somos un ente en medio de la nada. Somos España. Y es España la que está ardiendo", recalcó, presentando a Castilla y León como víctima de los incendiarios, autores de buena parte de los fuegos, y de una excepcionalidad climática general imposible de gestionar de forma satisfactoria por nadie. El fuego "no entiende de fronteras ni colores políticos", aseguró.
Aun así, el presidente de la Junta anunció la necesidad de crear un "nuevo modelo de actuación" para estar mejor preparados de cara al futuro. Y en esa dirección se ha ampliado a todo el año la actividad del operativo y se han reforzado sus medios materiales. Y, en su programa autonómico, se compromete a aprobar un nuevo marco normativo en materia de prevención de incendios, así como un nuevo Plan Forestal Integral en Castilla y León, para generar "paisajes más resilientes a los grandes incendios". Y como también se habló largo y tendido del papel de la ganadería extensiva como instrumento de prevención, el PP anuncia un plan para fomentar estas explotaciones y la práctica del pastoreo.
La oposición interpreta la situación de forma diferente y tanto PSOE como Vox ven responsabilidad en las políticas del Partido Popular, si bien con enfoques diferentes. Para los socialistas es imprescindible crear una brigada pública fuertemente especializada, mientras Vox aboga por recuperar una política de colaboración público-privada que, a su juicio, había funcionado bien, pero que se deterioró en los últimos años.
"Castilla y León tiene una idiosincrasia especial que no se puede ignorar", opina José Aceves, diputado nacional del PSOE por Segovia, exparlamentario autonómico, y agente forestal de profesión. La comunidad es un territorio muy despoblado, con una alta concentración de población en unos pocos núcleos urbanos y con una extensa superficie de masa forestal, que ha crecido impulsada por las políticas de la administración. "Y cuando se producen lluvias primaverales, como el año pasado, aumenta la vegetación susceptible de arder y si se producen altas temperaturas en verano, como fue el caso, es un polvorín".
Aceves no entiende que Castilla y León no tenga una Ley de Incendios Forestales, como planteó el PSOE en su momento. "Llevamos veinte años advirtiendo de que esto podría pasar y ahora llega agravado por los efectos del cambio climático". En este contexto, los socialistas lamentan que el presupuesto dedicado a limpieza de los bosques "no sólo no ha aumentado, como sería necesario, sino que ha disminuido". "No se trata de tener los montes como macetas", añade, sino de "prepararlos para que tengan más dificultades para arder", mediante cortafuegos y otras medidas que interrumpan la continuidad de la masa vegetal. Lo que incluye que haya animales pastando.
Esto por lo que se refiere a los montes públicos. Y, en los privados, fomentar la concentración, "porque actualmente hay un enorme minifundismo que dificulta la gestión y la posibilidad de obtener aprovechamientos", añade el diputado socialista.
Con todo, a su juicio, la clave está en la creación de un cuerpo especializado inspirado en la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) del Ministerio de Transición Ecológica. "Son cuadrillas que se preparan durante todo el año y que están disponibles todo el año". Según su visión, hoy día no tiene sentido intentar ‘fechar’ el inicio y el fin de la campaña de incendios porque puede haberlos durante todo el año. "Los hemos tenido en abril, octubre o noviembre", explica Aceves. "Durante estos años la Junta ha estado jugando a la ruleta rusa".
Una de las medidas adoptadas por el Ejecutivo autonómico tras la crisis de agosto fue precisamente extender los contratos del servicio de incendios a todo el año, medida que empezó a funcionar en enero. Pero los socialistas creen que sigue sin cumplirse el objetivo de profesionalización. "Trabajan todo el año, sí, pero se dedican a todo tipo de cosas", lamenta Aceves.
Otras medidas de refuerzo adoptadas por la Consejería de Medio Ambiente incluyen la ampliación de los medios materiales con 10 nuevos helicópteros, 10 nuevas cuadrillas helitransportadas, 58 nuevas cámaras de videovigilancia para la detección y seguimiento de los incendios forestales, 4 nuevas unidades de autobomba con cuadrilla, 10 nuevos retenes de maquinaria pesada y dos nuevos técnicos de apoyo para el puesto de mando. También dos camiones cisterna nodrizas y una unidad de drones. "Los medios materiales y los avances tecnológicos están bien, pero no son suficientes sin una base humana que pise el territorio", opina el parlamentario socialista segoviano.
Un grupo de bomberos forestales y agentes medioambientales protesta en Palencia. (EFE/Almudena Alvarez)
El Gobierno regional intentó aprobar reformas legales en materia de emergencias en incendios forestales, que no salieron adelante en las Cortes. "Tanto el decreto de personal laboral como el del Plan de Incendios fueron presentados sin contar con nadie y con la oposición de todo el mundo, incluidos los sindicatos y la Mesa de la madera", explica Iñaki Sicilia, procurador de Vox por Burgos. "El PP ha desarrollado una gestión medioambiental muy deficiente". Y recuerda que, por ley, tendría que haber desarrollado la Ley de Agentes Forestales, y no lo ha hecho.
Vox cree que el origen del problema es el deterioro del sistema de colaboración público-privado que había venido funcionando en Castilla y León de forma satisfactoria. Sicilia asegura que en la comunidad hay cerca de 300 pequeñas empresas dedicadas a este sector, que dan empleo a unas 11.000 personas. "Los convenios estaban funcionando bien, pero se han ido reduciendo y se ha dejado a las empresas atadas de pies y manos".
El procurador de Vox reprocha al PP la falta de diálogo con los implicados. "No puede ser que se tomen decisiones sin contar con los afectados", asegura Sicilia, quien lamenta que el decreto que presentó la Junta descargaba la responsabilidad en las administraciones locales, "lo que no tiene ningún sentido".
"El modelo de prevención no ha funcionado pese a que se incrementó sensiblemente el presupuesto, algo que nosotros apoyamos. Pero la Junta se olvidó de hacer su trabajo y gastó el dinero en cosas que no eran realmente útiles", opina Sicilia. "Ahora han empezado a hacer cortafuegos, pero en lugares inadecuados, según los expertos". Y coincide con los socialistas en que la ampliación del servicio de extinción todo el año no se está realizando de la forma más adecuada. "La Junta se dedica a los titulares, pero no al día a día, y existe un gran descontento".
Es difícil saber hasta dónde puede influir en las elecciones la desazón y el desconcierto que Castilla y León vivió en agosto. Pero lo que es seguro es que, por primera vez, los incendios se convertirán en un factor relevante en la discusión electoral.
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El fuego ha irrumpido enCastilla y León como un actor político de primer orden. La actual legislatura comenzó con un incendio devastador, el de la Sierra de la Culebra (70.000 hectáreas), que lanzó la primera señal de alarma, y se encontró en su tramo final con una histórica oleada de fuegos en agosto que arrasaron 150.000 hectáreas, la mayor parte de ellas en León. El fuego destruyó bosques, golpeó espacios naturales, obligó al desplazamiento de poblaciones y causó dos muertes, pero, sobre todo, asedió la credibilidad del Gobierno presidido por Alfonso Fernández Mañueco en materia de gestión. La política contra los incendios saltó al centro del debate, e incluso llegó a los tribunales.