La temporada de juntas generales 2026

Estando en el ecuador de la temporada 2026 de juntas generales de sociedades cotizadas, con muchas de ellas ya celebradas pero otras muchas todavía por celebrar o convocar, cabe hacer una serie de consideraciones sobre los principales asuntos a someter a los accionistas, así como la posición de los grandes inversores institucionales y asesores de voto. En relación con estos últimos, si bien la creciente fragmentación de las políticas de voto de los grandes inversores institucionales y la expansión de los programas de participación del accionariado minorista reducen la posibilidad de anticipar el grado de apoyo accionarial y, con ello, la influencia de los asesores de voto, se prevé que estos mantengan un peso relevante en los próximos ciclos, actuando como orientadores de referencia y fijando tendencias en gobierno corporativo, por lo que resulta relevante atender a sus políticas y criterios.

En materia retributiva, la política de remuneraciones, el Informe Anual de Remuneraciones (IAR) y los Planes de Incentivos a Largo Plazo (PILP) siguen constituyendo el principal foco de oposición accionarial, en línea con la tendencia observada en los últimos cinco años. Se aprecia un recurso creciente al argumento de la competitividad internacional, especialmente respecto al mercado estadounidense, para fundamentar las decisiones retributivas. En el mercado español, los inversores siguen señalando determinadas prácticas, tales como la no divulgación del grupo de comparación (peer review), la ausencia de justificación de los incrementos salariales mediante estudios de mercado, los periodos de consolidación inferiores a tres años en incentivos en acciones o el cálculo de los paquetes de salida, que integran indemnizaciones, cláusulas de no competencia y planes de ahorro.

Asesores de voto e inversores señalan que, particularmente en Estados Unidos, las métricas vinculadas a la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI, por sus siglas en inglés) están siendo progresivamente integradas en categorías más amplias relacionadas con el liderazgo, la cultura corporativa y el desarrollo organizativo. Este enfoque permite mantener la atención en los objetivos de DEI, al tiempo que reducir los riesgos legales y reputacionales a los que las sociedades podrían estar expuestas en determinadas jurisdicciones.

En materia de divulgación de información no financiera, el paquete Ómnibus I supone un replanteamiento estructural de las obligaciones para las sociedades cotizadas. No obstante, la heterogeneidad en la transposición nacional genera incertidumbre de cara a los informes de 2026. En España, la presente temporada apunta a una continuidad respecto a 2025. El nombramiento de verificadores independientes de sostenibilidad ha sido uno de los puntos más novedosos, en anticipación a la transposición de la CSRD. La práctica muestra dos enfoques diferenciados. El más extendido consiste en someter a votación el nombramiento del verificador de sostenibilidad de forma separada respecto del auditor de cuentas, alcanzando habitualmente apoyos superiores al 99%. El segundo integra ambos nombramientos en un único acuerdo. La adopción de estos modelos avanza de manera gradual entre compañías de mediana y pequeña capitalización, con algún caso puntual de menor respaldo debido a situaciones de confrontación accionarial.

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La diversidad de género en los consejos de administración será otro de los aspectos relevantes de la temporada 2026, que constituye el último ejercicio antes del vencimiento, en junio de 2026, de los plazos establecidos por la directiva europea para alcanzar los umbrales mínimos de equilibrio. En España, la presencia femenina en los consejos ha registrado un crecimiento sostenido entre 2022 y 2024, con una media que ha pasado del 33,6% al 36,9%. Sin embargo, la presencia femenina en los principales puestos ejecutivos continúa siendo muy reducida (en los cargos de consejero delegado y presidente la representación de mujeres no supera el 16%, observándose la mayor presencia en las presidencias).

La inteligencia artificial (IA) aún ocupa un lugar incipiente en las juntas generales españolas y europeas, pero la experiencia reciente en otros mercados muestra un aumento claro del escrutinio sobre su gobernanza y unos niveles de apoyo moderados pero constantes a las propuestas formuladas, lo que evidencia la consolidación de esta temática en la agenda de los inversores. En este ejercicio, se espera que los consejos realicen un debate profundo a nivel estratégico y de administración de riesgos y oportunidades asociados al desarrollo y uso de la IA. Se reclama mayor transparencia en materias como privacidad, uso ético de datos, sesgos algorítmicos, protección de la infancia, desinformación y efectos sobre las condiciones laborales. También crece la preocupación por el impacto medioambiental derivado de la infraestructura necesaria para modelos y centros de datos, incluyendo consumo energético, emisiones, gestión del agua y exposición al cambio climático. Los inversores impulsan la adopción de marcos internacionales de IA responsable y estándares reconocidos de diligencia debida, con el fin de fortalecer la rendición de cuentas del consejo.

Opinión

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Finalmente, resulta especialmente relevante que las sociedades refuercen la calidad y accesibilidad de la información. Entre las mejores prácticas destaca la centralización de toda la documentación en un único apartado de la página web corporativa, claramente identificable y de navegación sencilla, que permita consultar en formatos accesibles y con antelación suficiente los informes y materiales, facilitando con ello, además de la transparencia, su análisis y supervisión, reduciendo riesgos de incidencias durante el proceso de votación y favoreciendo una participación accionarial plenamente informada. A ello se suma la conveniencia de emplear canales complementarios que amplíen la difusión, como listas de distribución, comunicaciones específicas o plataformas digitales utilizadas habitualmente por los inversores. Estas prácticas no solo fortalecen la confianza del mercado, sino que responden a las expectativas crecientes de inversores institucionales y asesores de voto, que valoran la claridad, accesibilidad, consistencia y anticipación en la comunicación corporativa durante la temporada de juntas.

*Guillermo Guerra, socio responsable de Gobierno Corporativo Gómez-Acebo & Pombo.