La jueza vincula al presidente de la Diputación de Almería con contratos irregulares en obras y mascarillas

El caso Mascarillas que se investiga en el seno de la Diputación de Almería ha llegado hasta el presidente de la entidad, Javier Aureliano García. Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han detenido al jefe de la institución provincial y también del PP almeriense. En la operación también han sido detenidos el vicepresidente de la Diputación, Fernando Giménez, y el alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, que estaban siendo investigados por el caso mascarillas.

El caso lo investiga el Juzgado número 1 de Almería, encabezado por la magistrada María Belén López, que ha decidido ampliar las investigaciones iniciadas en 2021 por la presunta compra fraudulenta de material sanitario. Esta segunda fase abarca varios contratos públicos relacionados con obras públicas encargadas por la Diputación almeriense. La jueza, por medio de un auto emitido este martes, ha facultado a la UCO para realizar 10 registros de inmuebles, oficinas de organismos públicos y sedes mercantiles de sociedades que podrían haber participado en actividades ilícitas.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el escrito de la magistrada considera que hay "sospechas fundadas" de la existencia de unos hechos que podrían ser constitutivos de los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales. Los siete investigados, que pasarán a disposición judicial el jueves, podrían haber "colaborado o facilitado la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían haber sido destinatarios".

Algunas de las contrataciones investigadas podrían haberse llevado a cabo en el Ayuntamiento de Fines. El alcalde, Rodrigo Sánchez, es uno de los detenidos hoy y el tío de Óscar Liria, exvicepresidente tercero, encarcelado en 2021 en el arranque de estas indagaciones. Según el escrito de la jueza, algunos de los arrestados este martes no habrían tenido participación en la adjudicación de los contratos, pero sí "en la posterior canalización de los fondos ilegales en el tráfico legal del dinero, lo que podría ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales".

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La jueza María Belén López también ha autorizado a la UCO a acceder a las comunicaciones privadas de los investigados relacionadas con los hechos y ha reclamado documentación a la Diputación de Almería, al Ayuntamiento de Fines y a las mercantiles cuya actuación está siendo investigada. También ha ordenado "medidas de aseguramiento patrimonial de los investigados" a entidades bancarias, cajas de ahorro, cajas de seguridad y ha prohibido enajenar o vender propiedades inmuebles y vehículos a motor.

El pasado mayo la UCO remitió un informe al juzgado en el que señalaba al número dos de Javier Aureliano García por el cobro de un 10% de los contratos en la venta de mascarillas. El acuerdo con la empresa Azor Corporate Ibérica SL tenía un valor superior a los 2 millones de euros. En 2021 fue detenido y encarcelado el entonces vicepresidente tercero de la institución, Óscar Liria, y el informe elaborado por la Guardia Civil en la pasada primavera parte precisamente de conversaciones de WhatsApp entre él y Giménez.

Javier Aureliano García es el líder del PP en la provincia almeriense y fue elegido vocal de la Junta Directiva Autonómica de los populares en el congreso que celebraron hace apenas dos semanas en la capital andaluza. Su llegada a la Diputación provincial se produjo como parte de la sucesión del histórico Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar y hombre fuerte del partido en la provincia más oriental de Andalucía.

A principios del pasado mes, el PSOE solicitó al juzgado almeriense que llamase a declarar como testigo a García. Los socialistas ejercen como acusación popular y consideran que hay una "falta de concordancia" entre las declaraciones de los testigos y los investigados y el citado informe de la UCO de la pasada primavera. El partido que dirige María Jesús Montero señalaba al presidente de la Diputación como responsable de firmar el contrato público que dio origen a la investigación. El PSOE reclama que se determine si hubo indicios de delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación o fraude.

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha garantizado la "máxima colaboración" con la Justicia tras la detención de García. El arresto de su compañero ha pillado a la titular de Hacienda en una entrevista en Antena 3 en la que ha pedido que la investigación vaya "hasta el final" para que "se resuelva cuanto antes". El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha admitido después tras un acto en Sevilla que no tiene información. "Hemos llamado y no nos han cogido el teléfono", ha zanjado el barón popular.

Más tarde, el PP de Andalucía ha informado que el Comité de Derechos y Garantías del partido ha propuesto la suspensión cautelar de militancia de los tres dirigentes detenidos este martes y les ha abierto un expediente informativo. Los populares han recordado que sus tres compañeros tienen derecho a la presunción de inocencia y "esperan" que tras las indagaciones "no exista responsabilidad alguna" por parte de García, Giménez y Sánchez. Mientras tanto, el actual consejero de Agricultura y exalcalde de Almería, Ramón Fernández-Pachecho, asumirá el control del PP almeriense como secretario general.

El portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha anunciado que el partido se personará como acusación popular en la investigación en una comparecencia en la Cámara. "El PP no puede pedir explicaciones a todo el mundo y luego no darlas", ha expresado el dirigente ultra, que ha afeado a los populares que "hablen mucho de corrupción socialista" y eludan pronunciarse sobre la que afecta a su partido.