Puente se enreda en una batalla legal por el tren en Valladolid de consecuencias imprevisibles
Adif y Renfe deciden romper la sociedad Valladolid Alta Velocidad, paralizan las inversiones en marcha y dejan en el aire el desarrollo de 4.000 pisos en los antiguos talleres del operador ferroviario
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. (Europa Press/Jorge Armestar)
"Es un empecinamiento de Puente", aseguran en el Ayuntamiento de Valladolid. "Nos hemos cansado de la actitud obstruccionista delAyuntamiento", replican desde el bando del Ministerio de Transportes. El choque de trenes se consumó este lunes con el anuncio por parte de Renfe y Adif de la ruptura de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, de la que forman parte junto con el consistorio y la Junta de Castilla y León. El anuncio de disolución unilateral de la sociedad lanza al bando ministerial a una batalla legal de duración y consecuencias muy inciertas y tiene su origen en la disputa por el soterramiento de las vías a su paso por la ciudad.
La ruptura desencadena un enredo con implicaciones para las tres administraciones, pero sobre todo para la Junta -a la que no se han cedido, como se acordó, los terrenos para la nueva estación de autobuses-, pero también para Adif, que tiene pendiente de desarrollo un suelo con capacidad para 4.000 viviendas, vinculados al convenio ahora suspendido, y que podría ser replanteado por el Ayuntamiento vallisoletano. El desarrollo de ese suelo es lo que iba a permitir a Adif recuperar los 404 millones de deuda que asumió en 2017, en un momento muy crítico de la existencia de Valladolid Alta Velocidad.
Los representantes ministeriales comunicaron a la Comisión de Seguimiento del convenio interinstitucional que permitió crear la sociedad que la consideraban disuelta por los incumplimientos del Ayuntamiento. Compromisos no cumplidos que fueron objeto de un requerimiento hace un año, cuando se le dio un plazo límite que se ha superado ampliamente. A la vista de esa situación, dan por disuelta la sociedad, aunque este asunto está lejos de estar resuelto y se dirimirá en los juzgados.
El secretario de Estado de Transporte y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, pintó un panorama en el que el nuevo equipo municipal encabezado por Jesús Julio Carnero aparecía como ejemplo de "deslealtad" y artífice de "tácticas dilatorias" que buscaban bloquear los proyectos de integración ferroviaria. ¿La razón? El nuevo Gobierno local manifestó desde el principio su interés en recuperar el proyecto de soterramiento -que era el objeto inicial de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad-, propósito que fue abandonado por el camino y sustituido por la integración ferroviaria. El artífice del cambio de postura fue el entonces alcalde socialista, Óscar Puente, ahora ministro de Transportes, que no está dispuesto a rectificar ni a dar su brazo a torcer.
Imagen de la comisión de seguimiento. (Cedida)
Aquel cambio de posición tuvo un coste político, pues muchos ciudadanos siguen demandando en Valladolid el soterramiento de las vías del tren, y, sin duda, fue uno de los factores que auparon al PP y a Vox en los comicios de 2023, frente a unÓscar Puente que no pudo retener la alcaldía. Fuentes del PP consideran que esta es la razón que explica que Puente se esté enfrentando a este asunto de una forma "personal".
Aquella decisión, sin embargo, no se adoptó sin motivos, tal y como recordó el secretario de Estado el lunes. "El soterramiento fue un proyecto fallido, que fracasó y que generó una deuda de 400 millones de euros. Aquel fracaso es el que llevó a un replanteamiento del convenio. Se llega ahí porque se constata un fracaso", recalcó contundente José Antonio Santano.
Aquella deuda fue asumida por Adif y ahora es uno de los flancos débiles del litigio judicial que se avecina. La razón es que el ente ministerial tenía previsto recuperar el dinero mediante el desarrollo urbanístico del suelo liberado por el traslado de los viejos talleres de Renfe. Un suelo al que el Ayuntamiento ha otorgado la máxima edificabilidad permitida, y en el que está previsto construir 4.000 viviendas. Pero esa recalificación estaba ligada a un proyecto global que ahora se desbarata, lo que abre paso a muchas incógnitas. Si el acuerdo fue fruto de la colaboración interinstitucional, en un contexto de confrontación, el consistorio podría replantear la recalificación de ese suelo. Motivos no le faltarían, dado que se sitúan en el margen de un barrio muy congestionado. Reconvertir ese suelo en zona verde, por ejemplo, no sería descabellado. Aunque nadie en el Ayuntamiento vallisoletano espera tener que llegar tan lejos.
En el subsuelo de estos terrenos estaba previsto también que el Gobierno regional construyera la nueva estación de autobuses de Valladolid. Una estación soterrada que está parada porque el Ministerio no ha realizado sus deberes: ni ha descontaminado los terrenos, ni ha cedido su uso a la Junta de Castilla y León. En el clima de confrontación legal que se avecina tampoco es fácil saber en qué terminará ese proyecto. Entretanto, la consejería de Movilidad ha optado por arreglar y remodelar la estación actual.
Frente al panorama de incumplimientos pintado por el Ministerio, el alcalde vallisoletano realizó un retrato muy distinto del paisaje. En su cuadro, la ciudad de Valladolid ha sido la gran perjudicada de un proyecto que supuestamente buscaba favorecerla, mientras que los beneficiados resultarían ser Adif y Renfe. "La ciudad de Valladolid lo ha dado todo", insistió Jesús Julio Carnero. Y recordó que cedió 75 hectáreas de suelo para la construcción de los nuevos talleres de Renfe, que ha recalificado el suelo donde estaban los antiguos y que ha cofinanciado obras de cariz ferroviario. A cambio, no ha recibido nada -desde el punto de vista urbanístico- más allá de algunos pasos subterráneos cuya utilidad el alcalde vallisoletano cuestiona. Y respecto a su presunta obstrucción en el desarrollo de la integración, el alcalde recordó que Puente realizó "medio" paso subterráneo en ocho años, mientras él ha ejecutado dos en dos.
El alcalde niega una parte de los incumplimientos que el Ministerio le imputa, justifica otros y considera que los demás no son causa suficiente para una ruptura. Y respecto a los pasos de Ariza, uno de los principales motivos de confrontación, asegura que no se opone, siempre que no coincidan en el tiempo con las obras de la nueva estación ferroviaria que piensa acometer el Ministerio, pues el efecto conjunto de ambas obras sería fatal para el tráfico de la capital castellana.
Un rap contra el alcalde
Entretanto, los colectivos vecinales y de izquierdas que abanderan ahora la integración ferroviaria y se oponen al soterramiento crearon una plataforma que está exponiendo sus ideas (y criticando al alcalde) mediante un pegadizo rap, Valladolid, despierta, en el que se presenta el soterramiento como un proyecto faraónico que tiene más de "humo" y de "cuento de la lechera" que de realidad.
"El soterramiento es el timo del ciudadano. Queremos soluciones para esta vida, no para otra vida", aseguran, en alusión al tiempo transcurrido ya y al que puede faltar todavía para una hipotética materialización del proyecto. "No queremos una década viviendo entre zanjas", proclaman los desconocidos raperos que cantan el tema, mientras la Plataforma explica que la integración cuenta con apoyo mayoritario en la ciudad. Todo apunta, sin embargo, a que el rap llega tarde, habida cuenta de que la ruptura ministerial supone también dar la puntilla a la integración ferroviaria.
Las espadas están en alto y se avecina un litigio legal largo y con distintas etapas. En esa demora temporal tienen puestas sus esperanzas los responsables municipales, dado que pueden pasar muchas cosas en el país, y en la ciudad, en los próximos años.
"Es un empecinamiento de Puente", aseguran en el Ayuntamiento de Valladolid. "Nos hemos cansado de la actitud obstruccionista delAyuntamiento", replican desde el bando del Ministerio de Transportes. El choque de trenes se consumó este lunes con el anuncio por parte de Renfe y Adif de la ruptura de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, de la que forman parte junto con el consistorio y la Junta de Castilla y León. El anuncio de disolución unilateral de la sociedad lanza al bando ministerial a una batalla legal de duración y consecuencias muy inciertas y tiene su origen en la disputa por el soterramiento de las vías a su paso por la ciudad.