La gran estafa de los ataúdes llega a juicio: 6.000 féretros ‘reciclados’ y penas de 200 años

El ‘caso de los ataúdes’ es probablemente el mayor escándalo que ha salpicado el mundo de las funerarias en España. Estalló en Valladolid hace siete años cuando se produjeron las primeras detenciones, tras descubrir una trama de ‘reciclado’ de féretros supuestamente destinados a la incineración, y este lunes, 2 de marzo, se inicia el juicio. 23 acusados de la Funeraria Castellana (entre propietarios y empleados), 239 testigos y 17 peritos desfilarán a lo largo de 34 sesiones, hasta el 9 de junio, en un proceso en el que la Fiscalía pide penas que suman 200 años de cárcel.

La trama era aparentemente sencilla: se trataba de sustituir los ataúdes de lujo que habían comprado los parientes del finado por otros de mucha más baja calidad antes de proceder a la incineración. Esos féretros no quemados, unos 6.000 según los investigadores, volvían luego a ofrecerse a otros clientes, con el consiguiente beneficio económico, que la Fiscalía estima en cerca de 4 millones de euros. Y esta forma de proceder se realizó, con distintos niveles de intensidad, durante 20 años, entre 1995 y 2015. Los investigadores estiman que el 73% del total de los féretros que hubieran debido incinerarse en ese periodo fueron ‘reciclados’ mediante este procedimiento fraudulento. También ilegal, pues la legislación prohíbe la reutilización de ataúdes.

La mecánica parece fácil, pero requería de una compleja trama añadida. Para empezar, una empresa, en este caso Fabricados Senovilla, debía proporcionar los féretros económicos, ‘ataúdes semielaborados’, que se usarían para la incineración real. Los investigadores creen, además, que proporcionaba las facturas necesarias para que la contabilidad de los Morchón, la familia acusada del fraude, cuadrara.

Y luego hacía la falta la complicidad de los trabajadores de la funeraria que no sólo debían realizar las labores de canje, sino también, en ocasiones, engañar a los familiares, simulando una incineración que no era real. Según explica el auto de la jueza de instrucción, en estos caso, los empleados "introducían el féretro y accionaban los ventiladores, que generaban mucho ruido, sin activar la combustión, lo que inducía a los familiares a creer que el proceso se había iniciado y se despedían". Esto ocurría en el crematorio del tanatorio, desde dónde eran trasladados los ataúdes hasta el cementerio propiedad de la empresa en Santovenia de Pisuerga, donde se hacía el cambio y se procedía a la incineración real. 19 de los empleados de Funeraria Castellana figuraban entre los acusados por este complicidad con el delito.

La investigación ha desvelado también que en algunos casos se renunciaba a esta operativa de sustitución y sus motivos. Por ejemplo, si el ataúd original era de baja calidad, si estaba manchado, con restos orgánicos, o dañado, si el cadáver era muy pesado y resultaba difícil moverlo o si el finado padecía alguna enfermedad infecciosa. La investigación encontró abundantes fotos que acreditaban el trato escasamente respetuoso que se daba a los cadáveres durante el proceso de sustitución.

Por estos hechos, la acusación pública imputa a Rosario Vaquero y a sus hijos, Ignacio, Rosa y Laura, delitos de constitución de organización criminal, pertenencia a organización criminal, delito continuado de apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de estafa, falsedad documental, blanqueo de capital y un delito continuado contra el respeto a los difuntos. Lo que supone petición de 20 años de cárcel para cada uno de ellos.

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El fundador de la empresa familiar, Ignacio Morchón Alonso, marido de Rosario, fundador de la empresa familiar y presunto cabecilla de la trama, no será juzgado, pues falleció hace dos años y medio, con el procedimiento iniciado. Morchón era todo un ejemplo de hombre hecho a sí mismo. Nacido en Torrelobatón, un pueblo de Valladolid de menos de 400 habitantes, desempeñó varios oficios antes de introducirse en las funerarias y convertirse en un magnate del sector, tras hacerse con la mayor parte del negocio de Valladolid. Incluso llegó a aspirar a la presidencia del Real Valladolid. La investigación plantea que una de las claves de su éxito es que contaba con aliados remunerados en residencias y hospitales que le daban el chivatazo de los decesos; esto le permitía a su empresa llegar antes que otros a ofrecer sus servicios a la afligida familia.

La necesaria implicación de los trabajadores era el punto débil del operativo, pues muchas personas estaban al tanto de la trama, que aun así funcionó sin problemas durante 20 años. Fue justamente uno de ellos, Justo Martín Garrido, el que destapó la liebre, si bien involuntariamente. Había amenazado a Morchón con destapar el fraude si no mejoraba su pensión personal y accedía a contratar a su hijo, a lo que el propietario de la empresa se negó. No sólo eso, sino que, imprudentemente, lo denunció en el juzgado, quizás porque desconocía hasta qué punto Justo había ido documentando el comportamiento fraudulento de su empresa. Según el auto judicial, el empleado realizó el primer asiento de un ataúd cambiado ya en la temprana fecha de 1995 y la primera fotografía en 2004.

Fue en la investigación de esa denuncia por extorsión cuando la Policía Judicial registró la casa de Justo, en agosto de 2017, y se encontró con los archivos del empleado, una auténtica bomba de relojería: 14 carretes de fotos, un pendrive con otras 207 fotos, 44 videos y un documento que explicaba el modus operandi de la estafa. Pero también 26 libretas con registros de más de 5.000 ataúdes presuntamente cambiados y 746 partes de defunción.

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"El registro que J.M.G. puso a disposición de este grupo investigador de manera involuntaria quedó avalado por la abrumadora prueba documental", explica el informe policial.

Esas fotos de Justo revelan, por un lado, que las cremaciones se realizaban realmente en el cementerio, no en el tanatorio, pero, sobre todo, muestran "una gran falta de respeto a los difuntos, al observar la posición de los cadáveres", según explica el auto de la jueza de instrucción. En las imágenes se ve cuerpos colocados "en féretros en desuso, en tapas de féretros, en cajas de restos".

El descubrimiento del minucioso archivo del trabajador llevó a iniciar una investigación sigilosa durante dos años que conducirá el 31 de enero de 2019 a la detención de la cúpula de la empresa Funeraria Castellana, tras un registro de la Policía Judicial en siete inmuebles propiedad de la familia Morchón, ordenado por la juez de instrucción 6 de Valladolid, María Teresa Javato. En el registro encontraron 9 bolsas de plástico con dinero en metálico que sumaba 982.815 euros. Y en los ordenadores, abundantes emails y otro tipo de información que en parte ha servido para sustentar la causa. Aquel registro marca el inicio de un procedimiento judicial que conduce hasta el inicio de la vista oral el 2 de marzo de 2026, siete años después. La indignación causada por el conocimiento de los hechos ha provocado una avalancha de denuncias particulares, aproximadamente 1.300, lo que ha llevado al juez a obligar su reagrupamiento, de modo que cada acusador debe representar a un mínimo de 54 fallecidos. Las pruebas parecen sólidas, pero ahora debe hablar la justicia.