La familia de Sandra Peña denuncia al colegio y los profesores implicados por homicidio

La familia de Sandra Peña ha presentado este viernes una denuncia contra el colegio Irlandesas de Loreto, el centro donde estudiaba la menor que se suicidó el pasado 14 de octubre justo después de salir de clase. Los padres de la menor sevillana han mantenido recientemente reuniones con sus abogados para culminar la querella contra el colegio y que también se extiende a los profesores implicados en el caso de acoso. La intención de esta familia con este movimiento es que las Irlandesas de Loreto asuman su responsabilidad penal por una posible negligencia en la aplicación de los protocolos antisuicidio y antiacoso. La denuncia contempla los delitos de homicidio, lesiones psíquicas y trato degradante.

"Nos va a servir para que se reconozca lo que ha pasado y para que no se repita", explica en conversación con esta redacción Isaac Villar, tío de la joven que ejerce como portavoz de los progenitores. Villar admite que puede haber más suicidios de menores por acoso escolar, pero la lucha de los allegados de Sandra Peña busca que no se produzcan como consecuencia de una inacción como la que se produjo en el centro. Así lo constató inicialmente la Consejería de Desarrollo Educativo, tal y como informó pocos días después del suceso su titular, María del Carmen Castillo, aunque la investigación administrativa que está en marcha todavía está lejos de terminar.

El expediente que abrió la Junta en octubre, tras una primera intervención de la inspección educativa, quedó paralizado cuando el asunto llegó a la Fiscalía de Menores de Sevilla. El Ministerio Público partió de esa investigación de la Junta y la que realizó el Grupo de Menores (Grume) de la Policía Nacional tras la muerte de la menor. A partir de esas pesquisas investiga a tres compañeras de Sandra como responsables del posible acoso y también la responsabilidad del centro educativo, pero una vez finalice el proceso informará a la Consejería de Desarrollo Educativo.

El departamento que dirige María del Carmen Castillo podrá aplicar la máxima sanción a un colegio concertado, que consiste en la retirada del concierto, pero eso no puede derivar en consecuencias penales. Por eso la familia de la joven sevillana da el paso en la Justicia ordinaria, consciente además de que las indagaciones de la Fiscalía todavía tienen un largo recorrido por delante. Los padres de la adolescente, miembros del equipo directivo y las tres compañeras de la menor acudieron a declarar, pero todavía faltan numerosos testigos, lo que hace pensar que el proceso se extenderá incluso varios meses.

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Los progenitores de la adolescente también están a la espera de verse con Castillo, aunque la familia considera que hasta el momento el respaldo de la Administración ha sido correcto. Los padres de Sandra Peña quieren conocer en qué punto se quedó paralizada la investigación administrativa en un encuentro con la consejera que está pendiente de cerrarse. Según expresó la portavoz del Gobierno autonómico, Carolina España, es la titular de Desarrollo Educativo la que ha mantenido el contacto "permanente" con los familiares de la menor desde el pasado octubre.

"¿De qué nos vale que le pongan una sanción económica?", se pregunta Isaac Villar en conversación con esta redacción, que admite que no buscan "consuelo" con la denuncia, sino que no se vuelva a repetir. "No me puedo imaginar ir al colegio porque mi hijo tenga un problema y que no haga nada", abunda el tío de la joven sevillana, que defiende que la aplicación de los protocolos podría haber evitado el trágico suceso.

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Desarrollo Educativo constató que las Irlandesas de Loreto no aplicó el protocolo antiacoso a pesar de que la madre de Sandra Peña denunció el curso pasado que la adolescente sufría bullying e incluso aportó informes psicológicos al respecto. Después volvió a reclamar algún tipo de medida al comienzo de este curso, como la separación de clase de su hija de las tres presuntas acosadoras.

El centro concertado y religioso primero emitió un comunicado para informar del fallecimiento y luego otros dos en los que anunció un "espacio de diálogo" y la puesta en marcha de un "plan de acción" para garantizar la protección del alumnado. No obstante, según confirma el tío de Sandra Peña, las comunicaciones con la familia han sido casi nulas. Estuvieron presentes, admite el portavoz, en el tanatorio tras la muerte de la menor, pero una vez que la Junta informó de la no aplicación del protocolo "desapareció la comunicación". Villar cuenta que desde entonces sólo han recibido dos mensajes de correo electrónico, uno por motivos administrativos y otro para pedir permiso para celebrar una eucaristía en la memoria de la adolescente sevillana.

El suicidio de Sandra Peña justo tras salir de clase provocó una ola de indignación en la ciudad hispalense y en todo el país que se dejó ver en la manifestación que recorrió el centro de Sevilla poco después del suceso. En el barrio de la Carretera de Carmona de la capital andaluza aparecieron pintadas con críticas al equipo directivo e incluso la Fiscalía tuvo que actuar después de que se publicaran en redes sociales los presuntos nombres e imágenes de las acosadoras.