El trabajo contrarreloj de los forenses del IML de Córdoba para dar "sosiego" a las familias de Adamuz

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El Instituto de Medicina Legal de Córdoba está en el complejo judicial de la ciudad califal, una mole blanca alrededor de la cual hay, desde el lunes, un amplio cordón de seguridad que impide a curiosos y cámaras acercarse. El goteo de vehículos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado es constante desde poco después del accidente de tren de Adamuz, ya que es allí donde se practican las labores de identificación de los cuerpos de los fallecidos, un paso necesario para poder entregárselos a sus familias. De esa labor se encarga un equipo de médicos forenses reforzado por la Consejería de Justicia para poder acelerar en lo posible a los allegados de las víctimas y darles "sosiego".

Esa fue la palabra que utilizó en la tarde del martes el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, respecto a las familias que siguen esperando en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba. Es allí donde las administraciones han ubicado el centro de atención a afectados y donde se les presta ayuda psicológica por parte de profesionales de la Cruz Roja. "Deseamos que este capítulo de incertidumbre finalice", ha dicho después el dirigente autonómico, aunque es cierto que todos los portavoces que se han pronunciado desde la misma noche del domingo han recalcado de que se trata de un proceso lento.

La labor corresponde a los médicos forenses que trabajan en la ciudad de la justicia cordobesa. La plantilla habitual está formada por 16 facultativos, pero el departamento de Justicia que dirige José Antonio Nieto la reforzó con profesionales del resto de la comunidad. En total son 27 los médicos que trabajan desde el lunes en el IML, entre los que se encuentra la coordinadora de estos centros a nivel autonómico, con plaza en Huelva. Las labores que afrontan van desde el levantamiento e identificación de cadáveres a la recogida de muestras pasando por la práctica de autopsias.

Según informó a última hora del martes el Centro Integrado de Datos (CID) habilitado para atender a esta catástrofe, los forenses habían practicado ya las autopsias a los 42 fallecidos hallados en la zona del siniestro, que es donde comienza el trabajo de estos profesionales. "Es el primer escenario", apunta una forense experta en la gestión de grandes catástrofes, que explica que el primer paso es "orientar" la localización del fallecido respecto al lugar de los hechos y certificar cómo han sido encontrados.

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Esto ha permitido que el CID haya determinado ya el lugar donde aparecieron los 42 fallecidos de los que se tenía constancia hasta última hora del martes. La mayor parte, 27, estaban en el Alvia que iba de Madrid a Huelva, mientras que otros seis estaban en las vías que recorría este convoy. Seis más han aparecido dentro del Iryo de Málaga a la capital que descarriló inicialmente y tres cuerpos han aparecido entre los dos trenes.

En ese primer escenario, los forenses intentan determinar el momento del fallecimiento. "Observamos los posibles signos de la muerte para ver si son recientes o no", apunta esta fuente experta, que explica que en esa fase también numeran a las víctimas antes de su traslado al Instituto de Medicina Legal. Las instalaciones del centro cordobés tienen una cámara para 45 cuerpos para posibles catástrofes, pero la entidad dependiente de la Junta optó por incrementar su capacidad para albergar 61 cadáveres. No ha sido necesario utilizar esta ampliación y existe un cierto optimismo entre los responsables del rescate al respecto, ya que el número de fallecidos (42) se aproxima mucho al de denuncias de desapariciones (45).

La segunda fase es la identificación de los cuerpos, para lo cual los forenses toman muestras de sangre para poder cotejar el ADN. También atienden a otras señales, como tatuajes, manchas o cicatrices, que son los datos que piden antes a los familiares. En el caso del accidente de Adamuz, las primeras 25 identificaciones se han realizado gracias a las huellas dactilares, según el servicio de criminalística de la Guardia Civil. "Con las huellas es más sencillo, ya que todos estamos identificados por las huellas", cuenta la forense.

Esta experta considera que las identificaciones que realizan sus compañeros en Córdoba van a un ritmo "normal", sobre todo gracias a que han podido hacerlo con las huellas dactilares. Se trata de un proceso casi "automático", añade, ya que se puede comprobar fácilmente al introducir la huella en una base de datos ya sea in situ o al enviarlo a las centrales. Por medio del ADN es mucho más lento, ya que el examen dura en torno a un par de días.

El trabajo de los forenses culmina con la determinación de la causa de la muerte, pero después todavía es necesaria la autorización judicial para comunicarlo a las familias. Así lo explicó Antonio Sanz este martes en una comparecencia en la que afirmó que los profesionales de IML estaban acelerando su labor en la medida de lo posible. El apartado judicial corresponde al tribunal de instancia número 2 de Montoro, cuya titular es Cristina Pastor y que cuenta con 14 funcionarios tras aprobar la Junta un refuerzo de dos empleados públicos. Además, está prevista la llegada en breve de un juez de refuerzo y un letrado de la Administración de Justicia.