Los compositores de música cofrade abren el debate sobre el cobro de derechos en España

La música cofrade vive una época dorada. Cada año se estrenan composiciones que son recibidas como auténticos éxitos por un universo capillita que no deja de crecer en el sur de España. Las bandas han alcanzado una proyección social inédita, con seguidores propios que las acompañan como si fueran equipos de fútbol. Y esa popularidad ha saltado ya, incluso, al terreno del pop y de la industria cultural global.

Lo supo ver C. Tangana en 2020 con Demasiadas mujeres, donde incorporó la marcha El Amor, de la Banda del Rosario de Cádiz. La misma formación ha sonado después por medio mundo en campañas de Turismo de la Junta de Andalucía con la marcha Eternidad. No menos llamativa fue la actuación de la Banda de las Tres Caídas de Triana junto al artista Saiko ante 50.000 personas en el estadio de fútbol de Granada o en el Festival Puro Latino de 2024.

Más allá de estos episodios mediáticos, la música procesional atraviesa un momento de especial vitalidad, con bandas cada vez más preparadas y un repertorio contemporáneo que convive con las grandes marchas clásicas sin complejos. Pero ese mismo crecimiento ha puesto sobre la mesa una realidad incómoda: el sector se mueve entre la devoción y un ecosistema económico cada vez más complejo, sin reglas claras para todos sus actores.

En ese contexto nació el pasado año Musapro, la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional, impulsada por autores como Manuel Marvizón y Abel Moreno. En apenas unos meses ha reunido a 150 socios con un objetivo común: dar visibilidad y dignificar la labor del compositor de música cofrade.

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Este fin de semana, Sevilla acoge el I Encuentro Nacional de Compositores de Música Sacra Procesional, con el respaldo del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). Y lo que ha convertido la cita en foco de atención no es solo su dimensión cultural, sino el asunto que planea sobre el programa: el debate sobre el pago de derechos de autor.

Algunos compositores lamentan que cuentan con marchas consagradas desde hace años, interpretadas por decenas de bandas en toda España y el resto del mundo, por las que apenas han percibido compensación económica, salvo cuando se tocan fuera de nuestras fronteras. Y esa reivindicación ha reabierto un debate que hasta ahora se había mantenido casi siempre en voz baja.

Las bandas de música cofrades y muchas hermandades sostienen que la Semana Santa no puede tratarse como un circuito comercial. Argumentan que las procesiones no son espectáculos con ánimo de lucro, que no existe venta de entradas ni explotación económica directa de la música y que, en la mayoría de los casos, las propias bandas participan por compromiso cultural y devocional. Desde ese prisma, aplicar un modelo de derechos de autor similar al de conciertos o festivales desvirtúa, a su juicio, el sentido del hecho procesional.

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A ello suman el carácter religioso y patrimonial de la música cofrade, integrada en una tradición centenaria más cercana al rito colectivo que al mercado cultural. También subrayan la inseguridad jurídica: las procesiones discurren por la vía pública, sin recinto ni organizador único, lo que dificulta determinar quién debería asumir el pago. Bandas, hermandades, consejos de cofradías o ayuntamientos aparecen como posibles responsables en un marco aun sin definir.

Existe, además, un argumento económico: muchas bandas son asociaciones sin ánimo de lucro, con presupuestos ajustados, y temen que la imposición de pagos ponga en riesgo su viabilidad. Y, finalmente, se apela a la tradición histórica: durante décadas, los compositores han escrito para este ámbito sin reclamar retribución por cada interpretación, lo que ha generado una relación basada más en el reconocimiento simbólico que en el contrato económico. Introducir ahora un sistema de cobro, sostienen, podría empobrecer el repertorio y reducir la difusión de nuevas obras.

Frente a ello, Musapro defiende que la música procesional es creación intelectual protegida y que la tradición no puede situarla fuera del marco legal de la propiedad intelectual. Su planteamiento no parte de una confrontación con las bandas, sino del reconocimiento jurídico de la comunicación pública de las obras. Para la asociación, una procesión es un acto multitudinario, con difusión real en la calle, en retransmisiones y en grabaciones, y, por tanto, encaja en los supuestos legales que generan derechos de autor.

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Los compositores insisten en que escribir marchas no es un gesto devocional espontáneo, sino un trabajo creativo que exige formación, tiempo y oficio, y denuncian que durante años se ha normalizado que el autor sea el único eslabón del ecosistema cofrade que no percibe compensación por la explotación pública de su obra. Rechazan, además, que la tradición sea un argumento suficiente para mantener esa excepcionalidad.

Musapro admite que el sistema actual no es válido y que aplicar tarifas generales sería un error, pero propone avanzar hacia un modelo específico, proporcionado y adaptado a la realidad procesional. En ese marco se estudia incluso un pago simbólico, en torno a 300 euros por salida, más orientado a reconocer el derecho que a convertirlo en una carga económica.

Mientras tanto, el Consejo de Hermandades y Cofradías de Sevilla, al igual que en otras ciudades, evita pronunciarse sobre el asunto. Es consciente de que abrir este debate puede conducir a un escenario de consecuencias difíciles de anticipar, pero previsiblemente vinculadas a nuevos costes. Una cautela similar muestran el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía, que llevan años defendiendo el papel social y cultural de las bandas como espacios de formación musical y cohesión juvenil.

En el fondo, el conflicto no es solo económico. Es cultural. Las bandas y las hermandades temen abrir una puerta de recorrido imprevisible. Los compositores reclaman que su música deje de ser la única creación que vive al margen del sistema de derechos. Y entre ambos discursos se mueve una Semana Santa cada vez más obligada a mirarse también como industria cultural, además de como tradición religiosa.

Tarde o temprano, admiten en el propio sector, la cuestión acabará llegando a la mesa de Hacienda, como ya ocurrió con otras fiestas populares en España, incluida en Sevilla la música de las casetas en la Feria de Abril o la de Moros y Cristianos en el Levante español. Cuando eso suceda, la música cofrade dejará definitivamente de ser solo un asunto de fe, tradición y emoción para convertirse también en un debate de regulación cultural.