Los pueblos al borde de la muerte pagarán menos impuestos en Aragón

De los más de 1.000 núcleos de población que tiene Aragón, más del 30% están destinados a morir. Es la cruda realidad de la España Vaciada, cuyo máximo exponente es gran parte del vasto territorio aragonés. Es por eso que el gobierno autonómico ha aprobado un plan legislativo para afianzar la población e incluso atraer más gente que vivan en los pueblos.

Con una ley pionera, el Ejecutivo de Javier Lambán pretender regular la fiscalidad de una manera diferenciada a la población que vive en ciudades o municipios de más de 20.000 habitantes. Estas bonificaciones y deducciones en la cuota autonómica IRPF se centran en rebajar hasta 600 euros anuales la cuota íntegra. La medida ya está aprobada por el gobierno aragonés y necesita pasar el trámite parlamentario de las Cortes de Aragón para reforzarla y ampliar el consenso político de una ley que busca cambiar la realidad demográfica de los pueblos destinados a morir.

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Según fuentes del Gobierno aragonés, "es una forma de ser innovador en algo que no se había aplicado nunca en España y que a la vez es un libro de cabecera para más actuaciones que habrá que aprobar". En este sentido, aún está pendiente la aprobación de una ley explícita del Gobierno de España que fomentará condiciones especiales para las provincias más despobladas, que son Soria, Cuenca y Teruel.

Menos impuestos donde nadie vive

Fue el propio gobierno autonómico quien aprobó un proyecto de ley llamado de Dinamización del Medio Rural por la concienciación que existe en Aragón sobre la despoblación y el problema demográfico. Entre las principales medidas, con base en el texto legislativo, se encuentra la implantación de una fiscalidad diferenciada para más de 70.000 personas distribuidas en 1.026 asentamientos poblaciones de toda la Comunidad. En esta propuesta de Ley, se incluyen deducciones en el IRPF del 20% de la cuota íntegra autonómica por nacimiento o adopción del tercer hijo o sucesivos, en atención al grado de discapacidad de alguno de los vástagos, para las adopciones internacionales, por adquisición de libros de texto y material escolar, por gastos de guardería de hijos menores de 3 años. A su vez, según queda recogido en el texto legislativo, se proponen descuentos de 300 euros por el cuidado de personas dependientes, del 7,5% por adquisición o rehabilitación de vivienda habitual en núcleos rurales o análogos y de la totalidad por residencia en determinados municipios.

Según estas fuentes, se verían beneficiados 26.429 habitantes de la provincia de Teruel, el lugar donde surgió la plataforma política Teruel Existe y donde defiende un equilibrio territorial más justo. Es decir, uno de cada cinco turolenses o los 278 de los 343 municipios que hay repartidos en sus diez comarcas, un 81% de los núcleos de población. En las otras dos provincias, Huesca y Zaragoza, podrían incluirse en este paquete de ayudas fiscales hasta 50.000 personas. En total, esta ley va directamente a beneficiar al 7% de todos los habitantes de la comunidad aragonesa.

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A su vez, se tiene en cuenta que los habitantes de "zona en riesgo extremo" tendrá una ayuda mayor. En este caso sería una deducción de 600 euros del pago del IRPF. La consejera de Presidencia del Gobierno aragonés, Mayte Pérez, reconoció en la rueda de prensa de aprobación de este proyecto de Ley que "no es una merma de ingresos, sino que supone ser equilibrio territorial mediante la redistribución de los recursos entre el medio rural y urbano". Es decir, son criterios de discriminación positiva.

El urdidor de este proyecto de Ley, el comisionado de la despoblación, Javier Allué, en conversación con El Confidencial, asegura que la ley será un complemento del ordenamiento jurídico propio que tiene la Comunidad Autónoma, vigente desde el año 2000. Y reconoce que estas medidas son un aliciente para seguir impulsando acciones sobre el problema demográfico que, en cierta medida, dependen más del Gobierno de España o de fondos europeos.

Los empresarios, a la espera

No siempre llueve a gusto de todos. Las medidas aprobadas por el gobierno aragonés no son las que demandan los colectivos sociales de las provincias más perjudicadas por la despoblación. Especialmente, por la inacción del Gobierno de España. En este sentido, hace pocos días, los empresarios de las provincias de Teruel, Cuenca y Soria, unidos en la alianza llamada Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (Red SSPA), acusan ya el retraso en la llegada de las ayudas estatales de finalidad regional para el periodo 2022-2027.

Mediante una carta dirigida al presidente del Gobierno de España, muestran su "preocupación" por no existir todavía ventajas fiscales y que, aseguran, temen que se eternice el "procedimiento de puesta en marcha" de las mismas. La burocracia o el consenso entre ministerios está retrasando las medidas que ya son avaladas por la Comisión Europea. Estas ayudas esperadas supone un importe equivalente al 20% de los costes laborales de las empresas.

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"Conscientes de la gran trascendencia de este logro, desde su aprobación hemos trabajado de manera incansable para conseguir que el gobierno de España las hiciera efectivas a partir de enero de 2022; pero lo cierto es que, hasta el momento, hemos recibido información sobre el estado de esta cuestión, y nos preocupa que esta pasividad que percibimos, frustre la llegada de las ayudas a nuestras empresas, convirtiéndose en una nueva oportunidad perdida para Cuenca, Soria y Teruel", relata la carta enviada al presidente Sánchez.

Por eso exigen "la necesidad de conocer el estado de esta importante cuestión", ya incluida en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año 2022. Sobre todo, añaden, "hay empresas que producían en Asia que están planteándose implantarse en Europa" en territorios donde sus costes vayan a ser menores.