Detienen a la exabadesa de Belorado (Burgos) por la venta de obras de arte del monasterio

“Se han llevado a la madre detenida y no sabemos por qué”. Este escueto mensaje de vídeo distribuido a través de las redes sociales a primera hora de la tarde daba noticia del nuevo episodio del culebrón legal que protagonizan las monjas cismáticas de Belorado. La detención de Laura García de Viedma se produjo tras un registro de la Guardia Civil iniciado a primera hora de la mañana del jueves 27 de noviembre, a las nueve, en el monasterio burgalés de La Bretonera. Enseguida trascendió que la actuación estaba relacionada con un presunto delito de venta indebida del patrimonio artístico y material de la comunidad religiosa.

Los abogados de las religiosas consultados por este diario no niegan que la venta se haya producido, pero aseguran que es perfectamente legal porque, según su punto de vista, ellas son las legítimas propietarias de él, y no el arzobispo de Burgos, pese a su nombramiento como Comisario Pontificio. Desde la perspectiva de las religiosas, y ante las crecientes dificultades económicas derivadas del control de sus cuentas por parte del titular designado por el Vaticano, vender su patrimonio era una opción legítima motivada por las necesidades de supervivencia.

“Partimos de la base de que las religiosas pueden disponer de los bienes de la comunidad”, asegura el abogado Florentino Aláez Serrano, uno de los dos letrados que defienden a las monjas rebeldes. Pese a la decisión del Vaticano, motivada por la decisión de buena parte de la comunidad de abandonar la Iglesia Católica, la titularidad de los bienes de la comunidad religiosa está actualmente en disputa en los tribunales, que no se han pronunciado todavía definitivamente sobre la materia. Quizás por ello las religiosas no tienen conciencia de haber cometido delito alguno.

No ha trascendido por ahora qué objetos han sido vendidos por la superiora de la comunidad cismática, pero la Guardia Civil sí informó este jueves por la tarde que la operación se inició al detectar en el mercado especializado de antigüedades algunos objetos que podrían corresponder al patrimonio histórico del Monasterio de Belorado. La actuación de la guardia civil está motivada por una investigación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Burgos que investiga posibles delitos de apropiación indebida agravada, así como un delito de receptación. Este último recaería sobre un anticuario que también ha sido detenido. Las actuaciones están dirigidas por el Juzgado de Plaza número 1 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca, continúan abiertas y no se descartan nuevas intervenciones.

La actuación que condujo a la detención de la exabadesa y actual superiora de la comunidad cismática se inició a primera hora de la mañana en el monasterio de La Bretonera de Belorado que las religiosas ocupan de forma irregular, y sobre la que ya se ha dictado orden de desahucio, aunque está recurrida en los tribunales.

A las 8.30 de la mañana cuatro turismos sin distintivos oficiales y una furgoneta aparcaron frente a la entrada del convento, pero se encontraron la verja de acceso cerrada y no lograron que las religiosas la abrieran, por lo que optaron por desatornillar el sistema de acceso para poder entrar, según informa Diario de Burgos. Una vez dentro del recinto, pero aún en el exterior del edificio, todavía tuvieron que esperar media hora para que las monjas les permitieran acceder al interior de las dependencias, donde realizaron un registro en busca de documentación y de posibles pruebas del delito. Alrededor de las tres de la tarde los guardias civiles abandonaron el monasterio en sus vehículos, con la exabadesa en la parte trasera de uno de los coches, cuyas ventanas fueron tapadas con cartones.

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Se da la circunstancia de que esta misma semana se ha conocido un nuevo frente judicial que se suma a los muchos que tienen pendientes las religiosas. El juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao ha notificado la admisión a trámite de una demanda de desahucio del monasterio de Orduña presentada hace un año por el Arzobispado de Burgos. La comunidad cismática está dividida actualmente en tres residencias diferentes: Belorado, Orduña y Asturias, donde pusieron en marcha un restaurante hace unos meses. En Orduña residen las cinco religiosas mayores que, por no firmar el escrito de abandono de la Iglesia católica, son consideradas por las autoridades eclesiales como los únicos miembros legítimos de la comunidad religiosa. Recientemente protagonizaron otra actuación de las fuerzas del orden, que se desplazaron hasta el monasterio vasco para trasladarlas a otros conventos de la orden a la que oficialmente pertenecen: las clarisas. Lo que no pudo ser debido a su oposición.

Al filo de las ocho de la tarde de este jueves, su portavoz informó de que se habían desplazado al monasterio de Orduña 14 guardias civiles para llevarse a las monjas mayores, a las que el arzobispo de Burgos está especialmente interesado en separar de las monjas que han protagonizado la ruptura con la Iglesia.
A todo ello hay que añadir otras dos causas penales abiertas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca. La primera está relacionada con la venta de 1,7 kilos de oro de la comunidad por 121.000 euros. Una venta que realizaron la exabadesa y otras dos religiosas, que están siendo investigadas como presuntas autoras de un delito de estafa impropia. A ello se suma un segundo procedimiento penal relacionado con el destino de los ingresos obtenidos por el alquiler de la hospedería del complejo conventual de Derio a un empresario alemán. Una vez proclamado el cisma, las monjas pidieron que el dinero se ingresara en una cuenta distinta con el fin de evitar el control del arzobispo de Burgos. Esta actuación motivó una querella por tres delitos de estafa agravada, dos de ellos en grado de tentativa, interpuesta por el Comisario Pontificio.

A ello hay que sumar los litigios interpuestos por las monjas cismáticas cuestionando la legitimidad del arzobispo de Burgos como gestor de los bienes de los monasterios en los que todavía residen. El argumento principal plantea que el derecho canónico, a cuyo amparo se ha realizado el nombramiento del Comisario Pontificio, no tiene validez jurídica en el ordenamiento español. Pero hasta ahora los tribunales no se han pronunciado sobre el fondo de la cuestión. El enredo continúa y va a más.