Fotos a las bolsas y QR en contenedores: así estudia Málaga neutralizar el ‘tasazo’ de basura

¿Tasa de basura o basura de tasa? Pocas medidas tan impopulares existen como la aparición de nuevos tributos, pero el Gobierno central acordó con la ley 7/2022 llevar la normativa europea hasta las últimas consecuencias, obligando a los municipios a sufragar el 100% del coste de recogida y tratamiento de residuos. Es lo que la calle ha bautizado como tasazo, aunque en realidad se trata de una prestación patrimonial, y trae de cabeza a los ayuntamientos. En Málaga capital se encuentra ahora en fase de información pública, sin embargo, llegar hasta este punto ha supuesto un exasperante análisis de otras ordenanzas para observar sus puntos débiles y sortearlos. El temor a la litigiosidad es real. Tanto o más que el estudio de soluciones imaginativas para neutralizar sus efectos. Entre ellas se valora otorgar bonificaciones fotografiando las bolsas antes de depositarlas en contenedores con QR.

"A nuestro modo de ver la ley no está bien hecha, es excesivamente recaudatoria y ha puesto a los ayuntamientos a los pies de los caballos", señalan fuentes municipales, que aluden a la avalancha de reclamaciones y a la reformulación que se están produciendo en Madrid. Esta falta de seguridad jurídica a la hora de confeccionar la tasa obligó al Consistorio malagueño a desechar el pasado agosto, ya con trámites bastante avanzados, su idea inicial de calcularla usando el consumo de agua. En vez de eso, optó por hacerlo con un sistema que tendrá en cuenta el valor catastral y el número de personas empadronadas para repercutir los 63 millones de euros que cuesta el servicio de basura.

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Las últimas estimaciones sitúan el pago medio en 142 euros por vivienda al año, sumando el IVA. Esta cifra difiere de la anteriormente hecha pública, que no incluía ese gravamen del 10% y se quedaba en 129. La incomodidad municipal con el tema es palpable: se trata de un embrollo legal y administrativo que puede tener un alto coste social si no se ejecuta y explica bien. "Cualquier solución tiene sus aristas y complicaciones", insisten las fuentes consultadas.

La futura bajada del IBI, insuficiente para compensar

La primera opción barajada por el Ayuntamiento para amortiguar el tasazo fue reducir "todo lo posible" el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). A estas alturas, todavía no se sabe ni cuándo ni cuánto se rebajará, eso sí, todo apunta a que no será en 2026. Los técnicos necesitan los datos de recaudación de la tasa durante un ejercicio completo para decidir. Y la previsión es que no se cobre a las familias hasta mediados de ese año, y ya en 2027 a los comercios. Aunque tendría que haber entrado en vigor, como tarde, el pasado 10 de abril; un retraso que obedece a su alta complejidad técnica, pero que no conlleva ninguna sanción.

El problema es que el tipo impositivo del IBI está en un 0,451%, y el suelo legal es 0,4%, por lo que incluso en el mejor de los casos la rebaja será comedida. Según el Consistorio, el 40% de las viviendas de la ciudad poseen un valor catastral de entre 40.001 y 100.000 euros, y tienen entre uno y cuatro habitantes. En concepto de tasa de basuras pagarían de 136 a 173 euros, pero, acorde a los cálculos realizados por este periódico, solo podrían ahorrarse como máximo con la bajada del IBI entre 20 y 51 euros al año. Al margen queda la propia cuantía de este impuesto a los hogares, que oscilaría entre los 160 y los 400 euros en estos casos.

¿Premio a las buenas conductas o mayor dificultad para hacer una tarea cotidiana?

Es en este contexto donde surgen las rebajas. La idea, admiten las fuentes municipales, es que "quien menos contamine, menos pague", por lo que se está trabajando en un sistema de bonificaciones que premie las buenas conductas con hasta un 30% de descuento en la factura final. Todavía se están cerrando algunos detalles, pero todo apunta a que un 15% saldrá de emplear los dos puntos limpios, mientras que el 15% restante se obtendría del uso de una aplicación a la hora de tirar los desechos. Igualmente, las familias numerosas y las vulnerables pagarán siempre un 50% menos. En el caso de que coincidan, la rebaja acumulada puede alcanzar un 80%.

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Se estudia, por tanto, el uso del móvil para aplicar bonificaciones al usar los contenedores, a los que se les instalaría un código QR con su localización y con el que se identificaría al usuario. Una vez allí, habría que enviar fotos de las bolsas con los residuos que se vayan a depositar. Si se sigue este procedimiento de tres a cinco veces por semana de promedio, se descontará un 5%; mientras que si son más de cinco, se alcanza el tope. Tampoco se descarta el uso de cerraduras electrónicas.

Sistemas similares a estos se han implantado ya en otros municipios del país como Girona o Alicante, no sin inconvenientes y desacuerdos vecinales en algunos casos. Los motivos de crítica principales son los fallos a la hora de abrir los recipientes, ante lo que se han llegado a acumular montones de basura en sus inmediaciones, o la mayor dificultad para realizar una tarea cotidiana. También se han registrado actos vandálicos en los contenedores en señal de protesta.

Fuentes municipales aseguran ser conscientes de estas complejidades y afirman que se encuentran estudiando alternativas posibles para los sectores de población que no hacen uso del móvil. De cualquier forma, dada la falta de concreción de la ley nacional y que la ordenanza aún se encuentra en una fase temprana de tramitación, aún hay margen de maniobra para llevar a cabo modificaciones.