"Me amenazó con darme dos tiros": las agresiones a sanitarios tocan techo en Andalucía

Teresa Valle empezó a trabajar como sanitaria en Málaga en 2002. Cinco años después, estando embarazada de ocho meses, sufrió su primera agresión en las Urgencias del Hospital Civil: un paciente le lanzó un vaso de agua a la cara. "No me produjo dolor, pero me dejó pensando". En otra ocasión, un hombre que se encontraba en Observación se levantó en actitud amenazante portando unas tijeras y se vio obligada a encerrarse en el baño. Fue reducido por dos policías nacionales que se encontraban de visita. El punto de inflexión para ella llegó cuando otro usuario le dijo que si no lo atendía pronto le iba "a dar dos tiros". "Ahí decidí irme a atención primaria", cuenta Valle. Aunque la violencia volvería, esta vez, a su consulta en el centro de salud de Tiro de Pichón, donde un paciente arrojó al suelo las cosas que tenía sobre la mesa y la amenazó con quemarlo todo. El detonante fue que se había negado a prescribirle un opioide para el que necesitaba un visado.

"He llegado a ir con miedo al trabajo y a dejar de atender a alguien porque me brotaban las lágrimas. No se puede estar pensando si te van a esperar a la salida", relata Valle a El Confidencial. Aquellas experiencias le impulsaron a dar un paso más y convertirse en delegada de Prevención de Riesgos Laborales del Sindicato Médico de Málaga, convencida de que la conflictividad hacia los profesionales de la sanidad exige una mayor atención.

Los datos reflejan que este fenómeno, lejos de remitir, sigue en una fase de expansión en Andalucía: en 2025, los centros públicos de la comunidad autónoma registraron 1.976 agresiones, la cifra más alta desde que en 2005 se crease el Registro Informático de Agresiones de Centros del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Se trata de un incremento del 5,9% respecto al año anterior, con 387 casos con consecuencias físicas y 1.589 verbales. "Es algo que se ve desde que haces la residencia. Muchos compañeros hasta lo han normalizado, pero no se puede tolerar", defiende.

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La radiografía de la violencia hacia los sanitarios es nítida: se reparte casi de forma equilibrada entre hospitales y atención primaria, aunque con distinta intensidad. En el ámbito hospitalario, las agresiones físicas tienen un peso mucho mayor y rondan un tercio de los casos. En los ambulatorios, en cambio, predominan de forma abrumadora los ataques verbales: insultos, amenazas, coacciones. En cuanto al perfil de las víctimas, son principalmente mujeres (74%) y más del 80% de las veces son médicos y enfermeras, no obstante, también se reportan casos de administrativos, celadores y vigilantes. La otra mitad de la estadística corresponde a los atacantes: más del 21% de los incidentes fueron protagonizados por personas con problemas de salud mental o deterioro cognitivo, un porcentaje que asciende al 48,6% en el caso de las agresiones físicas.

La Consejería de Salud, si bien reconoce los números al alza, identifica una “contención del crecimiento” tras el salto del 19% registrado en 2024 y enmarca el pico de conflictos en “una mayor sensibilización de los profesionales” y “el impulso de la política de tolerancia cero”, lo que habría provocado que conductas negativas hacia el personal que antes eran ignoradas ahora se registren, multiplicando el cómputo por dos en un lustro.

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En este sentido, el departamento liderado por Antonio Sanz recuerda que el Plan de Prevención y Atención a las Agresiones del SAS activa "mecanismos rápidos de apoyo" para que quienes sufren un episodio, físico o verbal, reciban de inmediato asistencia psicológica y asesoramiento jurídico, y subraya que los ataques físicos o intimidaciones graves contra profesionales sanitarios en el ejercicio de su función se tipifican como delito de atentado. Además, la Consejería pone de relieve la creación, el pasado noviembre, del Observatorio de Agresiones a Profesionales Sanitarios de Andalucía, un ente que busca “analizar el fenómeno de la violencia física y verbal, su evolución y participar en los procesos de evaluación de los resultados de las políticas que se desarrollen”.

Sin embargo, las organizaciones sindicales discrepan de la lectura realizada por la Junta y le reprochan que "desatiende las carencias de fondo del sistema". En el seno de la mesa sectorial —CSIF, UGT CCOO, Sindicato Médico y Satse— el diagnóstico es común: “Ninguna de las medidas puestas en marcha hasta la fecha ha dado resultado”. Y reclaman con urgencia que este tipo de actos sean castigados con mayor contundencia a través de un procedimiento propio y específico, como ya hacen otras regiones como Castilla-La Mancha, Castilla y León, y Navarra.

"La administración sigue incumpliendo su compromiso de contar con un régimen sancionador contra agresiones, del que aún no hemos recibido ni un primer borrador", critica el presidente del sector de Sanidad de CSIF Andalucía, Victorino Girela, que señala que "igual que los responsables al frente de la Consejería cambian, esperamos que la manera de abordar este problema lo haga y se impulsen medidas reales contra esta lacra". El representante sindical también reclama que se proceda a actualizar el Plan de Prevención y Atención, "algo que no se hace desde 2020 aunque esté establecido que el plazo máximo es de dos años".

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La Consejería explica que la elaboración del régimen sancionador que reclaman los profesionales está en marcha y que se ajustará "a la condición de autoridad pública del personal sanitario", e incorporará un catálogo específico de infracciones y sanciones. Y recuerda que ya durante 2024 los letrados del SAS realizaron 197 asistencias jurídicas y obtuvieron 94 sentencias condenatorias, 34 de ellas por delito de atentado, con penas que oscilaron entre los 12 meses y los tres años de prisión.

Valle, en cambio, pone de relieve que estas cifras oficiales son solo "la punta del iceberg" de un problema mucho más amplio y denuncia que los procedimientos son "una burocracia infinita, farragosos, ceñidos a plazos" y que, con frecuencia, son "los propios trabajadores los que buscan quien los defienda". No solamente cuando son agredidos por "la carestía de vigilantes, ineficacia del botón del pánico y falta de segundas salidas de las consultas", sino en los tribunales, puesto que "las veces que los abogados del SAS se personan son anecdóticas" respecto al total de ataques.

"Uno acaba trabajando con miedo. Eso no puede ocurrir en ninguna profesión, pero menos aún en el ámbito sanitario. Cuando a un médico lo asaltan no está en condiciones de seguir atendiendo a nadie igual que si no hubiera pasado nada. Los usuarios merecen toda nuestra atención", insiste la especialista en Prevención de Riesgos Laborales, que a pesar de ver con buenos ojos el "mayor número de medidas de seguridad" implantadas reclama "mayor eficiencia". Entre esos nuevos recursos, se incluyen más de 53.700 dispositivos de distintos tipos, como 4.400 cámaras, 35.000 sistemas de aviso en consultas y 7.500 alarmas individuales.

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La última actualización de los datos, a diferencia de anteriores ocasiones, no detalla el contexto concreto en el que se produjeron las agresiones. Sí que lo hace la información facilitada por los sindicatos, donde se refleja que la mayoría están relacionadas con demandas de los pacientes, como solicitudes de cambios en tratamientos, reclamaciones de medicamentos para terceros o exigencias de atención sin cita previa. Un segundo bloque son los ataques enmarcados en el propio acto sanitario o administrativo, mientras que un tercero apunta a los desacuerdos con normas o protocolos internos de los centros.

El portavoz de la FSS-CCOO Andalucía, Daniel Gutiérrez, subraya que la creciente violencia "no puede desvincularse" de la situación que atraviesa la sanidad pública andaluza. A su juicio, la insuficiente inversión, el déficit estructural de personal y una gestión ineficaz han configurado un escenario de creciente tensión asistencial que favorece este tipo de conductas. "La falta de recursos y la sobrecarga sostenida generan un caldo de cultivo en el que las agresiones encuentran espacio para aumentar".

Gutiérrez cree que una parte de la ciudadanía percibe que la administración no está garantizando la asistencia sanitaria "ni en tiempos adecuados ni con la calidad exigible", lo que incrementa la frustración y, "en no pocas ocasiones", termina repercutiendo sobre los profesionales. Por ello, reclama "un cambio de rumbo" que combine el refuerzo de las medidas preventivas frente a las agresiones con una apuesta decidida por el sistema público: más plantillas, mayor dotación de recursos y una reducción efectiva de las demoras en atención primaria y de las listas de espera. "Solo así —concluye— será posible mejorar el servicio y asegurar entornos laborales seguros y dignos para los profesionales del SAS".