PP y PSOE de Aragón pactan una ley para crear una red de energía propia que decidirá el Constitucional

Casi a la misma hora en la que el PP se unía a Junts y PNV para tumbar en el Congreso la tasa a las energéticas, en las Cortes aragonesas, el PP sacaba adelante con el apoyo del PSOE la Ley de la Energía de Aragón, una norma presentada como la baza para que la comunidad tenga un sistema propio energético y que la oposición considera hecha a la medida de los grandes operadores.

La ley aprobada recoge en esencia el Decreto Ley que dictó en 2023 el Gobierno de Javier Lambán y que fue anulado por el Tribunal Constitucional. Un año y medio después, el ejecutivo de Azcón ha vuelto a llevar esta regulación al parlamento, esta vez en forma de Ley pero por el procedimiento de lectura única y tras pactarla con el PSOE, lo que le ha permitido sacarla adelante en apenas tres horas de sesión parlamentaria. Eso no presupone que pueda aplicarse, ya que Teruel Existe ha anunciado que la llevará al Constitucional, y algunos expertos consideran que de nuevo entra en territorios que el Gobierno Central ya ha dicho que son de su exclusiva competencia.

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Y es que, si en Madrid la energía mueve la gobernanza, en Aragón, aun cuando se trata de acallar, es fuente principal de conflicto político. Y de nuevo ha aflorado con la tramitación de esta Ley de medidas urgentes en materia de energía de Aragón, por el procedimiento de lectura única, que, a juicio de la oposición, ha hurtado el debate necesario para regular un ámbito que está transformando Aragón. Y es que los datos hablan por sí solos: de toda la potencia eólica instalada en España en 2024, más de la mitad se ha erigido en Aragón, comunidad que es la segunda generadora del país, con un 14,4%, solo por detrás de Castilla y León, que tiene el 21% pero con un territorio que es el doble.

Para atraer empresas y abaratar el precio

En la presentación de la ley, la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, explicaba que dará seguridad jurídica, atraerá grandes proyectos y abaratará el recibo, impulsando el autoconsumo y las comunidades energéticas. Para la vicepresidenta, "contribuirá a apuntalar la industria, la logística y la agroalimentación", por garantizar la autonomía energética y satisfacer la creciente demanda. Esto es, se facilitará la instalación de renovables junto a grandes proyectos estratégicos y se crea del Fondo aragonés de solidaridad energética, compensará a las zonas impactadas. El PSOE ha apoyado la ley, ya que la considera hija de su decreto, igual que reivindica que la actual política de renovables y atracción de empresas la lanzó su gobierno. El voto 52 a favor lo sumó el PAR: "La energía la utilizaremos aquí".

Pero no lo ve igual la oposición, como se escuchó en las explicaciones previas a votar, una a una, en una insólita letanía y con atasco del sistema incluido, las 327 enmiendas presentadas, de las que se aceptaron 40.

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Vox, Chunta, Aragón Existe, IU y Podemos fueron subiendo al estrado para mostrar su desacuerdo en fondo y forma, como han venido denunciando en los últimos días. Para Vox, se ha redactado "al dictado del lobby energético" y sin medidas a favor de las comunidades energéticas de pymes y ciudadanos”.

CHA, que apoyó el decreto anterior como parte del Gobierno de Lambán, denunciaba ahora la forma de tramitarla, por hurtar la participación política, y cuestionaba que pueda otorgarse la Declaración de Interés de Aragón (DIA) cualquier proyecto energético, lo que a su juicio ampliaba la discrecionalidad y marginaba a los municipios, riesgo que finalmente fue conjurado al sumar sus votos la oposición.

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También IU y Podemos, que en su día apoyaron el decreto, votaron no por ser una ley "chapuza" e ir contra los intereses generales y a favor de las energéticas. Como hizo Aragón-Teruel Existe, que tiene en el rechazo al modelo de implantación de las renovables en Aragón uno de los pilares de su acción política. De hecho, fue más allá y su portavoz, Tomás Guitarte, directamente anunció que van a presentar un recurso de amparo ante el Constitucional por vulnerar los derechos de las minorías en la tramitación y contradecir la normativa de la UE. "Se ha redactado a medida de un oligopolio que tiene secuestrado al Gobierno de Aragón", dice, en lo que para Guitarte va contra las comunidades energéticas y el autoconsumo de verdad. "Esta ley se ha hecho para justificar el desorden en la implantación de renovables".

Según explican los grupos en contra, la lectura única suele utilizarse para proyectos sencillos, no para una normativa tan relevante, con apenas 20 días para presentar enmiendas, que además no han sido debatidas en el pleno: solo nombradas y votadas.

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Para "dar cobertura al desorden"

Respecto a la urgencia, para Guitarte, responde a los intereses de las empresas y no de los aragoneses. "Se dice que impulsa el autoconsumo, pero crea un mapa jurídico para dar cobertura al desorden en el despliegue y el sistema propio que diseña permite que se genere energía en el Matarraña o Albarracín y se transporte a los centros de datos de Zaragoza. Eso no es el autoconsumo que incentiva la UE, como sí lo es, en el caso industrial, el modelo de Stellantis, con la planta de generación junto a la factoría de baterías. Con esa ley se da cobertura a los parques que no tienen conexiones y que ahora podrán vender dentro de la comunidad, pero cruzando Aragón por todas partes".

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Guitarte cree que la nueva ley llevará el mismo camino que el decreto, ya que invade competencias estatales y duda que el Estado permita la creación de un subsector eléctrico autonómico. También cuestiona que no se tramiten los mandatos de la comisión de investigación de las renovables y sí esta ley. "No se hace ni la directriz del paisaje ni el Plan energético de Aragón, que deberían haber ido delante. Sí esta ley, en la que se presume de impulsar las comunidades energéticas, pero no obliga a darles conexión en un plazo corto. En Teruel, donde tenemos renovables por todas partes, solo se han impulsado 10 comunidades y Luco de Jiloca, la pionera, ha tardado 4 años en conseguir la conexión".

Esta ley de medidas urgentes se aprueba en la misma semana en que se ha sabido que la Generalitat ha emitido informe ambiental desfavorable a dos líneas de alta tensión proyectadas por Forestalia y por las que iba a verter la energía generada en 21 parques que tiene autorizados, con 900 megavatios. La energética aragonesa ya ha explicado que está en negociaciones para vender esa potencia en Aragón y "contribuir así a su desarrollo industrial".

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Conflictos en distintas comunidades

Es uno más de los conflictos que están aflorando en España por el modo de desplegarse las renovables. A Forestalia le afecta además de la decisión de Cataluña, la de La Rioja de rechazar ser tierra de paso hacia el País Vasco, y otra línea más a Valencia, que ha decaído por incumplimiento de plazos. Según ha informado Heraldo de Aragón, Forestalia tiene afectados por distintas decisiones parques aprobados que suman 2.650 megavatios (en Aragón promueve casi 10.000) y que no renuncia a construir y buscar nuevos clientes.

Los conflictos también son recurrentes en Galicia, una de las comunidades también en cabeza en producción, Extremadura o en el País Vasco, por las diferencias entre instituciones.

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El propio PSOE, que desde el Gobierno central ha facilitado el despliegue presente para situar a España en cabeza de la transición energética, parece que ha tomado consciencia del malestar que la forma de operar actual genera en muchos territorios. Así, en el congreso recién celebrado en Sevilla, los socialistas han aprobado impulsar leyes para obligar a las empresas a ceder a vecinos y ayuntamientos de los municipios donde se instalen una participación del 20% de cada nueva planta eólica y solar que se monte en España, tal y como se hace por ejemplo en Alemania. En la nueva ley aragonesa no se legisla así y remiten el Fondo de solidaridad.

Contra el clúster del Maestrazgo

Mientras se espera esa legislación y el mapa de dónde sí y donde no, que queda a expensas de la elaboración del Plan Energético de Aragón, crece la oposición a los 20 parques del Clúster del Maestrazgo, que llevará 125 aerogeneradores a una comarca de amplias zonas protegidas medioambientalmente y donde, en 2021, un informe de Urbanismo indicó que no era posible instalar renovables porque eran Zonas de Interés Paisajístico y/o Geológico y Zonas de Interés Rústico Forestal. Casi la mitad de los pueblos son Bien de Interés Cultural: Cantavieja, Castellote, Fortanete, La Iglesuela, Mirambel, Miravete y Villarroya de los Pinares y, en tres de ellos, Fortanete, La Iglesuela del Cid o Cantavieja, se cambiaron los planes urbanísticos para quitar las figuras de protección.

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Esta misma semana, era Vox el que denunciaba ante la fiscalía al Cluster y solicitaba la suspensión de la tramitación administrativa por un presunto delito medioambiental. La denuncia va contra la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen: el director general de Política Energética y Minas, Manuel García; la directora general de Calidad y Evaluación Ambiental, Marta Gómez; y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. Para Vox, el proyecto conlleva una deforestación masiva de árboles, afectaciones a especies, vulneración de espacios protegidos, como la Red Natura 2000, zonas cepa o el Geoparque del Maestrazgo, reconocidos por la UNESCO.

El objetivo es que se suspenda la tramitación del procedimiento administrativo, estrategia en la que llevan tiempo trabajando Paisajes de Teruel, Teruel existe y Ecologistas en Acción.

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De hecho, Paisajes de Teruel considera que ya debería quedar en suspensión varios de los proyectos del Clúster por el silencio administrativo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). La Plataforma presentó en septiembre 19 recursos contra la autorización administrativa previa, la de construcción y la declaración de utilidad pública y solicitaba la suspensión de la ejecución "por la deficiente e irregular tramitación del macroproyecto". Transcurridos dos meses sin respuesta ministerial, la Plataforma estima que ese silencio administrativo debe entenderse como estimada la solicitud de suspensión. Como también denuncian que el almacenamiento de aerogeneradores para los parques del Cluster en el aeropuerto de Teruel carece de licencia.

Por otro lado, Teruel Existe viajó recientemente a Copenhague para entrevistarse directivos de la empresa danesa Copenhaguen Infraestructure Partners (CIP), el fondo de inversión que adquirió el proyecto del Clúster para darles a conocer el impacto sobre uno de los principales ecosistemas medioambientales de Europa y el rechazo social que hay ante el proyecto.