Solo faltaba la UCO: la polémica de las renovables en Aragón abre nuevos frentes tras el registro de Forestalia y el MITECO

Los registros de UCO en las oficinas de Forestalia y en el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, en el marco de las investigaciones del caso Leire y los contratos de Servinabar, han traído nuevas sombras al espectacular y controvertido despliegue de las energías renovables en Aragón. La Comunidad es hoy una potencia en la materia, pero con no pocos conflictos cívicos y políticos.

Ese despliegue tuvo su punto de arranque en la osadía del dueño de Forestalia, el empresario Fernando Samper, al ganar las subastas eléctricas nacionales de hace una década frente a los operadores habituales y, a la vez, ganarse la confianza del Gobierno de Javier Lambán, que percibió el sector como clave para la economía del futuro.

Pero el desarrollo de los parques se promovió sin una ordenación previa -que aún sigue pendiente- y ha afectado a otros sectores económicos y sociales que se han sentido atropellados. Organizaciones ciudadanas y ecologistas, ayuntamientos y empresarios turísticos y agroalimentarios han denunciado y llevado a los juzgados el modo con el que tanto la administración autonómica como la nacional han dado los permisos, que han argumentado la prodigalidad de licencias en la conveniencia de ganar ventajas competitivas o de acelerar la transición ecológica.

Ahora es la UCO la que se pregunta por las tramitaciones ambientales autorizadas en el ámbito del MITECO y si ha habido algún trato de favor y pago de comisiones. Según informaba este sábado Heraldo de Aragón, la Guardia Civil investiga todos los permisos otorgados por el Ministerio a Forestalia, donde se han tramitado más de 275 plantas eólicas y solares y se le ha concedido el 56% de la potencia solicitada.

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En las críticas y denuncias sociales y políticas, especialmente señalado ha sido el fraccionamiento de los parques, para que no superaran los 50 megavatios y quedaran bajo jurisdicción autonómica, pese a ser en varios casos contiguos y conformar una unidad mayor y, por lo tanto, de tramitación nacional y con más obligaciones procedimentales, tal y como denunció el Colegio de Ingenieros de Caminos de Aragón.

No fue menor el conflicto de las declaraciones de impacto ambiental otorgadas por el INAGA, el organismo de la comunidad autónoma responsable en su nivel. Entre otras cosas, afloró que se había relevado a funcionarios críticos y que se había externalizado la elaboración de los informes a consultoras que podían incurrir en colisión de intereses.

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Fueron aspectos que cobraron especial relevancia en vísperas de las elecciones autonómicas de mayo de 2023, que el PP usó profusamente en campaña contra el cuatripartito de Lambán y que, una vez al frente del Gobierno, desembocó en una densa Comisión de investigación "sobre el proceso de implantación de las energías renovables en Aragón y sobre cómo ha actuado el INAGA en este proceso". Allí se habló de casi todo lo que se tenía que haber debatido una década atrás, y concluyó con recomendaciones aún pendientes, como la necesidad de planificar y ordenar.

Ahora, cuando el Gobierno de Jorge Azcón está finiquitando su mandato a mitad de legislatura por la ausencia de Presupuestos por tercer ejercicio consecutivo, esa planificación ha quedado relegada. Por un lado, porque no es lo mismo estar en el gobierno que en la oposición. Pero, sobre todo, ha quedado opacada ante la llegada de los centros de datos y su hiperdemanda de energía verde, nuevo sector en el que Azcón quiere posicionar a Aragón como el referente en Europa.

La propia Forestalia está diversificando su actividad hacia ese campo, en el que ha anunciado una inversión de 12.000 millones de euros, al haber visto cercenados sus proyectos de evacuación de la energía que generan o generarán sus parques en Aragón -tiene en desarrollo efectivo o futuro más de 10.000 megavatios-, por la oposición de varias comunidades limítrofes, más exigentes con el uso de sus territorios.

Petición de moratoria

Ante las investigaciones de la UCO, los partidos políticos, mientras empiezan a calentar motores para verse las caras en las urnas el próximo febrero, mostraban su inquietud ante los nuevos capítulos por escribir por el modo de desarrollo de un sector que ha cambiado el paisaje de Aragón.

El consejero de Hacienda de la DGA, Roberto Bermúdez de Castro, señalaba que "con Forestalia se hará todo lo que esté dentro de la legalidad" y que el Gobierno aragonés está muy tranquilo ante las pesquisas abiertas por la Audiencia Nacional.

Mientras, Teruel Existe, la organización más combativa ante cómo se han desplegado las renovables en Aragón, lideraba la petición de que se aplique una moratoria y se revisen autorizaciones, en especial la del Clúster Maestrazgo, de cuyas obras, a punto de comenzar, exige su paralización. Es el proyecto eólico más grande de España, promovido por Forestalia y ahora de CIP, un fondo de inversión danés, que tuvo que ser aprobado, en última instancia, por el Consejo de Ministros del Gobierno de Sánchez, en contra de informes desfavorables autonómicos y municipales. "Es inaudito - dice Teruel Existe-, que el MITECO emitiese una Declaración de Impacto Ambiental favorable teniendo 85 molinos en RED Natura 2000, 94 molinos en el área de sensibilidad ambiental máxima del mapa de zonificación de renovables del propio MITECO, donde no recomienda su instalación, además de omitir y minimizar la tala y ocupación de miles de hectáreas de bosques".

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El mismo movimiento ha denunciado que hubo un informe de técnicos del INAGA (el organismo competente de Aragón) muy crítico con el proyecto, pero que fue sustituido por otro más favorable rubricado por el director de dicho organismo y que fue el remitido al MITECO.

En ese marco, Paisajes de Teruel ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción el aval otorgado por el MITECO al parque, por considerarlo “indebido y fraudulento”, y para que se investigue quiénes y cómo tomaron las decisiones en el marco de la Subdirección General de Evaluación Ambiental.

Jorge Pueyo, diputado nacional por Sumar, también ha pedido la moratoria y “revisar los procedimientos bajo sospecha”, y que el MITECO explique en el Congreso quiénes elaboraron las declaraciones de impacto ambiental. Previamente, promovió que los ministros de su coalición discreparan de la aprobación en el Consejo de Ministros, mientras sigue esperando, sin éxito, los documentos que la justificaron. "Debería aplicarse una moratoria mientras no haya un Plan de Ordenación territorial de los recursos energéticos, como marcan las directivas de la UE", señala Pueyo.

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Las denuncias presentadas en estos años por los opositores de los proyectos, en los que hay partidos, como Teruel Existe, empresarios u organizaciones, como Paisajes de Teruel,se acumulan en varios frentes: fragmentación de proyectos, impactos ambientales sin los efectos acumulativos, informes ambientales contrarios a los criterios de funcionarios técnicos o incumplimiento de la legislación ambiental, de montes, de patrimonio natural. También se han denunciado las puertas giratorias de ex altos cargos de la Administración.

Ventas millonarias, mínimas compensaciones

No es menor el impacto ciudadano que provoca la sucesión de ventas millonarias entre operadores energéticos. En los lugares donde se han instalado los parques, una vez superada la fase de obras, apenas se ha creado empleo y las compensaciones son testimoniales. Mientras, se menoscaban otras actividades, especialmente el turismo, del que ahora viven numerosas poblaciones.

Es lo que ocurre cuando se publican noticias como la venta por Repsol de la mitad de ocho parques eólicos del Proyecto Delta II en Aragón por 450 millones de euros, de unos 300 megavatios (marzo 2025). O que CIP, la misma que ahora impulsa el Clúster del Maestrazgo, ha encargado a Crédit Agricole la venta del 51% que posee de un mega parque en los Monegros, por 700 millones de euros, con una potencia de 487 megavatios (octubre 2025). En origen, también eran de Forestalia.