La crisis en Hitachi Córdoba escala a Moncloa entre guerra sindical y choque político

La inversión de más de 80 millones de euros anunciada por Hitachi Energy para ampliar su planta de transformadores eléctricos en Córdoba prometía convertirse en uno de los mayores impulsos industriales recientes de la ciudad. Sin embargo, el proyecto se ha ido enredando en los últimos meses en un conflicto laboral que ha terminado escalando hasta Moncloa y que ha llevado a la multinacional japonesa a recortar su apuesta en más de 32 millones de euros, dejándola en 47,6 millones.

El conflicto laboral y esa revisión a la baja de la inversión han desencadenado una semana frenética. El episodio comenzó el lunes con una "batalla de reuniones" entre el Gobierno central y la Junta, que llegaron a convocar al consejero delegado de la compañía en España por distintas vías en la misma mañana, y ha terminado derivando en una guerra sindical dentro de la propia fábrica. La tensión ha culminado con la plantilla votando mayoritariamente contra el comité de empresa dominado por Comisiones Obreras (CCOO).

La situación se remonta a hace 15 meses, cuando comenzaron las tensiones entre la dirección y el comité de empresa durante la negociación del convenio. La multinacional japonesa anunció que iba a invertir más de 80 millones de euros en su planta cordobesa —que adquirió en 2020 al comprar el negocio de redes eléctricas de ABB—. Su intención era convertirla en un referente internacional en la fabricación de transformadores de potencia para redes eléctricas de alta tensión.

Esa inversión supondría también ampliar la actual plantilla de 440 empleados con otros 75 trabajadores. Además, la empresa pretendía externalizar algunas actividades y modificar el modelo laboral. Así, planteaba ampliar la bolsa de horas flexibles, pasando de unas 110 a cerca de 300 horas, con parte de ellas ya no voluntarias sino obligatorias. También proponía una escala salarial más baja para nuevas incorporaciones.

El comité, con CCOO al frente, se negaba a aceptar esa flexibilidad ampliada y la diferenciación salarial, defendiendo mantener condiciones uniformes y una menor carga de flexibilidad.

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Tomás Muñoz M.

La situación fue derivando en un enfrentamiento abierto entre dirección y comité. Desde la empresa se señalaba que CCOO quería seguir “mandando en la fábrica” como había hecho históricamente, mientras que desde el sindicato se acusaba de la situación a la “falta de cintura negociadora” del nuevo director de la planta, Francisco Bolaños, procedente del grupo andaluz Magtel.

El conflicto fue escalando en movilizaciones cada vez mayores a lo largo de los últimos meses, con huelgas, paros y encierros dentro de la planta. Finalmente fueron sancionados 76 trabajadores, después de que la empresa les aplicara penalizaciones por participar en paros que consideró irregulares o fuera de la legalidad.

Desde la multinacional se sostiene, sin embargo, que el problema no es solo laboral. La compañía asegura que la planta cordobesa se ha convertido en la segunda menos productiva del grupo y que ha acumulado un 36% de producción no ejecutada en los dos últimos años, una situación que habría provocado incluso pérdidas operativas en ese periodo.

Ante el bloqueo de la negociación, Hitachi anunció hace unos días la rebaja de la inversión en la planta cordobesa de 80 a 47,6 millones, lo que encendió las alarmas en los despachos de numerosas instituciones.

La consejera de Empleo de la Junta, Rocío Blanco, de la que depende el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL) -que está mediando en las negociaciones-, convocó el lunes al consejero delegado de Hitachi Energy en España, Alfredo García Borregero, a una reunión junto al consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, preocupados por el impacto que el conflicto laboral puede tener sobre una de las instalaciones industriales más relevantes del tejido productivo cordobés.

Sin embargo, ese mismo día la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, convocó dos horas antes a este mismo directivo y le trasladó el enfado del Ejecutivo de Pedro Sánchez por el recorte de la inversión.

Tras la reunión, la también candidata del PSOE a la Junta de Andalucía advirtió públicamente a la compañía de que el Gobierno podría revisar las ayudas públicas previstas si la multinacional reduce su inversión.

La advertencia no es menor. El proyecto de ampliación de la planta cuenta con ayudas públicas comprometidas por distintas administraciones. El Gobierno central ha previsto 11,5 millones de euros, mientras que la Junta de Andalucía aporta otros 6,2 millones, además de haber incluido la inversión en la Unidad Aceleradora de Proyectos Empresariales, el mecanismo autonómico creado para agilizar grandes inversiones industriales. A estas ayudas se suman bonificaciones y exenciones fiscales concedidas por el Ayuntamiento de Córdoba para facilitar la ampliación de la fábrica.

Estas declaraciones de Montero llevó a Rocío Blanco, habitualmente comedida en sus declaraciones públicas, a acusar a la ministra de deslealtad institucional al interferir en el conflicto mientras la Junta trataba de mediar en la negociación.

Sin embargo, la tensión política no ha sido la única que ha aumentado esta semana en la planta. Durante estos meses, la división sindical se ha hecho patente entre CCOO, Unión General de Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), aunque el enfrentamiento principal se ha concentrado en el comité dominado por Comisiones.

La situación se volvió tan insostenible que esta semana se convocó una votación para retirar la confianza a los representantes del comité pertenecientes al colegio de oficinas, donde CCOO tiene mayoría. El resultado fue de 129 votos a favor de la revocación frente a 22 en contra, lo que supone una amplia mayoría contraria a la estrategia seguida por el sindicato.

Sin embargo, esta votación abre también un problema jurídico. Fuentes de la Consejería han señalado a El Confidencial que, según el Estatuto de los Trabajadores, no es posible modificar la composición del comité mientras existe una negociación colectiva abierta.

El conflicto llega además en un momento especialmente sensible para el negocio global del grupo. La planta cordobesa forma parte de la red industrial de Hitachi Energy dedicada a la fabricación de equipos para redes eléctricas de alta tensión, un mercado que vive un fuerte crecimiento impulsado por la electrificación de la economía y la expansión de las energías renovables.

En ese contexto, la ampliación anunciada inicialmente por la compañía se interpretaba como una oportunidad para reforzar el papel de la fábrica dentro de la cadena de suministro internacional del grupo. La revisión a la baja de la inversión ha introducido incertidumbre sobre el desarrollo del proyecto en un momento en el que la demanda de transformadores y equipos de transmisión eléctrica se encuentra en máximos en Europa.

La fuerte expansión de las energías renovables, la electrificación industrial y la necesidad de reforzar las redes de transporte están provocando además un cuello de botella en la fabricación de transformadores de potencia, equipos esenciales para las subestaciones y las grandes infraestructuras eléctricas.

En algunos casos, los plazos de entrega de estos equipos superan ya los dos o tres años, lo que ha convertido a las fábricas especializadas en esta tecnología en piezas estratégicas dentro de la cadena de suministro energética europea.

En ese contexto, la planta de Córdoba se ha convertido en un activo industrial especialmente valioso dentro de la red global de Hitachi Energy, lo que explica también la atención con la que administraciones y sector energético siguen la evolución de este conflicto.