Vicente Fernández, el letrado con "ínfulas" y de la "total" confianza de Montero que acabó a sueldo de Cerdán

María Jesús Montero es conocida en Andalucía por su capacidad de conformar equipos, pero con Vicente Fernández Guerrero parece que no estuvo atinada. El que fuera primer presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) del mandato de Pedro Sánchez forma parte de ese grupo de dirigentes que hizo con la vicepresidenta primera el viaje de Sevilla a Madrid en 2018. Fue entonces cuando el presidente del Gobierno fichó a la hoy líder del PSOE andaluz como titular de Hacienda. Y ella se llevó a gran parte de su equipo a la capital, como fue el caso del exalto cargo detenido este miércoles por la Guardia Civil al mismo tiempo que a Leire Díez por su papel en la adjudicación de presuntos "contratos públicos bajo sospecha".

Fernández Guerrero estuvo al frente de la SEPI apenas un año y medio. Es el tiempo que pasó entre su nombramiento y su imputación dentro del caso Aznalcóllar instruido por la magistrada Mercedes Alaya y del que salió absuelto hace menos de una semana. Montero cesó a un hombre que, según fuentes socialistas, era de su "total confianza" en sus tiempos en la Junta de Andalucía, motivo que la habría llevado a nombrarlo como jefe de uno de los conglomerados más relevantes del Estado. En ello insisten desde su entorno, donde recuerdan que lleva ya seis años desvinculado de Hacienda.

En los primeros compases de su salida de la SEPI, volvió a su plaza de funcionario, ya que es letrado de la Junta desde 1999. Pero después quedó acreditado que formó parte de Servinabar, empresa a través de la cual Santos Cerdán cobraba las presuntas mordidas que lo colocan en el vértice de una trama de presunta corrupción que ha puesto al PSOE contra las cuerdas. La empresa propiedad del exsecretario de Organización del PSOE le pagó más de 100.000 euros en 2021 y 2023, pero la investigación que ha llevado a su detención por orden de la Audiencia Nacional está bajo secreto de sumario, por lo que no se sabe si tiene relación con estos hechos.

"Es un personaje pintoresco, tenía ínfulas y aspiraba a puestos de importancia", apunta una fuente socialista que lo conoce de su época como alto cargo en la Administración andaluza. Antes de escalar en el organigrama de la Junta bajo control del PSOE, logró el número uno de su promoción como letrado y estuvo al frente de los servicios jurídicos de cinco consejerías y la Agencia Tributaria de Andalucía. "Es una persona muy preparada, muy brillante", añade otro exdirigente que compartió labor con Fernández Guerrero en la Junta, precisamente cuando fue secretario general de Innovación, Industria y Energía.

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Para ese puesto lo fichó el exconsejero Antonio Ávila, que fue exculpado de la pieza política del caso de los ERE, dentro del Gobierno de José Antonio Griñán. Se mantuvo en el cargo con José Sánchez Maldonado, ya bajo el mandato de Susana Díaz. Es en esa etapa cuando se produjo la adjudicación de la explotación minera de Aznalcóllar a la empresa México-Minorbis, en la que Fernández Guerrero tenía responsabilidad política. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía lo absolvió junto a los otros 15 procesados el pasado 5 de diciembre al considerar que las acusaciones de parcialidad hacia la compañía minera eran "infundadas" tras un proceso que se ha alargado una década y que fue impulsado por Mercedes Alaya.

A pesar de la imputación, fue nombrado en 2016 Interventor General de la Junta de Andalucía, un puesto que dependía de la entonces titular de Hacienda, María Jesús Montero. Se trata de un cargo que requiere una gran solvencia técnica, un requisito con el que cuenta Fernández Guerrero según las fuentes consultadas, aunque algunas matizan que esa capacidad lo lleva a ser alguien "sobrado, que da lecciones a todo el mundo". Nacido en Málaga en 1973, ha residido la mayor parte de su vida entre Cádiz y Sevilla, según figura en el currículum que sigue colgado en la web de la SEPI.

Ese mismo escrito destaca que desde 1999 Fernández Guerrero ha desempeñado funciones y cargos públicos "referidos al asesoramiento, a la gestión y al control del gasto público", mientras que varias fuentes confirman que nunca fue militante del PSOE. El pasado 22 de julio el exalto cargo compareció ante la comisión de investigación sobre el caso Koldo del Senado, donde eludió contestar a las preguntas de los parlamentarios por su procesamiento en el caso Aznalcóllar. Allí fue cuestionado por su abultado patrimonio, que se estima en unos 10 millones de euros, y también por la extrañeza de su paso por Servinabar después de una carrera meteórica en las administraciones.

El senador del PP que lo interrogó en aquella ocasión mostró su sorpresa por la diferencia entre el salario percibido por Fernández Guerrero a lo largo de su carrera y varias propiedades de alto valor. Destaca el piso de 330 metros de la exclusiva urbanización Puerta de Hierro, en Madrid; y dos chalets en la comarca del Aljarafe sevillano, uno de 500 metros y otro con 1.000 metros y piscina. También se incluyen en su patrimonio tres viviendas en Marbella entre primera y segunda línea de playa, dos garajes y dos trasteros.

Las "manos en el fuego" de Montero

"Montero siempre elige a gente muy preparada", indica un exdirigente socialista que admite que le había perdido la pista al expresidente de la SEPI. No es el primer dolor de cabeza que sufre la vicepresidenta del Gobierno por los miembros de su equipo en un momento muy delicado, apenas a seis meses de que se abran las urnas en Andalucía, donde será la candidata del PSOE. La detención de Vicente Fernández Guerrero se produce después del señalamiento del jefe de gabinete de la sevillana, Carlos Moreno, por Víctor de Aldama.

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El comisionista señaló al asesor de la titular de Hacienda, a quien dijo haber pagado 25.000 euros a cambio de acelerar un trámite sobre una deuda de una de sus empresas con la Agencia Tributaria. Montero salió a defender a Moreno y aseguró que ponía "la mano en el fuego" por su jefe de gabinete, pero después el magistrado Leopoldo Puente desveló que aquel aplazamiento se produjo. En un auto del pasado septiembre, el juez que investiga el caso Koldo afirmó que la reunión entre Moreno y Aldama se produjo, algo que también había admitido el asesor ministerial en su declaración como testigo en la causa. En ese momento negó que hubiera percibido los 25.000 euros y que hubiera acordado el aplazamiento de la deuda, ya que limitó su papel a trasladar la petición a "un asesor".