El movimiento ecologista se levanta contra la unión de Astún y Formigal y amaga con los tribunales
Las entidades proteccionistas buscan un gran apoyo popular que paralice el proyecto de la unión de estaciones de esquí en Aragón. Denuncian daños irreparables en Canal Roya
El gran proyecto de la unión de estaciones de esquí de Astún y Formigal, impulsado por el Gobierno de Aragón, cuenta con un amplio apoyo del sector empresarial y social del Pirineo. Las cifras marean. La propuesta situaría a la región entre los principales destinos del mundo: un impacto en el PIB de 50 millones de euros al año y la captación de 126.000 esquiadores cada temporada. Entre tanto dato destaca la inversión prevista de 34 millones de euros, que estaría financiada en su mayoría por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Pero comienzan a levantarse voces críticas contra un proyecto que el Ejecutivo del socialista Javier Lambán considera clave y amenazan con llevar a Bruselas y a los tribunales la iniciativa.
Las críticas se centran en las afecciones medioambientales que podría ocasionar esta gran infraestructura. La envergadura del proyecto es tal que tendrá una telecabina que unirá por cable el valle del Aragón con el valle de Tena (Astún con Formigal) en tan sólo 14 minutos para recorrer 4,3 kilómetros. Esta infraestructura, que transportará a 2.400 esquiadores a la hora, tendrá que atravesar una de las joyas naturales del Pirineo aragonés, el conocido como Canal Roya.
Los movimientos ecologistas están manifestándose por toda la geografía del Pirineo para recabar un gran apoyo popular que paralice el proyecto por considerarlo medioambientalmente insostenible. Fuentes del movimiento ecologista denuncian que el Pirineo cada vez está sufriendo más las consecuencias del cambio climático y las temporadas de esquí se acortan cada año con más celeridad, por lo que, a su juicio, no tiene ningún sentido un proyecto como el planteado.
La crítica al gran proyecto de Lambán también tienen eco en el seno del Ejecutivo que preside con el rechazo contundente de Podemos y Chunta Aragonesista. Las dos formaciones que gobiernan con el PSOE y con el Partido Aragonés no descartan acciones legales para frenar esta obra. Entre tanto, la batalla política salta del Gobierno regional a las plazas de los pueblos del Pirineo, donde ya se comienza a sopesar la idea de llevar la defensa de Canal Roya y por extensión del Pirineo hasta Bruselas. Recalcan con sarcasmo que la unión de estaciones, y el impacto en la naturaleza que consideran negativo, esté financiado con fondos para impulsar un turismo sostenible y de respeto al medio ambiente.
La UE deberá decidir
La unión de las estaciones de esquí de Astún y Formigal a través de Canal Roya fue ratificada hace pocos días por los promotores políticos y empresariales en la sede del Gobierno de Aragón y ante la atenta mirada de Javier Lambán. Tras esta firma, el siguiente paso es iniciar los procedimientos administrativos para recibir los fondos de la UE y analizar el impacto económico y medioambiental que requerirán las obras.
La consolidación del acuerdo ha levantado una polvareda de críticas: Unidas Podemos lo denunció ante el Congreso, la formación Chunta Aragonesista criticó el plan a través de Compromís en el Senado e Izquierda Unida lo ha elevado a instancias europeas con varias misivas a la Comisión.
El proyecto para la destrucción de la joya de Canal Roya sorprende en toda Europa, el mismísimo The Times lo lleva a sus páginas. Si hemos de apostar por ser emblema para Europa o una vergüenza, apostemos por lo primero @sanchezcastejon #SalvemosCanalRoya https://t.co/p9lwHF7u5K
— Ecologistas Huesca (@EcoaccionHuesca) March 2, 2023
Junto a ellos, un amplio grupo de colectivos medioambientales están despertando una masa crítica contra la unión de estaciones y la defensa de Canal Roya. Fuentes de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón detallan a El Confidencial que “el proyecto es ilegal a todas luces y choca con la normativa autonómica y las bases de los propios fondos europeos que buscan un turismo sostenible”.
Por este motivo, creen que cuando llegue el momento de justificar la partida enviada desde la UE al Gobierno aragonés para la unión de estaciones “no habrá papel que soporte que este proyecto de una mega infraestructura esté ajustado a los principios de sostenibilidad turística”. Entre las premisas de los fondos Next Generation para financiar proyectos está el respeto por “la transformación del cambio climático”. Si Aragón consigue el dinero comunitario, este cubrirá el 90% del presupuesto del proyecto.
Los firmantes del convenio para impulsar el proyecto de la unión de estaciones rechazan las críticas ecologistas. Hace pocos días, el presidente de la Diputación de Huesca, el socialista Miguel Gracia, destacó la unanimidad política en la institución provincial. “Es una inversión fundamental para el Pirineo y todos los valles queremos mejorar las inversiones para ser competitivos, y siempre desde un punto de vista de sostenibilidad”, dijo.
Coincide que entre todos los frentes abiertos que hay en la política aragonesa, la unión de las estaciones es el único que comparten Javier Lambán y su gran rival electoral, Jorge Azcón (PP). La derecha respalda la iniciativa y en caso de que tras las elecciones cambie el color del Gobierno, seguirá adelante.
Salvar Canal Roya
Los ecologistas confirman que de nada les sirve que se declare ilegal el proyecto dentro de años porque la infraestructura ya estará construida y el daño al valle de Canal Roya ya estará hecho. Todas sus iniciativas tienen como objetivo evitar que las excavadoras y tuneladoras entren en Canal Roya porque “la destrucción sería irreversible”. Las diversas organizaciones ecologistas consultadas, pero con más ahínco Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón, llevarán a los tribunales el proyecto si se sigue avanzando en su tramitación administrativa.
"Canal Roya es un paraje único y emblemático del Pirineo que con este proyecto para instalar una telecabina y la construcción de los accesos dañará para siempre una zona que es virgen y de alto valor ecológico", detalla Paco Iturbe, en nombre de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón. Esperan las fuentes consultadas que los controles jurídicos y medioambientales de la UE y del Gobierno central se adelanten a la entrada de las máquinas en Canal Roya.
Otras fuentes consultadas, y con gran conocimiento de la orografía y geografía de la zona, confirman que siendo un terreno glaciar “la inestabilidad es más que evidente” para la construcción de cualquier infraestructura de tal envergadura. Otra de las críticas del sector ecologista se centra en la temporalidad de la nieve, tanto durante el año como en un futuro próximo. El Observatorio Pirenaico de Cambio Climático (OPCC) recuerda que la nieve que cubre los Pirineos desaparecerá a medida que avanzamos hacia 2050.
Las cinco organizaciones ecológicas con más impacto (Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/Birdlife y WWF) han enviado de manera conjunta escritos a las Comisarías europeas implicadas denunciando la asignación de fondos comunitarios a este proyecto.
En el otro lado de la disputa, fuentes del sector del esquí detallan que el proyecto “hace que el Pirineo sea un destino de referencia en el mundo y que por cada euro de inversión en la unión de estaciones se esté multiplicando hasta por diez el impacto que tendrá en el Pirineo”. Estas fuentes rechazan las críticas ecologistas porque “el apoyo de los habitantes del territorio es total y nadie del Pirineo que defiende el proyecto quiere destruir Canal Roya ni los valles”.
El gran proyecto de la unión de estaciones de esquí de Astún y Formigal, impulsado por el Gobierno de Aragón, cuenta con un amplio apoyo del sector empresarial y social del Pirineo. Las cifras marean. La propuesta situaría a la región entre los principales destinos del mundo: un impacto en el PIB de 50 millones de euros al año y la captación de 126.000 esquiadores cada temporada. Entre tanto dato destaca la inversión prevista de 34 millones de euros, que estaría financiada en su mayoría por los fondos Next Generation de la Unión Europea. Pero comienzan a levantarse voces críticas contra un proyecto que el Ejecutivo del socialista Javier Lambán considera clave y amenazan con llevar a Bruselas y a los tribunales la iniciativa.