La vicepresidenta de la Junta defiende ante la UE abordar la despoblación con más peso financiero

La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, ha defendido hoy una Política de Cohesión para 2027 renovada, integradora y en la que tanto las regiones como las entidades locales tengan la capacidad de tomar decisiones y de gestionar fondos durante el pleno del Comité de las Regiones de la Unión Europea. Blanco ha abogado por líneas de financiación específicas ligadas luchar contra la despoblación, a la que se enfrenta buena parte de la Unión Europea.

Una sexta parte del total de las regiones comunitarias cuenta con una población en retroceso. Castilla y León es uno de esos territorios que, a pesar de los buenos resultados de los últimos años en cuanto a saldo demográfico, envejece y acusa una dispersión de su población, que provoca desequilibrios demográficos.

En este sentido, la vicepresidenta ha defendido una estrategia global para hacer frente a la despoblación, la dispersión y el envejecimiento, basada en una visión amplia, participativa, coordinada e integradora. Según ha explicado, esto se traduce en la necesidad de abordar una Política de Cohesión para después de 2027 que ponga el foco de manera directa en el medio rural de las regiones más despobladas, que establezca líneas de financiación específicas y que dote a estos territorios de una mayor autonomía a la hora de gestionarlos.

Durante su turno de palabra, Isabel Blanco ha reclamado que las regiones deben ser las verdaderas protagonistas en la ejecución de las medidas derivadas de la Política de Cohesión, puesto que son las que conocen tanto las fortalezas como las debilidades del territorio y tienen el bagaje suficiente para gestionar los fondos. Aunque existan objetivos generales de la Unión Europea, ha apostado por que las regiones tengan la libertad de adaptar los proyectos a sus necesidades locales específicas, a través de una estrecha colaboración con las entidades locales.

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La vicepresidenta ha puesto de manifiesto que el envejecimiento y, por tanto, la reducción de la población en edad de trabajar puede afectar de manera directa al crecimiento económico, pero también a los sistemas de protección social, ya que, además, los servicios públicos se encarecen de manera importante en el medio rural y especialmente si la población está envejecida.

Castilla y León como ejemplo

Castilla y León es una comunidad autónoma muy dispersa. En total cuenta con 2.248 municipios -el 94 % de ellos con menos de 2.000 habitantes- y con un 36 % de su población residente en el medio rural. Estas características demográficas suponen un desafío técnico y financiero para la Comunidad, puesto que la prestación de servicios en el ámbito rural es un 52 % más caro –la ayuda a domicilio para personas dependientes lo es un 78,5 %, por ejemplo–.

En cuanto al sector educativo, el coste anual de la educación primaria es un 33 % más cara en los pequeños municipios de acuerdo con la OCDE, mientras que, en lo que respecta al ámbito sanitario, el gasto de una persona mayor de 75 años multiplica por siete el de un adulto más joven.

Por ello, Isabel Blanco ha expuesto que para facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo en estas zonas es necesario aplicar una fiscalidad favorable a las inversiones en el medio rural y mejorar las infraestructuras.