La UCO busca mordidas al PP de Almería en una lluvia de contratos para cementerios y parques

El caso mascarillas de la Diputación de Almería va camino de trascender los contratos de compra de material sanitario para incluir varias obras adjudicadas por la institución. La segunda fase de esta investigación del juzgado de Instrucción número 1 de Almería le ha estallado al PP andaluz con la detención del presidente del organismo provincial, Javier Aureliano García, junto con otras seis personas entre las que está su mano derecha, Francisco Giménez. Las sospechas de la titular del juzgado, María Belén López, ponen el foco en una serie de contratos de obras después de que las pesquisas ya realizadas se fijaran en la empresa Pulconal, que recibió 16 adjudicaciones de la Diputación entre 2017 y 2020.

De esta empresa era socio desde 2016 Kilian López Solé, catalán de origen almeriense y propietario de Azor Corporate SL. Esta es la compañía que proporcionó a la Diputación las mascarillas, guantes y trajes de protección que está en el origen de la investigación por la cual fue detenido y encarcelado Óscar Liria, exvicepresidente del organismo provincial. Este exdirigente popular "tuvo un papel preponderante" en la concesión de esos encargos a Pulconal por un valor de 421.805,13 euros, ya que entonces era delegado del área de Fomento del organismo controlado por el PP desde 2011.

Así figura en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregado al juzgado almeriense el pasado mes de mayo y que ha sido clave en el avance de esta investigación. El PP ha optado por suspender de militancia a los altos cargos detenidos mientras se diluciden sus responsabilidades en unas indagaciones que se han declarado secretas por parte de la jueza. Entre los posibles delitos que contempla la magistrada están los de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Para abundar en las pesquisas, la magistrada facultó a la UCO para realizar una decena de registros en domicilios particulares, en la sede de la Diputación y en sedes mercantiles de sociedades "que habrían participado en las actividades presuntamente delictivas". Existen, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), "sospechas fundadas" de que los investigados pudieron "facilitar o colaborar" en la adjudicación fraudulenta de contratos públicos para el cobro de comisiones. Para ello, los agentes de la Guardia Civil podrán acceder a las comunicaciones privada de los investigados y también a documentación de la Diputación, de las empresas implicadas y del Ayuntamiento de Fines.

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Las investigaciones de esta segunda fase son secretas, pero en las diligencias ya practicadas hay pistas que apuntan a Pulconal y a una serie de iniciativas impulsadas por la Diputación de Almería en los últimos años. Así lo demuestra la declaración como testigo de un jefe de sección del área de Fomento del organismo provincial en mayo de 2024 en la comandancia de la Guardia Civil de Almería. Los agentes le preguntaron por la empresa de la que es socio Kilian López Solé y admitió que se encontraba entre las adjudicatarias del Plan Provincial de Parques Infantiles y Biosaludables (PIBIO) y el Plan Provincial de Cementerios (PCEM) dirigido a los municipios pequeños, de alrededor de unos 1.500 habitantes.

Este testigo calificó de "escasa" su relación con Pulconal, pero admite que López Solé se puso en contacto con él como director de la "obra u obras" de las que fue director de los trabajos. Y que incluso pudo recomendar a esta empresa porque era una "sociedad con la que no tuvo problemas con las obras que habría realizado". Sí dijo desconocer la relación que había entre el administrador de la constructora y Óscar Liria, que en ese momento era su superior a nivel político como responsable del área de Fomento.

En esa misma ronda de declaraciones, los agentes de la UCO preguntan a otros tres testigos, todos trabajadores de la Diputación, por las relaciones entre Pulconal y el organismo supraprovincial. Se trata del jefe de servicio jurídico, la jefa de servicio de contratación y un arquitecto técnico jubilado y ninguno de ellos dice saber nada sobre la empresa de Kilian López Solé y los trabajos que realizó para la entidad presidida hasta este martes por José Aureliano García.

Las diligencias previas del caso mascarillas incluyen también la declaración como testigo de Cecilio Rubio, secretario general accidental de la Diputación y responsable de la firma de los contratos menores una vez que pasan por las distintas áreas y por la revisión de los técnicos durante su desempeño. Rubio figura también en el informe de la UCO del pasado mayo en las conversaciones que mantienen Óscar Liria y Fernando Giménez sobre la adquisición de mascarillas que dio origen a la investigación. En las investigaciones de la Guardia Civil hay incluso conversaciones entre Kilian López Solé y el funcionario provincial a cuenta de este contrato.

Liria y Giménez aluden a Rubio como un "escollo" para cerrar el contrato de compra de mascarillas, aunque finalmente ese "escollo" acaba solventado. Los investigadores de la UCO sospechan en su informe que quien hizo posible sortear el obstáculo fue precisamente José Aureliano García.

Las empresas pantalla

En la investigación que instruye el Juzgado 1 de Almería han aparecido otras conexiones con empresas aunque de las pesquisas practicadas de momento por la UCO se desprende que estas otras entidades funcionaban más bien a modo de pantalla para ocultar posibles comisiones o para disimular compras y prebendas.

En una trama con fuertes vinculaciones familiares, con implicación de tíos, sobrinos, hermanos e hijos, uno de los puntos que más interesa a la Guardia Civil es Fines. Su alcalde, Rodrigo Sánchez, es uno de los imputados y está emparentado con el exvicepresidente de la Diputación, Óscar Liria, también investigado

Se sospecha que la trama usó, por ejemplo, dos mercantiles, Al Miraya y Gesa, radicadas en esa localidad y relacionadas con el hijo de Sánchez y otros miembros de la misma familia. Lo mismo sucede con García Construcción Sostenible (GCS) administrada por Juan Antonio Manrique Vargas. La trama empleaba estas empresas para ocultar la circulación de dinero en metálico de origen presuntamente irregular, según se desprende del sumario al que ha tenido acceso El Confidencial.