¿Alquilar una VPO cobrando más de 4.400€? Polémica en Málaga por los requisitos de acceso a viviendas protegidas

"Ya hemos entregado 5.339 VPO [viviendas de protección oficial] a familias malagueñas. Estamos construyendo 1.041 VPO para los malagueños. Pronto comenzarán las obras de 4.222 VPO". Las tres frases se proyectan, desde hace meses, en los carteles publicitarios electrónicos repartidos por la capital de la Costa del Sol. La vivienda es el asunto al que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dice dedicar "más tiempo y trabajo". Pero también es la mayor preocupación para los habitantes de la provincia, como indica el último barómetro de la Fundación Madeca de la Diputación.

Además, es uno de los caballos de batalla de la oposición. Ha hecho suyo el mantra de los altos precios en el mercado libre, la escasez de nuevos proyectos asequibles y su lentitud. Las 5.300 entregas del anuncio se contabilizan desde el año 2000, lo que se traduce en unas 200 de media por ejercicio. Ahora, cuando parecía que el debate seguía una guía predecible, PP y PSOE han dado un giro de tuerca, iniciando una disputa por los requisitos económicos para acceder a 62 VPO.

Las viviendas, promovidas por el propio Consistorio en colaboración con la promotora Lagoom Living, se ubican en las inmediaciones del campus universitario de Teatinos, una de las principales zonas de expansión residencial de la ciudad, donde hace un año se contaban hasta 16 grúas levantando un nuevo barrio de un millar de VPO: 476 del ayuntamiento y 530 bajo el sello de la compañía sueca.

Las 62 a adjudicar ahora son la primera fase de esta colaboración público-privada, están enfocadas en el régimen de alquiler, poseen garaje, trastero, piscina comunitaria, y cuentan con una letra pequeña que ha hecho pronunciarse a ambos partidos, conocedores del clima de especial sensibilidad que pesa sobre el acceso a la vivienda, que acumuló hasta tres manifestaciones multitudinarias entre 2024 y 2025.

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Según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia, para poder optar a estas VPO se establecen tanto límites mínimos como máximos de ingresos. Una persona sola debe acreditar un salario bruto anual de al menos 25.280 euros si opta a una vivienda de una habitación, mientras que si se trata de las opciones de tres o cuatro dormitorios se deben acreditar por lo menos 34.600. Estos requisitos buscan garantizar que la renta anual no supere el 30 % de los ingresos netos de la unidad de convivencia.

Al mismo tiempo, como ya adelantó El País, estos inmuebles también tienen un techo de acceso: los ingresos brutos anuales no pueden superar los 53.720,93 euros para una sola persona, y los 71.076,92 para una familia de dos o más miembros. En términos mensuales, equivale a sueldos que superan los 4.400 euros brutos para un solo individuo y rondan los 3.000 por miembro en el caso de una pareja. Esto es 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Quienes deseen solicitar uno de estos pisos, cuyo arrendamiento oscilará entre los 535,69 euros y 743,80 euros al mes, deben ser mayores de edad, no poseer otra vivienda, ya sea protegida o libre, y llevar empadronados en Málaga al menos un año. Si resultan adjudicatarios cuando termine el plazo el próximo día 30 de marzo deberán, además, tener este inmueble como residencia habitual.

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Los detalles de la promoción, que serán arrendadas un periodo de 75 años por la empresa a canon cero, no siguen el cauce convencional tampoco en lo que se refiere a la adjudicación, al prescindir de sorteo en favor del orden de llegada de las solicitudes, lo que ha propiciado un nuevo enganchón PP-PSOE.

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Los reproches de los socialistas pasan por que el proceso se deja en manos de privados y que las condiciones son “totalmente excluyentes y elitistas”, aunque los populares dejan claro que la normativa, lejos de ser un designio del promotor, viene marcada por un convenio firmado entre Ayuntamiento, Junta de Andalucía y Gobierno central. También aducen que tratan de ensanchar el concepto de VPO a rentas medias y no solo a personas en riesgo de exclusión.

“¿Te han dicho que estamos haciendo viviendas para rentas altas? No es verdad y te cuento por qué”, salía al paso el concejal del ramo, Francisco Pomares, en un vídeo en el que se sacudía las críticas. Las cuentas del edil pasan por que si una pareja ingresa 1.053 euros mensuales cada uno pueden acceder al arrendamiento de una casa de una habitación (de 60 metros cuadrados), mientras que a las de tres y cuatro dormitorios (90 m2) es posible acceder si ambos ganan 1.250. Si bien, acorde a las bases, para que este último cálculo sea tal como dice, habrían de cobrar más de 1.440.

Pero la clave de bóveda de este debate tiene su raíz en otra vieja controversia que el PP aprovecha para explotar ahora que la construcción de VPO despega tras años en blanco por la crisis. “El Gobierno del PSOE respaldó estos requisitos e incluso Pedro Sánchez vino a verlas”, insistió Pomares. Y es que estas 62 viviendas protegidas ya estuvieron en el candelero el pasado mes de septiembre, cuando el presidente del Gobierno aprovechó su visita a la capital malagueña para hacer un mitin y recorrer también las obras de los 530 pisos desarrollados por Lagoom Living, desatando un sonoro rifirrafe en torno a su financiación.

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El proyecto combina varias fuentes de inversión. El centro de la disputa fueron 25,6 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Gobierno y Junta se los atribuyeron como propios, aunque en realidad los canaliza el primero y los gestiona el segundo.

“Pedro Sánchez ha vuelto a Andalucía a hacerse una foto a costa de los fondos europeos”, aseguró entonces la consejera Rocío Díaz, que enmarcó la actuación dentro del Plan Ecovivienda andaluz. El grueso del dinero, 59,3 millones, en cambio, sí que proviene de un préstamo concedido a la promotora por el Instituto de Crédito Oficial; a lo que se añade la cesión municipal de los suelos, cuyo valor asciende a 13,5 millones.

El resultado es que ninguna de las partes ha cedido, inflando a pulmón la avanzadilla por la VPO a las puertas de las elecciones andaluzas. María Jesús Montero ya ha prometido la construcción de hasta 100.000 viviendas públicas si sale elegida presidenta; la Ley de Vivienda de la Junta entró en vigor a comienzos de año con la promesa de seguir ahondando en la colaboración público-privada para incrementar la oferta; y el Ayuntamiento quiere entregar más de 500 pisos asequibles antes de que acabe 2026. Otra cosa es la letra pequeña, y lo que finalmente se haga.