La Málaga a dos velocidades: a rebosar en la costa y los pueblos vacíos

En el puerto de Málaga la temporada alta crucerista arrancó a mediados de marzo con una botella de champán estallando contra la proa del Four Seasons I. El yate de ultralujo, el primero de la firma hotelera canadiense, zarpó en su viaje inaugural de nueve noches rumbo a La Valeta (Malta) con 190 pasajeros a bordo. El precio por pasaje: 25.800 euros por las suites más básicas. Hasta finales de junio, serán 172.000 los cruceristas que desfilen por la instalación portuaria, mientras que todo apunta a que el aeropuerto pulverizará su tope de 25 millones de viajeros al año, impulsado por los problemas del AVE. Aunque lo cierto es que, pese a que la ciudad es hoy más que nunca un lugar deseado para visitar y establecerse, con 7.426 nuevos habitantes en 2025 hasta rozar los 600.000, el reparto de la población avanza a dos velocidades en la provincia. Y con él también sus problemas.

El crecimiento de Málaga tropieza con carencias estructurales que siguen sin resolverse. Faltan infraestructuras capaces de aliviar los atascos. Las líneas ferroviarias requieren más inversión, tanto en alta velocidad como en Cercanías, al tiempo que proyectos enquistados como el tren litoral tienen plazos sobre el papel a más de una década vista. La capacidad de suministro eléctrico a gran escala roza su límite y frena la llegada de industrias de alto valor añadido, como los centros de datos. Y grandes infraestructuras hídricas, como la desaladora de la Axarquía y la presa de Cerro Blanco, continúan el camino burocrático o aún no lo han empezado. Frente a este desarrollo desigual, los municipios del interior luchan por no perder población y por mantener abiertos cajeros, colegios, servicios básicos, siquiera un bar. La brecha con la capital, en todos los sentidos, no deja de crecer.

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El retraso en la mejora de infraestructuras y servicios se suma a otro problema que tampoco parece tener solución a corto plazo: el precio de la vivienda, que sigue inmerso en una escalada sin fin. En Málaga capital, el alquiler medio de una propiedad tipo de 80 m² ronda los 1.300 euros al mes, o incluso más según la zona y la presión del mercado. En cambio, en muchas localidades rurales medianas y pequeñas, donde la demanda es menor, aún es posible encontrar viviendas y casas rústicas a precios significativamente más bajos y con mayor superficie. Por ejemplo, en Comares (1.345 habitantes), a 91 kilómetros de Málaga, se anuncian casas en Idealista por alrededor de 850 euros y en poblaciones similares en tamaño como Alfarnate, con poco más de un millar de vecinos, los precios bajan hasta los 500.

El constante calentamiento del sector inmobiliario ha disparado los precios en la capital, obligando a muchos malagueños a replantearse sus planes de vida. Manuel Rosa, jubilado de 75 años, se mudó en 2023 junto a su mujer desde el barrio de El Palo a la Cala del Moral, en el municipio vecino de Rincón de la Victoria. Apenas cuatro kilómetros de distancia les permitieron reducir la cuota en un par de cientos de euros, hasta 600. Aun así, en estos tres años el precio ha ido subiendo progresivamente, hasta el golpe final del pasado febrero. “El casero nos dijo que nos iba a subir hasta los 1.000. Pensamos en irnos, claro. Al final, hemos podido negociar y dejarlo en 900”, relata.

Pero mientras los alquileres se elevan cada vez más y la población urbana crece sin freno, el interior, a pesar de sus menores costes, continúa esforzándose por atraer habitantes; o al menos por no perderlos. Frente a los más de un millón y medio de personas que viven en la franja litoral —en algunas poblaciones la cifra se duplica durante el verano—, 68 de los 103 municipios de la provincia, mayoritariamente de zonas rurales, han perdido población en los últimos diez años.

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El diagnóstico de la Junta de Andalucía, que tiene en marcha un plan autonómico para hacer frente al invierno demográfico, es que más de la mitad (55) están en peligro de despoblación. Ocho de ellos presentan un riesgo alto, 27 un riesgo medio y los 20 restantes, bajo. En toda la comunidad, los cálculos reflejan que hasta 480 localidades corren peligro de perder vecinos.

Para revertir esta tendencia, la estrategia del Ejecutivo andaluz se propone alcanzar los 10 millones de habitantes en 2050, un millón y medio más que los 8,6 millones actuales. Se trata de una cifra que “no es aleatoria” sino la que se estima como necesaria para contar con “mano de obra cualificada para desarrollar proyectos”, en palabras del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. Entre las medidas contempladas se incluyen ayudas a las familias, fomento del desarrollo económico sostenible, impulso de la industria, ordenación del territorio, garantía de conectividad digital y el avance de infraestructuras de movilidad y energéticas.

En los municipios más castigados por la despoblación el equilibrio es delicado: se improvisan bolsas de empleo temporales, cheques por nacimientos o subvenciones de comedores para mantener a los niños en los colegios y evitar cierres. A nivel provincial, la caída de la natalidad es un hecho irrefutable que ya se percibe en las aulas con un recorte de 1.430 plazas de nuevo ingreso de menores de tres años, hasta las 14.674. Trasladado a los mapas, el problema se encuentra elevado a la máxima potencia en la Serranía de Ronda, donde cuatro pueblos, Júzcar, Cartajima, Benadalid y Pujerra, tienen menos de cinco niños de 0 a 4 años.

Jubrique (585 habitantes), en plena Serranía, se ha convertido en uno de los ejemplos más acusados de este éxodo: en apenas dos décadas ha perdido un 21% de sus pobladores. Adriana, junto a su pareja Eugenio Miguel, decidió abrir en diciembre el Hotel Rural Mirador de Jubrique, un alojamiento de 14 habitaciones con el que buscan aprovechar el potencial turístico de la zona. “Mucha gente de la costa no conoce el Valle del Genal”, explica la empresaria, convencida de que aún es un destino por descubrir pese a su riqueza natural y paisajística.

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Procedentes del ámbito de la biología, la pareja dio el salto al turismo tras años yendo de vacaciones a esta zona. “Nos metimos un poco de casualidad en esto”, reconoce Adriana. El proyecto nace con la idea de atraer visitantes a través de las experiencias del entorno: senderismo, barranquismo, vías ferratas o la posibilidad de desconectar del ruido de la ciudad. En verano, el principal reclamo son las pasarelas sobre el río Genal y en otoño el Bosque del Cobre.

A Chelo Gámez la vida le dio un giro inesperado cuando años atrás, al borde de su jubilación tras toda una trayectoria como catedrática de Macroeconomía y pionera como primera profesora de la Universidad de Málaga, un alumno le habló de una finca en el Valle del Genal. Fue, la vio y, como ella misma reconoce, “me enamoré al instante”. Aquel flechazo la llevó a comprar el terreno y, tras su jubilación, a iniciar una nueva etapa completamente distinta a la académica. Lo que empezó como una intuición personal acabó convirtiéndose en Dehesa de los Monteros, una compañía especializada en jamones gourmet que ya tiene presencia en el mercado asiático.

En la finca, explica Gámez, los animales “comen lo que da la tierra”, sobre todo la abundante castaña de la zona —tan relevante que en el Museo de la Castaña de Pujerra se le rinde homenaje—. Pero su apuesta va más allá de la producción de jamones. Junto a genetistas de la Universidad de Córdoba, trabaja en la recuperación del cerdo rubio dorado, una raza autóctona prácticamente desaparecida desde los años 70.

Los pequeños municipios del interior de Málaga se muestran “especialmente vulnerables” por su envejecimiento y saldo natural negativo, que “no se compensan con la llegada de nuevos residentes”, según señalan las investigadoras del departamento de Geografía de la UMA Remedios Larrubia, Susana Navarro y Mari Carmen Ocaña.

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Esta “fragilidad” económica hace que los subsidios agrarios y las pensiones se conviertan en un soporte clave para la sostenibilidad de la población rural. En estas comarcas, donde predominan comunidades de menos de 2.000 habitantes, los apoyos económicos, junto a las buenas conexiones por carretera y los servicios básicos como los hospitales, han ayudado a contener la despoblación, permitiendo incluso “cierto crecimiento” en casi la mitad de estas localidades. Este fenómeno, a su vez, se apuntala con otros complementarios como la llegada de extranjeros, que en el caso de pueblos como Cómpeta representan un 7%.

En la Axarquía, Salares (196 vecinos) ha convertido su escasa población en una seña de identidad dentro del medio rural. Este municipio se mantiene desde hace años entre los menos habitados de la provincia, disputándose el farolillo rojo con Atajate, que vuelve a ser de nuevo el más pequeño, con una veintena menos.

Enclavado en el parque natural de las Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama, que comparte con Alcaucín, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cómpeta, Frigiliana, Nerja y Sedella, el municipio se sitúa junto a paisajes de gran valor ecológico y montañoso, entre los que destaca la Maroma, el pico más alto de Málaga con 2.066 metros. “Aquí hay calidad de vida y tranquilidad”, señala el alcalde, Pablo Crespillo, que aprecia un repunte de interés por la localidad desde la pandemia. Ya entonces, el Consistorio apostó por abrirse a los nómadas digitales con espacios para teletrabajar y fibra óptica.

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Llegados a este punto, el problema para muchos pueblos vuelve a ser el mismo que se da en la línea de costa desde Nerja hasta Manilva: la vivienda. Aunque esta vez no por su precio, sino por su escasez. En los principales portales inmobiliarios apenas pueden encontrarse casas disponibles en régimen de alquiler y venta. A simple vista podría parecer que el parque de residencial es amplio, dado que la población es reducida, pero gran parte de estos inmuebles permanecen cerrados, necesitan grandes reformas o se reservan para uso ocasional. De acuerdo con un estudio de la Confederación de Centros de Desarrollo Rural, esto se traduce en casi cuatro de cada diez propiedades, evidenciando la limitación real de la oferta disponible.

El déficit habitacional en la provincia es aún más preocupante cuando se analiza desde la perspectiva de los especialistas. El Colegio de Economistas de Málaga estima que faltan entre 35.000 y 45.000 viviendas, una cifra muy superior a las 26.000 que arrojarían las estimaciones generales del Banco de España. Este desajuste entre oferta y demanda, sumado al fuerte crecimiento demográfico, está generando una presión que, según los expertos, "no se podrá aliviar a corto plazo".

A pesar de esta situación, la construcción residencial sigue creciendo; pero muy concentrada en Málaga, que acaparó la mitad de los proyectos seguida a gran distancia de Estepona, Fuengirola, Marbella y Torremolinos. En total, en 2025 se visaron 9.475 viviendas, un aumento del 6,75% respecto al año anterior que recuperó los niveles previos a la COVID-19, según el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga. Sin embargo, solo 355 fueron de protección oficial (VPO), lo que evidencia que el dinamismo del sector apenas beneficia a quienes no pueden acceder al mercado libre.

“Málaga ha recuperado el ritmo en el sector residencial, pero ese crecimiento no se refleja en la vivienda asequible, que es la que realmente demandan los ciudadanos”, señala la decana de los arquitectos, Susana Gómez de Lara, que califica la situación, sin paños calientes, de “especialmente preocupante”. El desafío, por tanto, vuelve a la casilla de salida: mientras la capital crece y brilla en los indicadores económicos y turísticos, el acceso a la vivienda sigue siendo una asignatura pendiente en toda la provincia, incluidos los pueblos más pequeños.