El temporal afecta a 70.000 empleos y los sindicatos piden ERTEs extraordinarios

Los sindicatos mayoritarios han trasladado al Gobierno andaluz la necesidad de activar un mecanismo extraordinario de protección laboral similar al aplicado durante la pandemia para las zonas más castigadas por el último temporal, ante el riesgo, según los grupos de trabajadores, de que decenas de miles de trabajadores pierdan actividad o ingresos en las próximas semanas. La iniciativa, que aún no se ha hecho pública oficialmente, busca evitar que los daños materiales y la paralización de campañas agrícolas se traduzcan en destrucción de empleo estructural.

Entre 60.000 y 70.000 trabajadores han visto ya interrumpida total o parcialmente su actividad directa o indirectamente por el temporal, según un documento interno elaborado por Comisiones Obreras (CCOO) y consultado por El Confidencial. El informe advierte además de un efecto dominó en la cadena agroalimentaria: la paralización de la recolección detiene de forma inmediata la actividad de centrales hortofrutícolas, almazaras y plantas de envasado, lo que extiende el impacto más allá del campo y alcanza a industria auxiliar y logística.

Tras atender las emergencias y a las familias afectadas por el temporal de las últimas dos semanas, las administraciones públicas y agentes sociales llevan días acelerando sus contactos para poner en marcha ayudas que permitan reactivar la economía en muchas comarcas donde la paralización del sector primario y de la agroindustria, junto a la rotura de infraestructuras de transporte, amenaza con una situación más compleja en un plazo inmediato.

Este mismo jueves, tras la asamblea de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y la toma de posesión de Javier González de Lara como presidente reelegido de la organización, los secretarios generales de CCOO-A, Nuria López, y UGT-A, Óscar Martín, aprovecharon la presencia del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para trasladarle informalmente su preocupación por la situación.

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, defiende que la prioridad debe ser evitar que la crisis climática se convierta en una crisis laboral. "Pedimos que se salve a las empresas, pero también a las personas trabajadoras y a sus familias para que nadie se quede atrás", afirma. "Hemos pedido al Gobierno andaluz que convoque cuanto antes una mesa para analizar la situación del empleo y de la actividad, y al Gobierno de España que articule los mecanismos necesarios", añade.

El diagnóstico sindical apunta a colectivos especialmente expuestos. Entre ellos figuran los trabajadores eventuales agrarios y los fijos discontinuos de la industria agroalimentaria, cuyos llamamientos se han suspendido de forma abrupta. En ambos casos, la interrupción de la actividad implica pérdida directa de ingresos y riesgo de vulnerabilidad inmediata en hogares que dependen de campañas estacionales.

El informe interno detalla además el alcance territorial del impacto. En el litoral de Almería y Granada se estiman entre 800 y 1.000 hectáreas de invernaderos dañadas y unas 12.000 trabajadoras del manipulado afectadas. En Huelva, donde ya hay desplegadas unas 40.000 personas en la campaña de frutos rojos, la pérdida de semanas de recolección podría derivar en rescisión anticipada de contratos temporales.

En Cádiz, entre 20 y 30 talleres de marroquinería han sufrido incidencias y unos 300-400 empleados no han podido acudir al trabajo, mientras que en la flor cortada se calculan alrededor de 500 empleos en riesgo inmediato. En la Vega del Guadalquivir, los daños en infraestructuras de riego anticipan una posible reducción de contratación del 20% en próximas campañas y pérdidas de hasta 20.000 jornales en cítricos. En Jaén y Córdoba, el temporal ha provocado pérdidas de entre el 25% y el 30% de la aceituna pendiente y se estiman unos 90.000 jornales perdidos, con riesgo de expedientes temporales en decenas de almazaras si no se restablece la actividad en los próximos días.

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EFE

Ante este escenario, las organizaciones sindicales plantean un paquete de medidas que combine protección inmediata y reactivación económica. Entre ellas figuran la reducción excepcional de peonadas mínimas para acceder al subsidio agrario, mecanismos que eviten que los trabajadores consuman prestación por desempleo durante periodos de inactividad forzosa y fórmulas de flexibilidad laboral rápidas para empresas que no puedan retomar su actividad con normalidad a corto plazo. También reclaman planes extraordinarios de empleo ligados a tareas de reconstrucción en las zonas más afectadas.

La activación de un sistema extraordinario similar al de los ERTE de la pandemia dependería en última instancia del Gobierno central, ya que las prestaciones y exoneraciones de cotizaciones dependen de la Seguridad Social. Durante aquella crisis sanitaria, la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, dirigida por Rocío Blanco, coordinó y apoyó la gestión de alrededor de 100.000 expedientes que afectaron a unos 465.500 trabajadores, además de tramitar más de 522.000 ayudas al mantenimiento del empleo, una experiencia que ahora sirve de referencia para calibrar la magnitud de un eventual dispositivo similar.

Por su parte, según han señalado desde la patronal andaluza a El Confidencial, la CEA estaría interesada en un plan de choque para mitigar los daños y pérdidas de los diferentes sectores económicos, con medidas como ERTE, deducciones fiscales y reducciones de costes sociales.

El alcance final del impacto dependerá de la rapidez con la que se restablezca la actividad en las zonas afectadas y de las medidas laborales y económicas que adopten las administraciones en las próximas semanas.