Bruselas mete los ERE en la campaña con un golpe a la estrategia del PP para mantener vivo el caso
El rechazo de la Comisión Europea a que el TJUE revise la sentencia del Constitucional da aire a la mayoría progresista que lidera Conde-Pumpido poco después de que el PSOE reivindique la herencia de Chaves y Griñán
La Comisión Europea ha entrado de lleno en la precampaña de las elecciones andaluzas de una forma un tanto inesperada. El posicionamiento del Ejecutivo comunitario sobre la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el caso de los ERE ha dado actualidad a un asunto que ha marcado la política andaluza de los últimos 15 años, pero que estaba un tanto ausente en las semanas previas al 17 de mayo. Las alegaciones de los cuatro agentes de Bruselas son un varapalo para la estrategia del PP andaluz, que impulsó la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un intento por no dejar morir el caso de corrupción vinculado al PSOE después de que el Tribunal Constitucional vaciase de contenido las sentencias de la propia Audiencia y del Tribunal Supremo.
Después de que la Audiencia Provincial y el Alto Tribunal asumiesen las tesis de la instructora, Mercedes Alaya, la mayoría progresista de la corte de garantías abrazó la teoría de las defensas de los exdirigentes socialistas condenados, con Manuel Chaves y José Antonio Griñán a la cabeza. El TC dio amparo a varios de los exmandatarios del PSOE andaluz al considerar que su derecho a la legalidad penal había sido vulnerado. En román paladino, el Constitucional, por una mayoría de 7 a 4 votos, dio carta de naturaleza a la idea que ilustró Griñán: "El presupuesto nunca delinque".
El expresidente quería decir así que la elaboración de las leyes para hacer posible el reparto de ayudas sociolaborales sin apenas controles y su posterior aplicación a través de los presupuestos autonómicos no puede ser un delito. Es decir, que el caso de los ERE se sustentó sobre actos políticos y no administrativos, por lo que no pueden ser juzgados por la justicia ordinaria. Esa jurisprudencia hizo posible la práctica exoneración de casi todos los exaltos cargos condenados por el diseño y puesta en práctica de un sistema de reparto de subvenciones que alcanzó los 680 millones de euros en la primera década de este siglo.
Una vez que el Constitucional publicó la cascada de sentencias que borró prácticamente la pieza política del caso de los ERE, la Audiencia Provincial de Sevilla todavía tenía que dar un último paso. Se trata de la redacción de nuevas sentencias teniendo en cuenta sólo los hechos que pueden considerarse ilegales según el TC, apenas unas modificaciones presupuestarias realizadas precisamente antes de la puesta en funcionamiento del sistema que permitió conceder las ayudas, muchas de las cuales siguen instruyéndose de forma individual en los tribunales sevillanos.
Para evitar que eso ocurriera, el PP andaluz maniobró para forzar la consulta de la Audiencia Provincial al TJUE, ya que ejerce como acusación particular desde el inicio del proceso, allá por 2011. El documento de 16 páginas remitido por la Comisión Europea a la corte comunitaria es un varapalo para ese intento de los populares por mantener vivo un caso que fue un torpedo en la línea de flotación del antaño todopoderoso PSOE andaluz. La caída en votos de la que todavía no se han recuperado los socialistas en su viejo bastión comenzó precisamente tras el estallido del caso y se ha dejado notar en las tres elecciones posteriores, las de 2015, 2018 y 2022.
La irrupción del Ejecutivo comunitario a menos de un mes de la campaña puede dar algo de aire a la candidata socialista, María Jesús Montero, que compartió tareas de gobierno con todos los condenados, ya que fue consejera de Salud en los ejecutivos tanto de Chaves como de Griñán. El escrito de los funcionarios europeos se conoce justo después de que la líder del PSOE andaluz planease un homenaje a los expresidentes de la Junta de su partido que iba a contar con los dos que fueron condenados por los ERE. El acto acabó por suspenderse porque la esposa de uno de los exmandatarios, José Rodríguez de la Borbolla, falleció el pasado viernes, cuando faltaban apenas unas horas para el mitin previsto en Dos Hermanas.
Parte de la estrategia del PP contra Montero tiene que ver con su pasado en esos gobiernos que ella reivindica. Manuel Chaves tendrá una importante presencia en la campaña socialista, ya que el expresidente nacido en Ceuta volvió a la vida pública tras la decisión del Constitucional y en el PSOE consideran que es un activo clave para ayudar a movilizar a los suyos. El caso de Griñán es distinto, ya que sufre un cáncer de próstata que lo mantiene alejado de los actos de partido, aunque había hecho una excepción para el mitin de la localidad nazarena.
Los socialistas andaluces no son los únicos satisfechos por el movimiento de la Comisión Europea, que considera que el TJUE es "manifiestamente incompetente" para resolver la cuestión planteada por la Audiencia Provincial de Sevilla y rechaza que la corte comunitaria pueda convertirse en un órgano de "supercasación". Fuentes de la mayoría progresista del TC celebran el posicionamiento del órgano que preside Ursula von der Leyen y afirman que "expone con toda claridad la falta de competencia del TJUE en esta cuestión". Además, señalan que es "bastante excepcional" que la Comisión proponga la inadmisión a trámite "sin ni siquiera entrar a resolver".
Las mismas fuentes indican que el Constitucional "se abstuvo de intervenir" ante el gesto del tribunal sevillano "por deferencia al TJUE". Lo cierto es que, por momentos, el grupo que encabeza Cándido Conde-Pumpido amagó con maniobrar para rechazar el movimiento de la Audiencia que, recuerdan, fue promovido por el PP andaluz. Finalmente, el TC optó por no actuar a pesar de que, indican estas fuentes, la cuestión prejudicial "afectaba y demoraba la ejecución efectiva de la sentencia de amparo, que como establece la propia Constitución, es cosa juzgada".
La Comisión Europea ha entrado de lleno en la precampaña de las elecciones andaluzas de una forma un tanto inesperada. El posicionamiento del Ejecutivo comunitario sobre la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Sevilla sobre el caso de los ERE ha dado actualidad a un asunto que ha marcado la política andaluza de los últimos 15 años, pero que estaba un tanto ausente en las semanas previas al 17 de mayo. Las alegaciones de los cuatro agentes de Bruselas son un varapalo para la estrategia del PP andaluz, que impulsó la consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en un intento por no dejar morir el caso de corrupción vinculado al PSOE después de que el Tribunal Constitucional vaciase de contenido las sentencias de la propia Audiencia y del Tribunal Supremo.